Entrevistado por el programa Sin Tacos ni Corbata de Radio U. de Santiago, el experto en transporte urbano Rodrigo Martin, sostiene que el aumento en el valor del pasaje del Transantiago que entró en vigencia ayer, responde a un esquema de cálculo del precio del servicio donde se pondera, exclusivamente, la rentabilidad económica de las empresas privadas que operan el transporte capitalino.
· “Debiera subsidiarse a los sectores más necesitados, lo que podría generar señales de equidad para ir en contra de esta medida que por lo pareja, resulta injusta”, precisó.
Este lunes se efectuó un alza de $20 en el precio del pasaje del Transantiago, lo que sigue generando diversas muestras de rechazo a la medida por parte de los usuarios. De esta manera, el costo de los buses aumentó hasta los $660, mientras que el Metro llegará hasta los $760 en horario punta. Aunque la decisión fue informada este viernes, la determinación ya había sido tomada en diciembre del año pasado, según consta en las actas de las reuniones del Panel de Expertos, instancia que calcula estos valores.
Para el experto en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Rodrigo Martin, esta alza es “natural” en un sistema concesionado de licitación operada por privados, donde lo primordial es asegurar la rentabilidad del negocio para las empresas involucradas, sin tomar en cuenta el beneficio para los usuarios. “Los avances que podríamos tener requieren una visión más cuidadosa y con una filosofía de base diferente respecto a lo que es el derecho al transporte en la ciudad”, sostuvo en conversación con el programa Sin Tacos ni Corbata de Radio U. de Santiago.
Según explica el también subdirector del “Smart City Lab Santiago” del plantel estatal, el Panel de Expertos calcula el valor del pasaje solo en base a criterios como los costos de operación –es decir, los insumos que requieren las máquinas- o los niveles de evasión que alcanza el sistema en un determinado momento, pero no en caso que los buses se ajusten a las necesidades de las personas o, incluso, si todos pueden pagarlo. “El 10% más pobre de Santiago gasta un porcentaje cercano al 20% de su ingreso familiar en transporte”, ejemplifica.
Principio de equidad
“Uno de los objetivos deseables, si nos comparamos con otros países”, continúa el especialista, “es que el decil más pobre gaste en el rango del 10% de su ingreso en transporte. Ese podría ser un objetivo de definición de precios, un valor razonable para los grupos socioeconómicos más desposeídos, pero lo estamos haciendo al revés. Estamos asegurando que el negocio de una empresa privada funcione y lo que paga la gente es una consecuencia, no un objetivo”.
Por eso, plantea que el sistema debiera considerar la intervención estatal para que la definición de precios contemple un principio de equidad, ya que no todos los grupos socioeconómicos se ven igualmente presionados frente a un mismo valor.
“Hay que avanzar hacia líneas controladas por el Estado, subsidiadas en lugares específicos. No digo que se subsidie todo el Transantiago, sino que se balancee hacia los sectores socioeconómicos más necesitados, lo que podría generar señales interesantes en términos de equidad para ir en contra de esto tan homogéneo, parejo e injusto”, propone, el experto.
Finalmente, el académico de la U. de Santiago llama a observar el caso de Brasil, país donde se discutió la posibilidad de incorporar en la Constitución el derecho a la movilidad.
“Cuando se aumenta el valor de un servicio y no se mejora nada respecto a eso, se suspende la licitación y se revierten las alternativas de mejor calidad, es súper contradictorio para la gente y va en contra de todos los esfuerzos que se han hecho hasta ahora, de reducir la evasión”, afirma.
“Esta alza es una señal muy mala y es entendible que la gente tenga un nivel de frustración”, concluye.
