Para el especialista en teoría e historia de las políticas públicas de la Universidad de Santiago, Dr. Mauricio Olavarría, los problemas que actualmente aquejan a la institución son reflejo de lo que sucede en general en el sistema público.
“El servicio civil debiera ser un organismo autónomo, de modo que no haya injerencia política. Sin duda eso contraría los intereses de los políticos y ellos no van a estar dispuestos a aceptarlo”, sostiene.
Irregularidades en jubilaciones, alzas de sueldo y usos de licencias médicas son los puntos que marcan la polémica que se ha instalado en Gendarmería y que ha significado la renuncia de su Director.
Para el experto en teoría e historia de las políticas públicas de la Universidad de Santiago, Mauricio Olavarría, la situación que se vive en la institución solo refleja lo que sucede de manera estructural en el sistema público.
“Gendarmería es una ilustración de lo que ocurre en el resto de la administración pública, donde ciertamente hay un uso político de la administración. Como decía Woodrow Wilson hace 100 años atrás, la administración es el botín de los vencedores”, sostiene.
El doctor en estudios políticos se basa en estudios de la investigadora norteamericana Barbara Geddes para establecer un diagnóstico. “Ella concluye que los grupos que obtienen el Estado lo usan para sus propios fines, para poner a simpatizantes y pagar favores políticos”, afirma.
“Los grupos que ayudaron a conseguir el poder buscan ser recompensados a través de cargos en el Estado, contratos con el Gobierno y remuneraciones que, dadas sus competencias no podrían tener. Entonces, no es infrecuente lo que ha ocurrido en Gendarmería respecto a lo que ocurre en el resto de la administración pública”, insiste.
El Dr. Olavarría enfatiza en que “esta no es una situación aislada. Tengo proyectos de investigación donde hemos analizado los procesos de modernización de la gestión pública y he entrevistado a más de 200 personas, y todos me afirman que, en general, la administración pública está cuoteada”.
“Lo mismo ocurre en otros organismos públicos. Todo el mundo sabe que tal servicio le corresponde a tal partido y tal otro, a otro, y así se pagan favores”, complementa el administrador público.
El académico de la Facultad de Humanidades apunta al sistema de Alta Dirección Pública. “Lo que tenemos es un sistema que funciona formalmente, pero claramente está digitado informalmente para nominar a las personas que provienen de los partidos políticos y de la autoridad llamada a hacer el nombramiento”.
“Tenemos un sistema de ADP que selecciona a los miembros de la coalición en el poder, y eso ocurre en toda la administración pública, no solo en Gendarmería”, subraya.
“A 2015, un concurso para el primer nivel para directivos de ADP costaba 14 millones, y para directivos del segundo nivel costaba 8 millones. Es decir, estamos invirtiendo 14 millones para una persona que va a durar, ojalá, dos años en el cargo. El sistema nos está saliendo caro y no está siendo adecuadamente utilizado. Las competencias de las personas importan poco y más la afiliación o lealtad política”, sintetiza.
Sin desmerecer que Gendarmería, en particular, requiere una revisión mayor respecto de cuáles son los requisitos y competencias de las personas para acceder a un cargo, las atribuciones de su director, el vínculo que tienen con el Ministerio de Justicia, su ley orgánica, su misión institucional y un rearme de su plan estratégico, el especialista recalca que “esto no es solo un problema de Gendarmería: el sistema de Alta Dirección Pública necesita ser mejorado”.
“El problema está en el servicio civil, en los mecanismos de acceso a la administración pública”, explica. “El servicio civil debiera ser un organismo autónomo, de modo que no haya injerencia política. Sin duda eso contraría los intereses de los políticos y ellos no van a estar dispuestos a aceptarlo, como no estuvieron dispuestos a una Alta Dirección Pública autónoma”, enfatiza.
Finalmente, el Dr. Olavarría concluye que “lo que está en cuestión es la efectividad del Estado para diseñar políticas públicas que beneficien a la ciudadanía y, particularmente, a los más pobres, que esperan un Estado efectivo que entienda su problema y que logre generar soluciones efectivas para que los recursos se usen solo en resolver las aspiraciones ciudadanas, y en no distribuir recursos aportados por todos los chilenos a través de los impuestos para premiar a los grupos afines a los políticos en el poder”.
Santiago de Chile, 15 de julio 2016
Crónica Digital / USACH.CL
