Al menos 30 mil trabajadores de Universidades, 11 mil del SENAME junto a otros miles pertenecientes a corporaciones municipales y privadas, advierten que nueva interpretación de la Dirección del Trabajo les impide negociar colectivamente por recibir fondos públicos.
La Universidad Católica del Maule es el caso emblemático por conceptos de gratuidad y proyectos, sumado a la Universidad Autónoma y un caso en IFOP que afecta a 200 nuevos trabajadores.
Iniciativa fue presentada este miércoles por los parlamentarios Diego ibáñez (MA), Gael Yeomans (IL), Camila Rojas (Comunes), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Esteban Velásquez (FRVS).
Hasta el Congreso llegaron trabajadores de Organismos Colabadores (OCAs) del Servicio Nacional de Menores (SENAME), del Consejo Nacional de Trabajadores de Universidades Chilenas (CONATUCh) y del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) para ingresar un Proyecto de Ley que modifica el Artículo 304 del Código del Trabajo, permitiéndoles negociar colectivamente con sus empleadores, sin perjuicio de que estas instituciones públicas o privadas reciban aportes del Estado.
El apoyo lo encontraron en parlamentarios y parlamentarias de Oposición vinculados al movimiento estudiantil y al mundo del trabajo, como es el caso de Diego ibáñez (MA), Gael Yeomans (IL), Camila Rojas (Comunes), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Esteban Velásquez (FRVS), quienes criticaron el cambio interpretativo que adoptó la Dirección del Trabajo bajo el mandato del Presidente Sebastián Piñera.
Dardos a la Dirección del Trabajo
“Este año, en enero, la Dirección del Trabajo, ha cambiado de criterio, adoptando una interpretación bastante conservadora, propia de este Gobierno, y que ha generado que cientos de trabajadores no puedan ejercer su derecho fundamental a negociar colectivamente, vulnerando así los principios y convenios internacionales que Chile ha ratificado”, denunció el diputado del Movimiento Autonomista, Diego Ibáñez
La diputada Yeomans también apuntó a Mauricio Peñaloza y a diversos dictámenes que “tienen que ver con la demora en el establecimiento de los servicios mínimos que afecta directamente la negociación colectiva”, haciendo un llamado al gobierno a no instrumentalizar la Dirección del Trabajo. “Si quieren ingresar un proyecto de ley en esta materia, estamos esperando, pero no pueden seguir saltándose la discusión democrática del Congreso», puntualizó.
En tanto, el vocero nacional de la CONATUCh, Osvaldo León, saludó la iniciativa, afirmando que «efectivamente el cambio de doctrina, tanto en el aspecto legal con la resolución de la Corte de Apelaciones de Talca en la negociación colectiva de la Católica del Maule, como en el dictamen que el Gobierno emitió en enero de este año, colocan en grave riesgo un derecho fundamental que es la negociación colectiva”.
Educación, niñez y pesca como principales afectados
La diputada regionalista, Alejandra Sepúlveda, explicó que la moción parlamentaria “amplía el ámbito objetivo de la negociación colectiva mediante un artículo único que suspende sus complicaciones”, yendo en directo beneficio, por ejemplo, de “ instituciones que son de educación superior, que reciben fondos del estado por concepto de gratuidad y que en muchos casos superan el aporte del 50%”.
Según León, son más de 30 mil trabajadores del ámbito de la educación que esperan “un trámite legislativo rápido, una urgencia y una celeridad del Ejecutivo para de una vez por todas terminar con este problema que nos tiene en una delicada situación laboral”.
Por su parte, el dirigente de Sintrasub SENAME, Francisco Gorziglia, indicó que “como trabajadores estamos esperanzados con este proyecto de ley, ya que representamos a 11 mil trabajadores a lo largo del país, que se ven imposibilitados a la fecha de negociar colectivamente, esto tiene que ver, en su medida, por la precariedad que existe hoy en día hacia las y los trabajadores del Sename”.
Desde el sector pesquero, Francisco Cerna de Setai IFOP, denunció que junto a 700 trabajadores han “luchado por 15 años con la venia de la Inspección del Trabajo, quien efectivamente establecía que el 50% que recibíamos de financiamiento era a título de convenios, de prestación de servicio para informes técnicos que realizaba el Instituto de Fomento Pesquero. Esta condición, reconocida históricamente por la Dirección del Trabajo, es arbitrariamente echada al suelo por el actual Director”.
De esta forma, miles de trabajadores y trabajadoras esperan un cambio definitivo al artículo 304 que garantice y recupere, en varios casos, el derecho a la negociación colectiva. “No estamos en igualdad de condiciones con los empleadores y, por lo tanto, exigimos ese derecho fundamental que ha sido negado por el gobierno actual», sentenció Cerna.
Santiago de Chile, 25 de abril 2019
Crónica Digital
