*Odalys Troya Flores
El 2021 en Colombia estuvo signado por importantes acontecimientos como el mayor estallido de los últimos 70 años, la conmemoración del quinto aniversario del Acuerdo de Paz y la antesala de las venideras elecciones.
El 28 de abril, convocados por el Comité Nacional del Paro, miles de ciudadanos salieron a la calle para protestar contra un paquete neoliberal impulsado por el gobierno de Iván Duque, en medio de la pandemia de la Covid-19.
Esta ola histórica de movilizaciones se extendió por toda Colombia y las demandas crecieron en la medida en que los más diversos sectores se sumaron al paro.
Derogar una propuesta de reforma tributaria que aumentaría impuestos y afectaría a los estratos sociales más bajos; matrícula cero para los jóvenes que desearan entrar en universidades; cese de la violencia; reforma policial; desmontaje del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), y cumplimiento integral del Acuerdo de Paz fueron algunas de las demandas en el paro.
Luego de casi tres meses de incesantes manifestaciones pacíficas, la represión ejercida por la fuerza pública ocasionó muertes, heridos, torturados, desaparecidos, lesiones oculares, sobre todo a jóvenes, así como vejaciones sexuales, de acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto locales como internacionales.
INFORME DE LA ONU
Un reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre la violencia policial contra manifestantes durante el paro nacional, señaló que del 28 de abril al 31 de julio de este año recibió denuncias sobre 63 personas muertas durante ese período de Paro Nacional.
El 76 por ciento de las muertes se debieron a heridas de bala y hasta el momento la Oficina de Naciones Unidas verificó 46, de ellas 44 civiles y dos policías.
Según la investigación, al menos 28 de las muertes fueron obra de agentes policiales y 10 de ellas serían responsabilidad de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional.
Otras 10 personas habrían sido víctimas de actores no estatales y hasta el momento, por falta de datos, no se ha podido establecer quién habría ultimado a ocho manifestantes más.
El estudio da cuenta que el aparato represor utilizó la fuerza de manera innecesaria o desproporcionada para dispersar las manifestaciones pacíficas y los bloqueos.
Además, hubo individuos armados que atacaron a los manifestantes, a veces con armas de fuego, con la pasividad de las fuerzas de seguridad.
Acota que a las muertes documentadas se suman reportes de 60 casos de violencia sexual presuntamente a manos de policías. Hasta el momento, la ONU ha verificado 16.
El informe advierte sobre la criminalización y estigmatización de los manifestantes, a menudo a través de los medios de comunicación, a quienes relacionan con actos vandálicos o de terrorismo.
Manifiesta su preocupación por las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas que documentaron los acontecimientos.
Insiste en que la gran mayoría de las protestas fueron pacíficas y resalta la disminución de las tensiones cuando hubo diálogo entre las autoridades y los participantes.
La ONU instó al gobierno de Colombia a cambiar su manera de lidiar con las protestas de la población para evitar más muertes y lesiones de quienes ejercen su libertad de expresión, participación y asamblea.
LOGROS DEL PARO NACIONAL
De acuerdo con el senador del Movimiento Alternativo Indígena y Social Feliciano Valencia, en 47 días el paro nacional logró frenar las reformas tributaria y de Salud, así como la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, de la canciller Claudia Blum y del comandante de la Policía de Cali, Juan Carlos Rodríguez.
Asimismo, permitió impedir la compra de 24 aviones de guerra por una multimillonaria suma y acabar con las alocuciones diarias del programa Prevención y Acción, en el cual el presidente del país, Iván Duque, aparecía para tratar temas relacionados con la Covid-19.
Valencia añadió que se obtuvo la matrícula gratuita del segundo semestre de este año para los estudiantes de educación superior pública de los estratos más bajos.
Posicionó también la necesidad de una reforma estructural en la Policía Nacional, visibilizar a la juventud, la Primera Línea y la Minga indígena como actores revolucionarios, aseguró el político.
De igual forma permitió fomentar la participación ciudadana (asambleas y cabildos abiertos), visibilizar ante el mundo la crisis política y social que vive Colombia con el gobierno de Duque, priorizar la vida y la paz por encima del fútbol.
En su balance señaló también que las movilizaciones lograron resignificar la memoria histórica del país y que gran parte de Colombia se declarara contraria a las doctrinas impulsadas por el expresidente Álvaro Uribe, fundador del partido oficialista Centro Democrático.
Por último, posibilitó sacar a la luz la masiva y sistemática violación a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública y la exigencia para desmantelar el Esmad.
QUINTO ANIVERSARIO DEL ACUERDO DE PAZ
La ratificación del apoyo a la paz en Colombia por parte de la ONU, la Unión Europa y países garantes del proceso que puso fin al conflicto armado trascendió en el contexto del quinto aniversario del Acuerdo de Paz.
Con la presencia del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se realizaron actos conmemorativos por la firma del Acuerdo entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y el gobierno de Juan Manuel Santos, en representación del Estado.
Guterres, aunque llamó a implementar de manera integral el Acuerdo que logró terminar con el conflicto armado más antiguo de Latinoamérica, reconoció algunos avances de este proceso.
Entre ellos mencionó los logros de la justicia transicional que ha permitido a las víctimas conocer la verdad y perdonar para que no haya repetición de los hechos dolorosos de la guerra.
Si bien aún faltan muchos responsables de todas las partes para presentar sus testimonios, y sobre todo la reparación, destacó el sistema de justicia creado como parte del Acuerdo, como uno de los más importantes logros de este proceso cuyas pláticas y negociaciones tuvieron lugar en La Habana, Cuba.
Otro de los avances, dijo, es la reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil, muchos de los cuales impulsan proyectos productivos para el sostenimiento propio y de su familia.
Sin embargo, algunas de las falencias del Acuerdo de Paz son la ausencia de una reforma agraria integral, de entrega de tierras y sustitución de los cultivos considerados ilícitos.
Entre los aspectos negativos, mencionó también el asesinato de unos 300 exguerrilleros que dejaron las armas con el compromiso del respeto a su vida.
También suman más de mil los crímenes contra los líderes sociales, ambientales e indígenas por parte de estructuras criminales que copan los territorios donde habitan los reincorporados, los campesinos y las comunidades originarias, dijo.
En este escenario, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el 2021 fue el año con mayor número de víctimas de desplazamientos forzados en Colombia desde la firma del pacto.
Datos del Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento de Codhes de enero a noviembre fueron desplazadas 82 mil 846 personas, un aumento del 169 por ciento respecto al 2020.
Asimismo, en 2021 ocurrieron 167 eventos de desplazamientos masivos y detalló que siete de cada 10 personas expulsadas tienen pertenencia étnica, es decir, 37 mil 664 afrodescendientes fueron desterrados a la fuerza, así como 18 mil 979 indígenas.
En el acto central conmemorativo por la firma del Acuerdo, celebrado en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, los países garantes del proceso, Cuba y Noruega, manifestaron por medios de videograbaciones su total compromiso con la paz en el país.
«El Acuerdo de Paz es un hecho de gran trascendencia que fue recibido con mucho regocijo tanto en Colombia como en la comunidad internacional, particularmente en América Latina y el Caribe, por su impacto en la disminución de la violencia», expresó el presidente de Cuba, Miguel Díaz- Canel.
Exhortó al cumplimiento integral de lo pactado para garantizar la vida de los exguerrilleros, líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
Por su parte, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, señaló que el número de excombatientes firmantes del Acuerdo asesinados en estos cinco años es alarmante y la situación de defensores de derechos humanos y la situación de líderes y lideresas de las comunidades indígenas y afrocolombianas también es motivo de preocupación.
«Todos debemos trabajar aún más fuerte para abordar las causas profundas del conflicto. Queridos amigos, como país garante, Noruega agradece la confianza depositada en nosotros», aseguró.
ANTE ELECCIONES LEGISLATIVAS Y PRESIDENCIALES
Los comicios legislativos serán el 13 de marzo de 2022 para escoger a 100 senadores, 166 representantes a la cámara y 16 representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.
En tanto, el 29 de mayo se elegirá al presidente y vicepresidente del país para el periodo 2022-2026.
La fórmula ganadora deberá obtener la mitad más uno del total de votos válidos, de lo contrario se realizará el 19 de junio de 2022 una segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor votación y quien obtenga obtenga la victoria gobernará por un único periodo de cuatro años.
Por el momento, Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, coalición pluralista y de izquierda, marcha como favorito, pese a la campaña de descrédito de los precandidatos presidenciales del sector derechista.
Las distintas fuerzas políticas inscribieron sus listas para Senado y Cámara de Representantes, que competirán el 13 de marzo, cuando también serán seleccionados los 16 representantes por los llamados curules de paz.
Sin dudas, estos acontecimientos históricos marcan el camino hacia ese proceso que definirá el futuro del país en un contexto regional donde el progresismo vuelve a trazar la senda de cambios en Latinoamérica.
*Corresponsal de Prensa Latina en Colombia
Bogotá, 28 de diciembre 2021
Crónica Digital/PL
