La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados discute una nueva Ley de Inteligencia, que reemplazará la Ley de la Agencia Nacional de Inteligencia de 2004. La tramitación del Proyecto se inicio el 2018, pero a fines de año pasado, después del estallido social, el gobierno de Sebastián Piñera le puso suma urgencia.
El proyecto del gobierno avanza en la militarización del orden público. Este es un objetivo de política del gobierno, que ya se ha evidenció en el “Plan Frontera Segura”, que en el periodo anterior facultó a las FF.AA. a cooperar en el control del narcotráfico y crimen organizado en las fronteras. Se añade la presentación de la ley sobre infraestructura crítica (que incluye eximir a los militares de responsabilidad penal de sus actos). En la misma línea apunta el decreto de las reglas del uso de la fuerza (RUF) en orden a permitirá los militares el uso de armas letales (sin definirlas). Incluso, el proyecto del gobierno para limitarla cooperación del Estado de Chile con la Corte Penal Internacional, lleva a reforzar la impunidad militar ante posibles violaciones a los DD.HH. producidas en su accionar interno.
Nuestro país necesita un sistema de Inteligencia de carácter estatal, no del gobierno de turno, que no dependa sólo del Presidente de la República, si no que tenga importantes niveles de controles sobre sus políticas y procedimientos tanto del Congreso como del Poder Judicial. Su Director debe contar con la aprobación del Congreso y los actos o medidas intrusivas deben ser autorizadas por los Tribunales previa fundamentación documentada. El actual proyecto debilita el rol fiscalizador del Congreso, en particular de la Comisión respectiva de la Cámara.
Un Sistema de Inteligencia debe delimitar claramente las jurisdicciones de los sistemas civil y militar, así como sus entes coordinadores con atribuciones y legitimidad. La Inteligencia de la defensa nacional, de la que se ocupan las FF.AA., tienen un ámbito muy claro de acción, que es preservar la soberanía nacional y proteger de amenazas a las propias instituciones cuestiones muy alejadas de las amenazas a la sociedad e instituciones democráticas.
Concordamos con la incorporación al sistema de inteligencia civil de nuevos organismos como el Servicio Nacional de Aduanas, Gendarmería y la Unidad de Análisis Financiero que incorpora el actual proyecto en discusión. Debería sumarse la Cancillería. Además de una referencia a la Inteligencia Estratégica, función de la ANI, la que debe ocuparse de la prospectiva de las amenazas y riesgos considerados por el país.
Proponemos eliminar la prerrogativa de los directores o jefes de los organismos de inteligencia militares que, sin necesidad de autorización judicial, dispongan de agentes encubiertos en organizaciones sospechosas de actividades criminales.
La urgencia con la que busca aprobar el actual gobierno el Proyecto conspira contra la necesidad de analizar estas y otras cuestiones detenidamente y con la más amplia consulta, involucrando a la mayor cantidad de actores de la sociedad civil, con la finalidad de legitimar democráticamente un nuevo Sistema de Inteligencia del Estado de Chile.
Felipe Agüero, Gonzalo Alvarez, Rodrigo Cárcamo, Eugenio Cruz, Mireya Dávila, José Luis Díaz, Galo Eidelstein, Carlos Gutiérrez, Luis Lobos, Sebastián Monsalve, María Inés Ruz, Augusto Varas.
GRUPO DE ANÁLISIS DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS (GADF)
Santiago de Chile, 15 de junio 2020
Crónica Digital/PL
