La presidenta de la Asociación en Defensa de los Derechos de los Consumidores de la Región del Biobío (Adecon-Bío-Bío), Viviana Navarro, llamó al gobierno a “exhibir evidencia de que la ley de las sillas en autos no son un negocio”.
La dirigenta argumentó que “cuando uno compara la evidencia empírica, no hay datos estadísticos que den cuenta que las sillas de autos son más efectivas que los cinturones de seguridad”.
Viviana Navarro explicó que “EEUU a través de la Administración de Seguridad de Transportes en Carreteras Nacionales, lleva un registro desde el año 1975 de cada accidente de tránsito con resultados fatales”.
“Los datos señalan que los niños entre 2 y 6 años que sufren un choque con resultado fatal, de los que van sueltos fallece un 29.3%, los que van en un asiento infantil un 18.2%, con cinturón de caderas y hombros un 19.4%, pero la cifra baja al usar el cinturón de seguridad común (de caderas) al 16.7%”.
“Sabemos que la vida de un niño o niña no tiene precio, no ha habido explicación técnica y su publicidad ha sido muy pobre, no hubo folletos en los semáforos, alguna campaña radial o televisiva, por lo que muchas personas se van a llevar una sorpresa al momento que sean fiscalizados y les cursen una multa que puede llegar hasta los 140 mil pesos, lo que puede afectar la economía familiar, especialmente este mes que es uno de los más duros para el bolsillo”.
“Marzo, es un mes donde hay que comprar zapatos de colegio, uniformes, listas de útiles escolares, por lo que a la gran mayoría se le torna casi imposible incurrir en un gasto que va entre los 40 mil y los 100 pesos por silla y hay que considerar a las familias que tienen más de un hijo”, dijo la presidenta de la asociación de consumidores.
Asimismo dijo que “si el gobierno posee estudios de que la silla de auto es superior al cinturón de seguridad y esto no es un negocio, tiene el deber de exhibirlos”.
Agregó que «de ser así, entonces estos se deberían instalar en taxis, colectivos y transporte público en general, de lo contrario, se estarían discriminando a los niños que viajan en locomoción colectiva”.
Santiago de Chile, 17 de marzo 2017
Crónica Digital