España está hoy ante la dicotomía de un adelanto electoral o la eventual aprobación de una controvertida ley de amnistía, un tema que gravita más que nunca en la política
La situación salió a relucir cuando el pasado martes tuvo lugar el naufragio en el Congreso de Diputados de la propuesta de ley, que había sido consensuada pero a última hora los independentistas de Junts por Cataluña tumbaron.
Son siete diputados de esa formación que ayudó en su momento a la investidura del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque su línea de derecha y exigencias de borrar todo el pasado de rebeldía por la separación de Cataluña de España en 2017, empantanaron la legislación.
La víspera, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, consideró que “cuando transcurre tiempo y hay una voluntad clara de diálogo por ambas partes, siempre hay condiciones para poder seguir incorporando cuestiones que, como siempre dijimos, tenían que ver con mejoras técnicas».
La vicepresidenta subrayó que el documento legal votado en la Cámara Baja la víspera fue pactado hasta en cuatro ocasiones, y supondría que al final Junts acabe respaldándolo, al contar con el apoyo del resto de socios de investidura,
Sin embargo, Junts, que encabeza Carles Puigdemont, prófugo de la justicia instalado como eurodiputado en Bélgica desde 2017, reiteró que mantendrá sus exigencias o de lo contrario, no saldría la ley de amnistía.
El texto no pasó el tamiz del Congreso de Diputados y al Ejecutivo, muy tocado con el asunto, no le queda otra que negociar nuevamente en la Comisión de Justicia.
La Cámara Baja informó que la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la normalización en Cataluña, con 171 votos a favor y 179 en contra, no logró la mayoría absoluta requerida (176 sufragios positivos), por lo cual tendrá un mes para volver a ser presentada.
El propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, uno de los principales negociadores, reconoció que es incomprensible la postura de Junts, alineada con la derecha y la ultraderecha.
Una situación que aprovechan el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox, que desde hace meses lanzaron consignas como la posibilidad de una “España rota”, y de medidas que asemejarían a la administración de Sánchez con una dictadura.
Más allá, el escenario de una nueva convocatoria a elecciones generales, a partir de mayo próximo, no es descabellado. Si la coalición en el Palacio de la Moncloa pierde el respaldo de Junts, difícilmente pueda sortear escollos para sacar leyes y presupuestos en el Parlamento español.
Madrid, 1 de febrero 2024
Crónica Digital/PL
