Luego de que la Corte Suprema determinara que los hechos protagonizados por carabineros de la Primera Comisaría de Rancagua en 2014 -que culminaron con la muerte de Juan Aravena- debían ser revisados por la justicia ordinaria, el Juzgado de Garantía de la capital de la Región de O’Higgins condenó a los dos funcionarios policiales a la pena remitida de 61 días de cárcel.
Los hechos ocurrieron el día 17 de febrero de 2014, la persona identificada como Juan Aravena concurrió junto a un amigo a almorzar a un restaurante de la ciudad de Rancagua. Al momento de pagar la cuenta advirtió que no tenía dinero, por lo que salió del local a conseguirlo para poder cancelar lo consumido. Transcurridos 45 minutos desde la salida de Aravena, el locatario denunció la situación a Carabineros.
De este modo, Juan Aravena fue arrestado y subido a un furgón policial, lugar donde murió tras estar ocho horas en su interior, con falta de ventilación y de oxígeno, pese a que el fiscal de turno había ordenado su libertad.
El INDH presentó en febrero de 2014 una querella criminal por tortura con resultado de muerte, al estimar que la víctima habría sufrió apremios ilegítimos y una grave violación a sus derechos al quedar por varias horas encerrado y a pleno sol al interior del vehículo de Carabineros. En la ocasión, el INDH estimó que la justicia civil debía ser la que investigara este caso. En paralelo, los Tribunales Militares comenzaron a tramitar esta causa, por lo que se generó una contienda de competencias que fue resuelta por la Corte Suprema, determinando que el caso sería revisado por la justicia ordinaria con la consecuente condena conocida.
Santiago de Chile, 7 de abril 2018
Crónica Digital
Sáb Abr 7 , 2018
El especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, sostiene que el listado de evasores, que regirá desde el 5 de junio como anunció ayer el Diario Oficial, castiga a quienes tienen dificultades económicas para pagar el servicio. Además, constituye otra señal negativa para el usuario, a la que se le suman otras medidas cuestionadas, como el aumento del pasaje efectuado en febrero y la postergación de la licitación del Transantiago. “La gente está recibiendo señales de endurecimiento del sistema sin obtener ningún beneficio a cambio, por lo que es urgente que el Gobierno tome medidas para mejorar la calidad de vida del usuario”, concluye. El jueves fue publicada en el Diario Oficial la ley que crea el denominado ‘registro de evasores’ del Transantiago, que fijó 60 días para su implementación. Es decir, la lista de pasajeros deudores comenzará a regir el 5 de junio, y para quienes ingresan a esta no se les devolverán impuestos y se les suspenderá la entrega de la licencia de conducir. Para el especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, este registro constituye una medida regresiva, ya que termina castigando a los sectores socioeconómicos con más dificultades presupuestarias para costear un pasaje de bus que alcanza los $660 pesos. Por lo tanto, considera que la medida amenaza con empeorar la percepción que tiene el usuario respecto al Transantiago, ya que se suma a las últimas acciones concretas sobre el servicio, como el aumento en $20 pesos del precio del pasaje efectuado en febrero (lo que motivó una jornada de evasión masiva en el Metro) y la postergación de la nueva licitación, lo que constituye un aplazamiento indefinido respecto a las mejoras que podría haber presentado el sistema. “Es malo decirlo, pero el escenario no es muy positivo y hace urgente que el Gobierno actúe rápido para mejorar el servicio. La expectativa de cambio aparejada a la nueva licitación y que se suspendió da la señal de que la postergación solo deja cosas malas. Espero que no suceda, pero podría haber una reacción negativa respecto al tema de la evasión”, sostiene. Para el especialista, una medida punitiva en un contexto donde los índices de evasión venían a la baja carece de sentido. Además, indica que para lograr una reducción en la materia se requiere, también, un cambio en las formas de pago y explorar alternativas para subsidiar el pasaje de los sectores más desposeídos. “Sería interesante que si Metro se hace cargo de ciertos recorridos del Transantiago, como deslizó la ministra Hutt, asumiera los lugares donde hay más rentabilidad e impacto social en el transporte y definiera precios subsidiados, de manera de ayudar a los estratos socioeconómicos con más necesidades de la ciudad”, señala. Finalmente, el especialista indica que aunque solo las personas naturales, y no las empresas, podrán acceder a esta lista, nada asegura que el mismo consultante transfiera los datos a su empresa para tomar decisiones como, por ejemplo, negar […]
