Ante la situación crítica que viven zonas del norte de Chile, el parlamentario de Convergencia Social, Diego Ibáñez, elaboró un oficio de fiscalización exigiéndole al gobierno, y en específico al ministerio del Interior, que informe las políticas implementadas para hacerse cargo de la situación.
“La situación migratoria que entregará el gobierno saliente es crítica y creemos necesaria la entrega de información y explicaciones sobre todo entendiendo el desafío que le tocará enfrentar al próximo gobierno en esta materia. La incapacidad del gobierno de Sebastián Piñera deja un país con demasiadas heridas”, dijo Ibáñez.
Entre las informaciones solicitadas se encuentran la cantidad de personas migrantes en calidad de refugiadas, detalles sobre el inicio de enrolamiento o empadronamiento de migrantes en situación irregular que permita distinguir las personas en condición de vulnerabilidad (como los niños, niñas y adolescente y las víctimas de trata de personas) y la posibilidad de implementar una mesa de trabajo sobre la materia con todas las autoridades involucradas territorialmente y a nivel intersectorial, entre otras informaciones.
A propósito de la solicitud de diputados oficialistas de decretar Estado de Excepción en la zona, el diputado declaró que “vemos con escepticismo esa posibilidad. Los resultados que ha tenido en Wallmapu no han tendido a calmar la crisis que se vive allá y creemos que la presencia militar puede aumentar los índices de violencia que ya se encuentran exacerbados”, concluyó el diputado.
Santiago de 27 de enero 2022
Crónica Digital
Jue Ene 27 , 2022
Por Manuel Riesco La Comisión de Minería del Senado ha dado luz verde al proyecto de royalty aprobado por la Cámara de Diputados, que ahora pasa a la Comisión de Hacienda. El acuerdo alcanzado a instancias del lobby minero reduce a un ridículo 1% el royalty aprobado por la Cámara. Sólo lo eleva, a 2% y 3% dependiendo del precio, para cuatro mineras privadas que producen la mitad del total nacional. Elevando arbitrariamente la definición de gran minería de 75 mil toneladas hoy a 200 mil, exime del alza a 13 grandes mineras que en conjunto producen 1,3 millones de toneladas, un 28 por ciento del total, incluyendo varias filiales de las mayores. Adicionalmente modifica el actual impuesto específico a las utilidades, sin que nada garantice que se continúe con la descarada elusión de que ha sido objeto. Son migajas que el lobby minero pretende aprobar entre gallos y medianoche en busca de extender la invariabilidad tributaria que vence próximamente. Debe ser rechazado tajantemente por el Congreso por un asunto de mínima dignidad. El acuerdo referido no considera que el país ya no tolera la apropiación privada de bienes públicos y una de las grandes demandas explícitas del 18-O es la recuperación de los recursos naturales, según expresión de la Senadora Fabiola Campillai. Tampoco toma en cuenta que la Convención Constitucional discutirá próximamente la renacionalización del cobre y los bienes públicos estratégicos, reservando al Estado no sólo su propiedad sino también su manejo y cuidado. Así lo estima una amplia mayoría de los convencionales y así lo piden una veintena de iniciativas populares de norma que en conjunto han reunido ya decenas de miles de firmas. Entre éstas destacan la iniciativa Nº5.602 presentada por el Comité de Defensa del Cobre, que ha sobrepasado largamente las 15 mil firmas necesarias y propone la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, litio y oro. Es complementada por la iniciativa Nº15.150, presentada por la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores del Cobre, CTC, respaldada por varios miles de firmas ciudadanas, que traslada al más alto nivel de la Nueva Constitución el histórico párrafo de la nacionalización del Presidente Allende, mantenido en la actual, la que hace extensiva a los bienes públicos estratégicos, reservando su explotación en exclusiva al Estado y modificando el derecho de propiedad para hacer posible su recuperación (Gajardo 2021). Al renacionalizar el cobre y los bienes públicos estratégicos, la Nueva Constitución incorporará de modo íntegro y sin cambio alguno, el artículo 24 inciso sexto de la actual, que reproduce palabra por palabra la histórica reforma introducida por el Presidente Salvador Allende y aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional, que estableció la Nacionalización del Cobre el 11 de julio del año 1971 y se adecuará en forma íntegra y coherente a dicha disposición, que establece el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, e imprescriptible del Estado sobre los minerales de Chile, haciéndola extensiva a los bienes públicos estratégicos como el litio, agua, entre otros. Al renacionalizar el cobre y […]
