La comisión estará integrada por el gobierno, ejecutivos de la gigante estatal chilena y representantes del gremio, que reclama un bono de 500 mil pesos (cerca de mil dólares) para cada uno de sus 28 mil afiliados como compensación por los altos precios del metal rojo.
Los trabajadores, que no están ligados formalmente a la empresa pero brindan servicios básicos para su funcionamiento, iniciaron las movilizaciones desde finales de diciembre para llamar la atención sobre las precarias condiciones laborales que enfrentan.
La reclamación del bono, según afirman, no es sólo para paliar la difícil situación económica que atraviesan, sino para llamar también la atención de las brutales diferencias existentes en los salarios que reciben, menos de la mitad de lo que devengan a los operarios fijos.
El anuncio de la creación de la comisión tripartita fue hecho por el propio mandatario, tras dar a conocer los resultados de un informe sobre el valor bursátil de CODELCO, empresa que fue avaluada en un precio que oscila entre 24 y 27 mil millones de dólares.
El estudio permitió conocer el valor en el mercado de la cuprífera, que este año obtuvo más de cinco mil millones de dólares de utilidades por los altos precios del cobre. Fue encargado por el Gobierno a la empresa internacional Banco de Inversiones Goldman Sachs.
Lagos destacó que los resultados demuestran que se cumplió la meta que se había fijado su gobierno, de duplicar el valor de la empresa estatal durante sus seis años de administración, que llegarán a su fin el 11 de marzo próximo.
Subrayó además que ese logro es un indicio de que están pasando los tiempos en que se hablaba de la privatización de CODELCO, ya que a su juicio ninguna empresa privada rendiría lo que consiguió la gigante estatal durante su administración.
El cobre, principal recurso natural del país, fue nacionalizado por el presidente Salvador Allende poco después de asumir el gobierno en 1970, pero luego del sangriento golpe militar, el dictador Augusto Pinochet inicio una política de privatización.
Aún así, en 1990 cuando dejó La Moneda, todavía más del 85 por ciento de la producción continuaba en manos del Estado. El grueso de las privatizaciones ocurrieron en los gobiernos de Concertación.
En la actualidad las grandes corporaciones transnacionales controlan casi el 70 por ciento, mientras el Estado ha quedado con poco más del 30 de la producción.
El gobernante expresó la esperanza de encontrar ahora una salida al conflicto surgido al interior de la minera con un trabajo entre el Ejecutivo, el gremio de los subcontratistas y dirigentes de la empresa, aunque descartó de plano pagar el bono reclamado.
El conflicto no es de fácil solución pues los 28 mil afiliados del sindicato son sólo una parte de un ejército de poco más de un millón y medio de trabajadores subcontratados por empresas privadas para servir a terceros, en condiciones de precariedad laboral.
Este tema está en debate desde hace más de cuatro años en el Congreso donde la derecha opositora, que representa los intereses de los grandes empresarios, se niega a aplicar controles y reglamentos que contribuyan a regular la situación de esa gran masa laboral.
Santiago de Chile, 13 enero 2006
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