DECLARACIÓN PUBLICA
En la formalización de los altos directivos y empleados del Grupo Penta, con los antecedentes entregados por los fiscales, quedó claro que se cometieron graves delitos tributarios y financieros. Además, volvieron a salir datos que vinculan a parlamentarios y personeros de la UDI con ilícitos que tienen que ver también con irregularidades en el financiamiento de campañas electorales de ese partido.
Fueron contundentes y abrumadores los cargos a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, los máximos directivo de PENTA y que entregaron dinero para las campañas de candidatos de la UDI, y también sobre Pablo Wagner, que fue Subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera. Da cuenta de la gravedad de los hechos, que el Fiscal Carlos Gajardo haya indicado que Délano y Lavín son “un peligro para la sociedad”. Los directivos y el ex funcionario fueron formalizados por delitos tributarios, soborno, cohecho y lavado de activos.
En esta importante fase se volvió a hablar de emisión de facturas irregulares de empresas ligadas a dirigentes de la UDI: Inversiones y Mandatos, vinculada a Jovino Novoa, ex presidente y ex senador de esa colectividad; Vox Comunicaciones, en la que tuvo participación Laurence Golborne, ex candidato a senador y a Presidente por parte de la UDI; Reactor SPA, ligada a Pablo Zalaquett, ex alcalde y ex candidato a diputado del partido de derecha. Además, ya es de conocimiento público el tema de las boletas de honorarios falsas vinculadas a los senadores de la UDI Iván Moreira y Ena von Baer.
Desde múltiples sectores del país, ante el cúmulo de evidencias y gravedad de los hechos, se insiste y se demanda la renuncia de los parlamentarios de la UDI ligados a los delitos e irregularidades del Grupo PENTA. No hay razón política, ética ni de otro tipo que justifique que ellos sigan en sus puestos en el Congreso, desacreditándolo y burlándose de la ciudadanía.
En estas formalizaciones y proceso, que no termina aun, debe aplicarse la mayor severidad en las penas y sanciones, por la magnitud de los ilícitos y para que de una vez por todas se castiguen los delitos de “cuello y corbata” y que involucran a personeros políticos. No puede haber impunidad en el caso PENTA.
Estos hechos reafirman la urgente necesidad de avanzar hacia un nuevo sistema institucional que separe el poder del dinero sobre la actividad política y social. Y se requiere que todos los actores aporten en este esfuerzo nacional.
Santiago de Chile, 5 de marzo 2015
Crónica Digital
