Horas antes de su comparecencia en el Senado, Puigdemont asistirá a una sesión del parlamento catalán -dominado por los partidos separatistas-, que evaluará una respuesta al anuncio de Rajoy de intervenir la región, al amparo de ese precepto constitucional.
A petición del gobernante, el Senado de la nación debe dar luz verde el próximo viernes a unas medidas sin precedentes desde la restauración de la democracia en este país europeo, decididas bajo el paraguas del referido apartado de la carta magna, vigente desde 1978.
De ser refrendado por esa instancia legislativa, donde el oficialista Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, la aplicación del 155 conllevaría la destitución de Puigdemont y de todos sus consejeros (ministros) ante su intención de proclamar la independencia.
Los poderes solicitados por Rajoy comprenden también el control de las finanzas de esa próspera región nororiental, de su policía (los Mossos d‘Esquadra) y de los medios de comunicación públicos, así como la limitación de funciones del parlamento autonómico.
También el viernes, la cámara catalana votará la respuesta a las duras resoluciones adoptadas por el Palacio de La Moncloa (sede del gobierno español) para restaurar la legalidad frente al desafío de las autoridades autonómicas.
La asamblea legislativa regional podría debatir una declaración unilateral de independencia, en cumplimiento al resultado del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional a instancias de La Moncloa.
En esa consulta, según la Generalitat (autogobierno catalán), poco más del 90 por ciento de los casi 2,3 millones de electores (43 por ciento del padrón) votaron a favor de la proclamación de Cataluña en un Estado soberano.
Puigdemont, además, estaría sopesando convocar a elecciones anticipadas para detener la intervención de la autonomía.
Nos consta que sobre la mesa de la Generalitat está la propuesta de llamar a unos comicios autonómicos, precisó la víspera el diputado de la agrupación anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP) Carles Riera.
El representante de la CUP, que con sus 10 escaños garantiza la mayoría separatista en el parlamento regional, advirtió que un adelanto electoral ‘sería un acto de sumisión, de vasallaje’.
Tras acusar a España de tratar a Cataluña como una colonia, Riera aseguró que unas elecciones anticipadas en ese territorio de 7,5 millones de habitantes serían la herramienta más eficaz y demoledora para acabar con el proceso soberanista.
Madrid, 25 de octubre 2017
Crónica Digital /PL
