El jurista del departamento de Derechos Humanos de la Central denunció que fue impedido de constatar el estado y la identidad de las personas detenidas en las comisarías de la capital ya que, de acuerdo a lo revelado por un propio funcionario, es el alto mando de la Institución quienes han prohibido su presencia en los recintos de detención
El abogado y asesor legal del departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, Ruben Jerez, fue impedido de visitar y constatar el estado de quienes se encontraban detenidos en la primera y tercera Comisaría de Carabineros de Santiago, labor que habitualmente realiza luego de cada manifestación masiva que se realiza en la capital.
En esta ocasión, Jerez se acercó directamente a la tercera comisaría luego de que fuera informado de que se encontraba detenido y herido el candidato a Concejal por la comuna de Estación Central, Manuel Valencia Chacón, quien en estos momentos se encuentra constatando lesiones en la Posta Central, por un posible TEC y un traumatismo renal, producto de golpes efectuados –según lo que habría declarado- por los mismos policías al momento de su detención.
Jerez denunció que en esta comisaría un efectivo le informó que desde el alto mando de la Institución se les instruyó que él tiene prohibición de acercarse a cualquier recinto policial, “con lo cual se pasa a llevar un derecho fundamental de los Estados democráticos, el cual es resguardar la identidad y las condiciones en que se encuentran los detenidos por la policía”, señaló el abogado.
Durante la tarde de este miércoles, el departamento de DD.HH. de la CUT se dispuso a interponer un recurso de amparo en favor de Valencia, de Angélica González -también detenida en la tercera comisaría- y de dos menores del Liceo Lastarria que permanecieron más de cinco horas detenidos, pese a no estar realizando ningún tipo de desmán, hecho que llegaron a denunciar a la Central en compañía de familiares.
Por su parte, Bárbara Figueroa, candidata a la presidencia de la Central, y María Eugenia Puelma, encargada del departamento de DD.HH. de la multisindical, solidarizaron con estudiantes que fueron detenidos durante la jornada, así como con los profesionales de las comunicaciones que resultaron heridos, producto de arremetidas de la fuerza policial.
Al respecto, Puelma solicitó la inmediata renuncia de la Intendenta de Santiago, como responsable política de lo acontecido: «nosotros reivindicamos el derecho humano de cada ciudadano para expresarse y circular libremente por las calles de la ciudad y también el derecho de los trabajadores de las comunicaciones de transmitir de manera fehaciente lo que ocurre en las calles y que muchas veces es ocultado o tergiversado a la ciudadanía”, argumentó.
Además, realizó un llamado a los padres de los menores detenidos y agredidos para que denuncien públicamente estas situaciones e inicien acciones legales «en contra de quienes golpean a los estudiantes amparados en su uniforme policial», puntualizó.
Durante la jornada de movilización en la mañana, la candidata a la presidencia de la Central, Bárbara Figueroa, señaló que la policía «reprimió violenta e injustificadamente el inicio de la marcha que miles de secundarios comenzaban a realizar desde Plaza Italia, con lo que el Gobierno sigue sumando actitudes de antidemocracia e incomprensión de este movimiento social”.
La Directora Nacional del Colegio de Profesores asistió a la marcha convocada por los estudiantes secundarios, acompañada de una delegación del Magisterio, compuesta por la también dirigente nacional Silvia Valdivia.
Figueroa comentó que «no es posible que el Gobierno se siga negando a la participación ciudadana, los actores sociales, estudiantes, profesores y trabajadores, han demostrado que ya no se quedarán callados ni permitirán que los pasen a llevar, por más represión que les pongan encima».
AMPARO DEL ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL
SR. JUEZ DE GARANTÍA DE SANTIAGO ( 7°)
Rubén Jerez Atenas, abogado, con domicilio en la Central Unitaria de Trabajadores, Alameda 1346, Santiago, a SS. Respetuosamente digo:
Que, vengo en interponer amparo de garantía, en favor de los menores Alonso Rojas Gómez de 16 años, Bastián Isidro Cáceres San Martín de 15 años, Diego Bustos Garay de 16 años, Javier Ignacio Toro Pastén, de 15 años, Felipe Ernesto Voullieme Pérez, de 16 años y la egresada de derecho, Sra. Angélica González P., quienes fueron detenidos Santiago, en el contexto de la marcha estudiantil convocada nacionalmente, para el día de hoy, 8 de agosto de 2012.
Estas personas, fueron conducidas a la 3ª Comisaría de Carabineros de Santiago , en donde se impidió, por órdenes del Alto Mando de Carabineros, que ingresara el abogado suscrito, quien fue obligado a permanecer, desde las 15:50 horas hasta las 17:00 horas, en la calle Agustinas , al exterior del Pasaje Fernández Albano, de Santiago Centro. Estas instrucciones fueron transmitidas a través del Subteniente Andrade y por el Capitán Felipe Villegas , en conjunto con el mayor Ojeda. La finalidad de esta denegación de servicio público, dice relación con impedir al letrado la defensa de los afectados como denunciar estos abusos en la misma repartición policial
Testigos de esta situación fueron: la abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos , Paula Salvo del Canto , Patricio Cavieres Montenares y Paloma Galaz Lillo, RUN 16.411.557 -7.
Además, debemos agregar en este amparo, al Sr. Manuel Valencia Chacón, candidato a concejal, detenido en Alameda, Santiago centro, en las afueras de la estación del Metro, Universidad de Chile, cerca de las 12:30 horas. Fue brutalmente golpeado, por Carabineros no identificados de las Fuerzas Especiales, sufriendo un traumatismo encéfalo craneano y lesiones renales. Esta persona, permanece detenida e incomunicada en la 1ª Comisaría de Carabineros de Santiago.
Según los familiares, los detenidos fueron interrogados por la policía sin la presencia de abogado defensor, padeciendo intimidaciones con el objeto de que firmaran declaraciones que exculpan a los aprehensores de su responsabilidad por las contusiones causadas. Además, les registraron sus pertenencias.
POR TANTO ,
SÍRVASE SS. Tener por interpuesto amparo, en los términos del artículo 95, del Código Procesal Penal, con la finalidad que se garantice la integridad física de los detenidos y se controle la legalidad del procedimiento policial, de acuerdo a las exigencias impuestas por los artículos 89, 91, 94 y 97, del mismo código, reservándonos el derecho a denunciar criminalmente los ilícitos antes descritos.
Santiago de Chile, 8 de agosto 2012
Crónica Digital
