Por Marcel Garcés Muñoz
Todo Chile fue testigo este mediodía del viernes 5 de febrero, del alevoso asesinato del joven malabarista, Francisco Martínez Romero, en pleno centro de la localidad sureña de Panguipulli, a manos del suboficial de Carabineros, Juan Guillermo González, que le disparó seis tiros de su arma de servicio, en presencia de decenas de transeúntes y la indiferencia- o complicidad- de otros dos policías- (un hombre y una mujer que prefirió ocultarse en una tienda cercana), que le acompañaban, pero que en definitiva prefirieron abstenerse en participar de la acción criminal de su colega.
El baleo fue perpetrado alrededor de las 15.30 horas, que el país vio prácticamente en vivo y en directo a través de la TV, y fue justificado rápidamente por el jefe de operaciones de la Décima Zona de carabineros, con sede en Valdivia, Teniente Coronel Boris Alegría Michellod, asegurando que el suboficial habría actuando “en legítima defensa”, en “resguardo de su propia integridad y su vida”, tratando de establecer en declaraciones a la prensa una coartada al hecho criminal, y una justificación cómplice a la acción.
Según esa versión el hecho habría sido parte de un “procedimiento” policial de “control de identidad” y que el “individuo”, se habría abalanzado contra el personal policial (tres uniformados) blandiendo “armas blancas”.
Dijo el teniente coronel Alegría, que Martínez Romero “portaba algún tipo de arma blanca semejante a un machete”.
El resultado: seis balazos contra el malabarista, que murió acribillado en el lugar, en medio del estupor, indignación y repudio de los testigos.
Las “armas blancas”, el machete, resultaron ser “armas” de utilería utilizada por el malabarista en sus espectáculos callejero para impresionar a niños y espectadores deseosos de diversión. El individuo en cuestión, víctima mortal del desatino de un policía, hacía cuatro años que residía en Panguipulli, y la propia Municipalidad, según indicó su Acalde, Rodrigo Valdivia, lo tenía registrado para apoyarlo con ayuda social.
Los vecinos de la localidad, declararon también conocerlo, y destacaron su carácter servicial, sobre todo con las ancianas y mujeres a las que ayudaba a trasladar sus bolsas de compras y su trato respetuoso y afable.
Entonces no era un sujeto ajeno a la comunidad, desconocido, sospechoso: Todo lo contrario era parte del paisaje urbano. Y querido.
Incluso, si bien el control de identidad puede ser una facultad legal de Carabineros, habría que ser muy ingenuo para pensar que un suboficial de Carabineros desconociera su presencia, su identidad y su actividad. Y justificar con ello un proceder absurdo y criminal.
Con toda razón, el presidente del Instituto Nacional de derechos Humanos, Sergio Micco , cuestionó el procedimiento policial, apuntando que “el tema más complejo es el uso del arma sin respetar el principio de la proporcionalidad”. Es decir seis balazos al cuerpo contra armas de utilería teatral. Además, agregó, de que “hay un procedimiento muy mal ejecutado de control de identidad”.
Obviamente no se trata de un hecho aislado. O un mero desatino circunstancial de un policía descontrolado.
La ejecución sumaria de manifestantes, de opositores, de críticos del Gobierno, del modelo de las injusticias, de la situación de miseria, de violencia, pareciera ser una estrategia y una práctica que amenaza con imponerse en la escena política y social reproduciendo en un escenario de una aparente “normalidad democrática” una confrontación, una “guerra interna”, marcada por la definición de “amigos-enemigos”, subversivos, violentos, y los compinches, cómplices, o subordinados, propio de la negra época de la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Y cuando se habla de cambiar los protocolos, refundar a las policías, a los aparatos militares, represivos del Estado, de lo que se trata es precisamente, eliminar la práctica del gatillo fácil de manos de policías embrutecidos en una prédica doctrinal del odio al “enemigo”.
Por ello, la ”refundación” de Carabineros, tiene que ver con extirpar este concepto de dividir al país, a los ciudadanos, a los chilenos, en “amigos o enemigos”, que el presidente Sebastián Piñera reinstala cada vez que no es capaz de enfrentar o resolver las contradicciones entre su proyecto hegemónico neoliberal y las demandas democráticas de los ciudadanos.
Y ello es una materia ineludible de la agenda de la Convención Constitucional y del texto de la nueva Constitución que Chile espera de su deliberación.
Por eso este episodio dramático y deleznable de Panguipulli, que es más que el descontrol de un suboficial, lo que deja en evidencia es la responsabilidad política de quienes han convertido a Carabineros en instrumento de su proyecto político de dominación social, un aparato para reprimir las demandas democráticas y sociales de una mayoría ciudadana.
No ha faltado ocasión para que la Derecha, ahora parapetada en La Moneda, adule a las Fuerzas Armadas y especialmente a Carabineros, y pretenda que ellos serían la defensa de la institucionalidad, y su “orden social”. Y busque la manera de comprometerlos en su confrontación con la oposición política y contra el rechazo ciudadano.
Episodios vergonzantes como la “Operación Huracán”, el asesinato de Catrillanca, la agresión y lanzamiento de un joven al rio Mapocho en el Puente Pio Nono,la reciente y torpe “operación” contra el narcotráfico en Temucuicui, y la brutal y vergonzosa agresión contra la pequeña hija de éste, la militarización del WallMapu, el espionaje y represión contra los lideres mapuche y la vigilancia contra los líderes políticos y sociales de la oposición, son parte de una estrategia única, permanente, planificada desde La Moneda.
No importa que sus acusaciones resulten falsas, que sus invocaciones a la democracia y a la unidad nacional no sean creíbles. No le falta habilidad retórica al Presidente. Pero lo que sucede es que la opinión pública nacional, los ciudadanos, la calle, no le creen. Y la desesperación es mala consejera.
Y por ello han intentado desviar la atención del hecho criminal sustancial, el asesinato de Francisco Martínez Romero, con el incendio del edificio municipal de Panguipulli, que la ciudadanía desató, en una reacción que correspondió a un estado de ánimo indignado en respuesta al crimen, a las maniobras cómplices y dilatorias de las autoridades civiles y policiales regionales y al silencio y la demora del Gobierno central en reconocer el crimen y adoptar las medidas correspondientes.
Sin duda las manifestaciones de repudio a la brutalidad represiva policial y la exigencia de justicia y castigo a los culpables no van a cesar.
Con razón el alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia acusó a Carabineros de parapetarse en su cuartel y dejar sin protección el edificio municipal, además de criticar su accionar tanto en la muerte del joven malabarista como en los incidentes posteriores:
“Esto es responsabilidad absoluta de Carabineros. Son los responsables, a nosotros nos incendian la Municipalidad, que representa al Estado, al sistema, pero el tema en cuestión era un procedimiento de Carabineros Por eso estoy tan sentido con ellos, porque lo primero que hacen es resguardar la comisaría y les dio lo mismo lo que pasó en la Municipalidad”, concluyó el edil.
Por Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 8 de febrero 2021
Crónica Digital
