Como un grave retroceso y un nuevo intento de «dar vuelta página» ha sido calificada la decisión de la Corte Suprema de concentrar en 4 jueces los procesos por crímenes cometidos en dictadura por agentes del Estado que llevaban 18 magistrados en distintas ciudades del país. Se ha argumentado que ello contribuirá a la «agilización de las causas» pero la Corte no ha explicado cómo, ni de qué manera se beneficiarán los procesos actualmente en curso. ¿Puede alguien creer que esto sucederá? ¿es posible que los jueces avancen más y mejor en sus investigaciones con una carga mayor de causas, trabajando a distancia y viendo los procesos de Coyhaique desde Temuco, y los de Arica desde La Serena?
Junto con esta decisión, la Corte Suprema acogió recientemente el recurso de amparo de uno de los asesinos de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, otorgándole la libertad condicional, medida que se suma a otros beneficios otorgados con anterioridad, y a la campaña en esa misma dirección, orquestada por parlamentarios y representantes de la iglesia católica. En contraste con esta actitud «protectora» de la Corte respecto de estos reos, durante la dictadura los tribunales solo acogieron un recurso de amparo de los miles que se presentaron en defensa de las personas detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas.
Un reconocimiento vacío
Según consigna el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación ya es parte de la historia que durante la dictadura la Corte Suprema cedió el terreno a la acción discrecional del aparato represivo, abdicó de sus funciones jurisdiccionales y de control sobre los tribunales militares en tiempo de guerra, e hizo caso omiso de los abusos que a diario se cometían desde el Estado en contra de personas que fueron dejadas en absoluto desamparo en los centros de detención y tortura. Entonces los supremos justificaban su conducta afirmando que «el ejercicio de los derechos humanos está sujeto a las limitaciones que le imponga la autoridad, en cuanto sea indispensable para prevenir […] el orden público, el bien común y la seguridad del Estado»
En 2013, con motivo de cumplirse 40 años del golpe de Estado, los miembros de la Corte Suprema hicieron un mea culpa reconociendo «las graves acciones y omisiones» de los tribunales y «principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que les fueron denunciadas».
La declaración de los ministros de la Corte calificaba ese comportamiento de sus antecesores como «una dejación de funciones jurisdiccionales» que debía ser reconocida «para que ese comportamiento no se repita». A pesar de ello y contradiciendo sus propios dichos, el mismo alto tribunal ahora borra con el codo lo que suscribió apenas cuatro años atrás, al incurrir en el presente en nuevas acciones y omisiones que consagran la impunidad e ignoran preceptos fundamentales del derecho internacional sobre el derecho a la verdad y a la justicia, y la obligación de los distintos poderes del Estado de contribuir a ellas.
Investigaciones truncadas e inconducentes
Pero los tribunales también son cuestionados por la forma en que han llevado las investigaciones, especialmente, en los casos de personas detenidas desaparecidas. De 1.193 personas en esa condición, apenas 104 han sido encontradas e identificadas. Tampoco han sido muchos los casos en los cuales, no habiéndose encontrado los restos, sí se ha podido establecer el proceso completo de secuestro, asesinato y ocultamiento de los cuerpos, así como la responsabilidad de los victimarios. Lo anterior significa que la mayoría de los procesos han acumulado información inútil y redundante y se han cerrado sin datos nuevos y relevantes sobre el paradero de las víctimas, ni sobre las circunstancias y responsables de los asesinatos.
Las dificultades no han estado solo en la ausencia de voluntad política para investigar y en el sistema de encubrimiento existente al interior del Estado. También, las investigaciones han carecido de una estrategia global y se han centrado en casos individuales, de manera fraccionada y aislada obviando la evidencia de que, por el contrario, el terrorismo de Estado actuó de manera sistemática, golpeando a grupos organizados y no a individuos, buscando su destrucción.
Como en el pasado reciente, el agotamiento de las instancias nacionales de justicia multiplicará las demandas a los organismos e instancias internacionales, algunas de las cuales ya han demostrado una mayor eficacia, hasta el punto de haber logrado la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres y cuestionado al Estado de Chile por su incumplimiento de los compromisos y convenios internacionales en materia de verdad y justicia.
Santiago de Chile, 3 de marzo 2017
Crónica Digital / Londres38.cl
