Aunque el invierno parece atemperarse en Chile, decenas de miles de estudiantes hicieron crecer la bola de nieve de las protestas ante la desconfianza por la reforma educacional en debate.
Aunque las marchas en todo el país se desarrollaron de forma pacífica, se registraron incidentes en esta capital cuando encapuchados se enfrentaron a los carabineros (policía), en la zona de la céntrica avenida Ricardo Cummings.
Los proyectos de ley pueden ser letra muerta si no hay voluntad política, reiteró una de las principales líderes de las protestas, Melissa Sepúlveda, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Por su parte, otra destacada dirigente estudiantil, Naschla Aburman, de la Universidad Católica, señaló que la idea es demostrar que la inmensa mayoría en Chile desea cambios profundos en el sistema educacional.
El Colegio de Profesores también se sumó a las demandas que exigen una mejora sustancial en la calidad de la docencia en el país transandino, el cese del ambiente de negocios que reina en el sector y la gratuidad en todos los niveles.
Como de costumbre, las cifras de manifestantes se fijaron de forma contradictoria. La policía aseguró que fueron unos 25 mil quienes caminaron por la Alameda hasta el Palacio de La Moneda, mientras los estudiantes estimaron que 80 mil.
En las pancartas podía leerse las principales consignas de rechazo a las medidas mercantilistas que corrompen la educación, y la necesidad de que se convierta en un derecho para todos.
Ricardo Paredes, vocero de la Coordinadora Nacional de Secundaria destacó la relevancia de que el Gobierno entienda que los acuerdos hacia la reforma educacional deben alcanzarse con el movimiento social.
El Gobierno de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, insiste en adelantar una profunda reforma en la educación que para economistas y expertos será crucial en una nación presta a un salto enorme hacia el desarrollo.
Las ideas esenciales apuntan hacia un paquete de leyes para acabar con el copago de las familias, el lucro en escuelas subvencionadas, y la selección que segrega a los jóvenes por su origen socioeconómico.
En un intento de aplacar el descontento popular, el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre repitió que las discusiones en curso son apenas parte de una etapa inicial en el contexto de cambios más completos pero también complejos.
Santiago de chile, 22 de agosto 2014
Crónica Digital
Vie Ago 22 , 2014
El Representante para América del Sur del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, expresó preocupación a raíz de un video divulgado esta semana en Chile, que muestra una violenta golpiza por parte de oficiales de Gendarmería contra internos en un centro de detención en Rancagua. Las imágenes corresponderían a agosto de 2013. Incalcaterra condenó fuertemente cualquier forma de tortura o malos tratos al interior de unidades penitenciarias. “Que una persona sea privada de su libertad por cometer un delito, no es justificación para que sus derechos humanos sean violados”, expresó el Representante. “Por el contrario, cuando una persona es privada de su libertad, el Estado además es responsable de su bienestar e integridad”, agregó. Además, el Representante recordó a Chile que al ratificar tratados internacionales en la materia, el país adhirió a la prohibición absoluta de la tortura. El Representante pidió una investigación pronta, imparcial y efectiva sobre este caso, y que los responsables sean llevados ante la justicia. “Es preocupante que a un año de lo sucedido, las autoridades pertinentes no hayan avanzado en determinar las responsabilidades materiales e institucionales en estos hechos”, expresó. En el mismo sentido, Incalcaterra saludó la iniciativa del gobierno de Chile de requerir la reapertura del sumario interno para investigar estos hechos, así como la preparación de un proyecto de ley para sancionar específicamente el delito de tortura. “Esta iniciativa debe enmarcarse en los compromisos y obligaciones internacionales que el país ha asumido”, señaló Incalcaterra. “Chile debe encontrar estrategias para prevenir y erradicar la tortura de sus centros de detención. Para ello, es fundamental elaborar planes de formación para oficiales penitenciarios, y avanzar prontamente en el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención, que a través de visitas periódicas contribuya a eliminar la tortura en sus centros de detención”, prosiguió. Al respecto, Incalcaterra respaldó también el anuncio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de que presentará una querella por tortura y apremios ilegítimos en relación al caso. A pesar de estar prohibida bajo toda circunstancia por el derecho internacional de los derechos humanos, la tortura sigue siendo una violación de derechos humanos recurrente. “La tortura continúa fuertemente arraigada en las prácticas institucionales de muchos centros de privación de la libertad en toda América del Sur. En tal sentido, los Estados deben trabajar de manera decidida para erradicarla”, finalizó Incalcaterra. *Foto: Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur del ACNUDH.Créditos: Agencia EFE/Mario Ruiz Santiago de Chile, 22 de agosto 2014 Crónica Digital / EFE
