Carta abierta a la militancia del Partido Comunista de Chile

Camaradas
Dirigentes y militantes
Partido Comunista de Chile

Los abajo firmantes se dirigen fraternalmente a Uds. en forma pública para someter a su consideración una propuesta que estiman absolutamente necesaria de ser presentada al gobierno del Presidente Gabriel Boric, del cual el Partido participa en forma destacada.

Se propone un giro en la estrategia política que ha llevado al gobierno a insistir en su intento de buscar mayorías en el Congreso para aprobar proyectos de ley que, habiendo sido presentados hace ya más de dos años, no han logrado aprobarse.

La nueva estrategia gubernamental debe basarse en utilizar al máximo las atribuciones legales del Ejecutivo para enfrentar los mayores abusos y distorsiones que se arrastran desde el 11 de septiembre de 1973, y retomar el camino de las reformas que el país necesita con la más amplia participación del pueblo movilizado. Ese es el único camino para abrir un cauce democrático y progresista de solución a la crisis política nacional en pleno curso y por todos reconocida.

Consideramos que en esta propuesta deben incluirse como puntos fundamentales los siguientes:

Proceder al retiro inmediato de los proyectos de ley de reforma previsional y tributaria presentados al Parlamento, trasladando directamente a la ciudadanía la decisión respecto de ambas materias, medida similar a la exigida por la CUT.
En reemplazo de ambos proyectos, presentar al Parlamento una ley cuya idea central sea autorizar el traslado voluntario al Instituto de Previsión Social, IPS, de todas personas actualmente afiliadas al sistema AFP, activas y jubiladas, en línea con la propuesta respectiva, formulada por el Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el vocero de NO+AFP, Luis Mesina, y el vicepresidente de CENDA, Manuel Riesco, cuyos beneficios para las personas afiliadas, activas y jubiladas, son definitivos y aseguran su traslado masivo, presionando al Parlamento por su aprobación.
La eliminación del sistema AFP así lograda aumenta de modo significativo los ingresos fiscales netos tras mejorar las pensiones, en una cifra superior a la reforma tributaria presentada originalmente por el gobierno y rechazada por el Parlamento. Adicionalmente, anula la mayor parte de la deuda total del Estado, la que ha sido contraída con el sistema AFP para cubrir los enormes subsidios que han financiado dos tercios de las pensiones pagadas por este. Corrige asimismo la principal y más regresiva distorsión del régimen tributario, que consiste en la “atípica transferencia forzosa al sector privado”, como la califica un reciente informe de la OCDE, de parte significativa de los salarios. Se acaba de este modo con el segundo mayor abuso heredado de la dictadura, que ninguno de los gobiernos posteriores, incluido el actual, ha intentado siquiera terminar.
Utilizar a fondo las atribuciones del ejecutivo para condonar ahora todas las deudas del Crédito con Aval del Estado, CAE y reconocer como crédito de futuros impuestos los pagos ya efectuados, redirigiendo a gratuidad los recursos presupuestarios respectivos a partir de 2025. Ello beneficia directamente a millones de personas afectadas por esta política fracasada y abusiva, permite ampliar la gratuidad de modo de cubrir hasta el noveno decil de ingresos, y no representa un desembolso adicional significativo sino más bien el castigo de supuestas acreencias que además de regresivas son incobrables.
En materia de vivienda, asignar los recursos públicos que sean necesarios para reducir rápida y drásticamente el déficit habitacional, ofreciendo a todas las personas que actualmente pertenecen a comités de vivienda la seguridad de un pronto acceso a las mismas. El gobierno debe cumplir con lo prometido por el Presidente Boric cuando declaró que “no habrá desalojos sin solución habitacional para las familias que se encuentren en tomas de terrenos y estén constituidas en un campamento”. Respecto al reciente incendio en la Región de Valparaíso, hacer uso de la Ley de Sismos y Catástrofes, necesaria para poder atender las demandas de todas las familias afectadas.
En materia de salud, utilizar a fondo las atribuciones de FONASA para ofrecer un plan que permita el traslado al seguro estatal de todas las personas actualmente afiliadas a ISAPRE, manteniendo el mismo precio, los mismos prestadores y los mismos beneficios.
Utilizar a fondo las atribuciones del Ejecutivo para poner coto al mayor de todos los abusos y la mayor de todas las distorsiones heredadas de la dictadura y, mantenidas e incrementadas durante gobiernos posteriores: la entrega a título gratuito de la mayor parte de las riquezas del subsuelo, la tierra y el mar, a un puñado de rentistas privados que las explotan y venden en su mayor parte con poco y nada de valor agregado en el país.
Respecto del cobre, establecer de inmediato una política similar a la que ha impuesto Indonesia, que en el año 2014 prohibió la exportación de concentrados de cobre a partir del año 2020, lo cual forzó a todas las mineras a invertir en una moderna industria de refinación limpia. El éxito de dicha política llevó a Indonesia a ampliarla recientemente al manganeso y níquel. Por otra parte, proponemos al gobierno revisar la absurda política de regalías de la ley de royalty recién acordada en el Parlamento, que al fijar un tope a la tributación total de las mineras, en la práctica reduce el porcentaje de regalía a medida que sube el precio del metal.
En el caso del litio, mineral excluido de la infame ley de concesiones mineras de la dictadura, utilizar a fondo las considerables atribuciones del ejecutivo para aplicar estrictamente la acertada estrategia nacional del litio anunciada por el Presidente Boric, que reserva su explotación exclusiva a empresas del Estado o sociedades controladas absolutamente por estas. Dicha estrategia ha demostrado su justeza con la firma hace pocos meses del contrato de CORFO con CODELCO, que ha entregado a la estatal la exclusividad sobre la explotación del principal yacimiento del Salar de Atacama. La estrategia nacional del litio debe hacerse extensiva de manera estricta a todos los salares sin excepción. Resulta inaudito que recientemente el gobierno haya anunciado que se propone entregar a privados fundamentalmente extranjeros, 26 salares sin explorar, lo cual debe ser rechazado de modo terminante..