En entrevista exclusiva con Crónica Digital, el actual Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, señaló que el gobierno ha actuado en términos formales y no de fondo en el reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche y que en la práctica no existe ningún avance.
Guzmán que es uno de los voceros del pueblo Lafquenche, fue enfático en indicar que comparte las resoluciones de organismos internacionales que han condenado al gobierno chileno por los abusos contra los pueblos aborígenes, pero consideró que la actitud de Naciones Unidas ha sido muy leve. Se quedan en meras declaraciones.
Creo que esto va ha ser mucho más importante cuando los tribunales internacionales vinculados a los derechos humanos sienten doctrina a nivel internacional, donde los abusos policiales y jurisdiccionales que se cometen sean sancionados y los gobiernos y estados deban asumir esas resoluciones, apuntó.
Sobre la actual situación de los presos políticos mapuches, el jurista dijo que reclaman por el reconocimiento de los pueblos indígenas y ellos son catalogados como presos políticos, porque están luchando por una causa superior. Ahora se les criminaliza castigándoseles a penas muy duras, como si asaltaran y dieran muerte a personas en un supermercado.
Denunció que se utiliza el mecanismo estatal, como son los juzgados, fiscales, luego las cortes para condenar a los lideres mapuches, los que levantan justamente una reivindicación política como es la defensa de sus tierras.
Defendió a los presos políticos mapuches y reiteró que no son terroristas. Para ello propuso la reducción de las condenas de los presos políticos y con ello demostrar la voluntad del gobierno y con ellos empezar a solucionar las ancestrales reivindicaciones de los pueblos originarios.
Mehuín: un caso aparte
Juan Guzmán denunció que en la localidad lafquenche de Mehuín, la empresa Ralco está arrendando tierras para que el ducto pueda pasar y descargar sus contaminantes líquidos al mar.
Hoy la Ley Indígena prohíbe la venta, pero hay otros tipos de abusos donde existe arriendo a 88 años. Esto lo está viendo la Corte Suprema y está quedando finalmente zanjado en un buen sentido, apuntó el académico.
Agregó que otra forma de abuso es prometer a la gente que vive en situaciones paupérrimas, tres o cuatro millones de pesos y un millón y medio más tarde. Pero hay que dejar en claro que las sumas que ganan esas empresas son impresionantes. Y todo esto es por el derecho de pasar un ducto por sus terrenos y los rediles que son llevados por esos ductos van a contaminar las aguas y ponen en peligro las distintas especies marinas, terrestres y la flora de la zona, reveló.
¿Hablamos de tres millones mensuales o anuales?
No de una sola vez, y con esto se está comprando a la gente que está en pobreza y que quiere arreglar los techos de sus viviendas y quiere comprar un nuevo motor para sus embarcaciones. Pan para hoy y hambre para mañana. Ahora, con esto se logra comprar la férrea alianza que los unía.
¿Qué pasará con aquellos pescadores que no aceptarán esas ofertas?
Va ocurrir lo de siempre. Va a ver una manifestación, van a internar a elementos que desarrollaran desórdenes y se justificará la presencia policial y habrá abusos por parte de ésta. La opinión pública pensará que se trata de elementos terroristas, se les criminaliza y se dice que están postergando el progreso. Seamos claros, el progreso aparente es de unos pocos de la sociedad, en perjuicio de las familias de los pescadores, del medio ambiente, del país y del planeta.
Por Iván Guitiérrez Lozano
Santiago de Chile, 22 de noviembre 2007
Crónica Digital , 0, 142, 13
