Grande es la emoción y extraordinario el privilegio, de ver una vez más al Pueblo de Chile de pie construyendo su historia. En digna tradición, universalmente reconocida, su poderosa energía ha cursado una vez más por un cauce democrático, que su sistema político abrió en el momento preciso. Quedan muchas batallas por delante. Se perderán varias pero se ganarán las decisivas. Nadie debe tener dudas a ese respecto. Quizás la historia distinga el 25 de octubre de 2020 como el día en que el Pueblo acabó con lo que se inició el 11 de septiembre de 1973. Junto con recoger las justas y precisas demandas del Pueblo, que coinciden con los intereses generales de Chile, es tiempo de restituirle además una adecuada reparación.
El proceso revolucionario iniciado el 18-O y la Nueva Constitución que ya constituye su mayor conquista, acabarán con los principales abusos y corregirán las grandes distorsiones, acumuladas en medio siglo de restauración oligárquica. Dicha élite, ínfima e ilegítima, los “Hijos de Pinochet” como acertadamente se los ha denominado, ha quedado desnuda y aislada en las tres comunas del “rechazo”. Fue restaurada a sangre y fuego por mano ajena, criminal, que traicionó a la Patria en complicidad con una potencia extranjera.
El Pueblo ha recuperado el sitial de respeto que le corresponde, en el centro de la vida nacional. Durante la restauración oligárquica, fue aplastado con violencia genocida por la contrarrevolución y el terror de la dictadura Pinochetista. Tras acabarla con su heroica rebelión que se extendió durante buena parte de una década, fue marginado durante otras tres en que “el dinero se adueñó de la política (Stefan Zweig)”.
En el Chile que nace, el trabajo del Pueblo será reconocido, respetado y retribuido como amerita, siendo la “naturaleza y el origen de la riqueza (Adam Smith)” de una nueva estructura económica verdaderamente moderna. Dejando atrás el rentismo de la actual, ésta se basará en el valor que el trabajo agrega a los bienes y servicios que se venden en mercados competitivos.
La Nueva Constitución renacionalizará el cobre y otros minerales, el agua, y las otras riquezas estratégicas. Recuperará su renta para el Pueblo y la Nación a quiénes pertenecen. Han sido usurpados sin pagar un peso por los “Hijos de Pinochet” y un puñado de grandes empresas rentistas extranjeras y son la base principal de su ilegítima hegemonía sobre la élite y la sociedad actual. La recuperación de dicha renta es imprescindible, porque en Chile manda quien la controla. Sin esta medida esencial, los discursos acerca de cambios de fondo en la sociedad y economía son mera palabrería.
La renacionalización de las riquezas que pertenecen a todos y el destino de parte de su renta a estimular la agregación de valor en los encadenamientos productivos previos y posteriores a su explotación, será la base del giro hacia una nueva estrategia de “desarrollo económico hacia adentro de América Latina (Jaques Chonchol)”, la única realista y posible en el mundo del siglo XXI. Por cierto respetuosa del medio ambiente, sin lo cual la vida misma no es posible.
No basta con acabar los abusos y corregir las distorsiones de la restauración oligárquica. Por las humillaciones y sufrimientos infligidos, el Pueblo de Chile amerita una adecuada reparación. Histórica, económica y política.
La Revolución Chilena, que se extendió desde mediados de los años 1960 hasta el 11 de septiembre de 1973, acabó para siempre con el régimen agrario señorial y recuperó las riquezas que pertenecen a todos, será reconocida finalmente por la moderna sociedad que dió a luz.
No será la primera vez, que una nación moderna demora medio siglo en reconocer a la madre que la parió. Ocurrió con la propia Revolución Francesa de 1789, reconocida por sus hijos sólo después que la revolución de 1830 acabó con la restauración borbónica iniciada en derrota de Waterloo (Albert Soubul).
Todos los héroes y heroínas de la Revolución Chilena, de la Rebelión Popular que acabó con la dictadura, y la revolución iniciada el 18-O que acaba de cumplir un año, serán reconocidos como merecen. Los restos de sus mártires serán trasladados al Panteón que la Patria les adeuda, donde su pueblo les tributará Honor y Gloria Eterna. En primer lugar al Presidente mártir Salvador Allende.
Todas las víctimas de la dictadura, y también de la represión al 18-O, deben ser debidamente reparadas. En primer lugar liberando de inmediato a los presos políticos del 18-O. Sus victimarios deben ser identificados y castigados ejemplarmente, en todos y cada uno de los casos. Pero asimismo, ellos y sus descendientes deberán recibir una compensación material digna.
Reparación especial merece el campesinado, que desde mediados de los años 1960 despertó de su siesta secular y se alzó masivamente a lo largo de todo Chile —rasgo que caracteriza a todas las grandes revoluciones modernas (Soubul). Ellos hicieron posible la aplicación, rápida, drástica y masiva, de la Ley de Reforma Agraria que acabó con el viejo régimen del latifundio y modernizó la sociedad chilena para siempre.
Los campesinos fueron las principales víctimas de la contrarrevolución. Tras el golpe sus dirigentes fueron “poroteados” por latifundistas en revancha y sus nombres son mayoría entre los grabados en piedra en el memorial a los cinco mil detenidos desaparecidos y ejecutados por la dictadura. La contrarrevolución se ensañó sobre decenas de miles de campesinos que fueron perseguidos, detenidos, apaleados y humillados, a lo largo de todo el país.
Los que impulsaron la Reforma Agraria no recibieron tierra alguna, al contrario, fueron expulsados de la que trabajaron por generaciones y aún de sus hogares. Las tierras de muchos de los asignatarios de la reforma agraria o que las poseían antes, han sido asimismo usurpadas por diversos medios. Dicha usurpación continúa hasta el día de hoy, y es masiva en algunas regiones.
El país debe reconocer ahora el aporte gigantesco de los campesinos a su modernización, reparar los abusos de que han sido objeto, restituir las tierras usurpadas, y proteger la propiedad campesina remanente. Como comprueban el sudeste de Asia y otras regiones del mundo, una modernidad construida no sobre la base de la expropiación del campesinado, como fue la europea, sino del respeto y protección a su propiedad de la tierra, resulta más equitativa y dinámica.
Debe acabarse de inmediato con el abuso de usurpar mes a mes los descuentos forzosos a los salarios de millones de trabajadores. Éstos son sagrados. No pueden desviarse ni por un momento de su destino íntegro y exclusivo, que es proporcionar una vida digna a los trabajadores y sus familias, incluidos sus viejos. Los salarios no pueden ser desviados a financiar el sistema educacional, ganancias de ISAPRE, ni usura bancaria. Tampoco para financiar obras públicas o gastos generales del Estado.
Menos que nada, los salarios no pueden ser desviados a financiar negocios de empresarios. Dicha práctica, inveterada durante la restauración oligárquica, es el mayor abuso contra el pueblo trabajador. Se llama super explotación y debe acabar ahora.
Acabar el ahorro forzoso y recuperar las cotizaciones previsionales, permite duplicar hoy las pensiones y generar un superávit fiscal corriente importante, mejorando las cuentas nacionales y, lo que es imprescindible para enfrentar la crisis económica en curso.
Todo lo anterior se puede lograr sin recurrir al fondo de pensiones. Dicho fondo, hoy destinado a inversiones empresariales, debe constituirse en un fondo de reparación al pueblo trabajador. El puñado de grandes empresarios y el sistema financiero que tienen en su poder el dinero allí registrado, deben devolverlo íntegramente a quiénes contribuyeron a conformarlo. Cuanto antes mejor.
Con cargo al fondo, se deben restituir íntegramente las cotizaciones aportadas forzosamente por millones de trabajadores a lo largo de cuatro décadas y apropiadas por el sistema de AFP, netas de las pensiones pagadas por dicho sistema.
Ello significa restituir a todos los jubilados por este sistema, a los que están vivos y a los descendientes de quienes han fallecido, un bono equivalente a la suma de todas las pensiones que han recibido a lo largo de todos estos años. Se reparará así el daño infligido a todos ellos por la reducción brutal de suspensiones, cuyo monto se ha rebajado a la mitad, en promedio. Mucho más en el caso de las mujeres y otros grupos discriminados.
A los trabajadores activos se deben restituir asimismo las cotizaciones íntegras que han aportado al sistema de AFP, no sólo el descuento de 10% a sus salarios registrado como aportes en sus cuentas individuales. Con una ganancia interesante.
Finalmente, el fisco debe recuperar los subsidios directos aportados al pago de pensiones AFP a lo largo de cuatro décadas, lo que equivale aproximadamente a borrar la deuda que ha contraído con el fondo de pensiones.
La restitución del fondo AFP a quienes han contribuido a formarlo, ha empezado con la devolución del 10 por ciento en agosto recién pasado, ordenada por el Parlamento. En ese mes, por primera vez desde que se creó el sistema en 1981, los afiliados retiraron más dinero del que, junto con el fisco, contribuyeron al mismo, una vez descontadas las pensiones pagadas por este. Dicha devolución puntual fue la medida redistributiva y reactivadora de la economía más importante que se tenga registro.
Parece oportuno desde todo punto de vista, que el Parlamento apruebe un segundo retiro, ojalá antes de que termine este año inolvidable. Ello ayudará mucho a enfrentar la triple crisis nacional, sanitaria, económica y política que enfrenta el país.
Se abonará a la reparación que el pueblo de Chile amerita.
Por Manuel Riesco
Santiago de Chile, 28 de octubre 2020
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