BACHELET ANUNCIA PROCESO PARA NUEVA CONSTITUCIÓN EN CHILE

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo hoy en cadena nacional de radio y televisión que en septiembre se iniciará un proceso abierto a la ciudadanía para una nueva Constitución.

En septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la nueva carta fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos, destacó.

El tema fue insertado por la mandataria en el contexto de sus comentarios y adelantos de proyectos en torno al informe entregado por la Comisión Asesora Presidencial sobre probidad, anticorrupción
y separación de la política de los negocios.

Indicó que gradualmente dará a conocer los pormenores de una ambiciosa cruzada bajo su liderazgo que entre otros aspectos, dará transparencia total al financiamiento de la política con la eliminación de los aportes anónimos y reservados.

Será el Estado el que financie el trabajo de los partidos políticos, los cuales tendrán que cumplir con exigencias y controles claros, anotó.

Asimismo señaló que las organizaciones deberán reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros; «tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes».

Remarcó que será parte importante del legado de su Gobierno. «Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual», advirtió.

Igualmente, Bachelet explicó que se ampliará el ámbito de la prohibición de contratación en el Estado a parientes de las autoridades e informó que se reforzará la Educación Cívica en los colegios para tener a la ciudadanía informada en estas materias.

«El país ha conocido irregularidades, corrupción y faltas a la ética que afectan a la política y a los negocios. Eso es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad» (..), apostilló.

Santiago de Chile, 28 de abril 2015
Crónica Digital /PL

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Por Manuel Riesco: EL INFORME ENGEL

Mié Abr 29 , 2015
El Informe Engel ha ayudado a la Presidenta a proponer al país un camino de recuperación de la confianza en sus instituciones, puesto que aborda los asuntos principales requeridos para ello. Reconoce la gravedad de la actual situación y llama a todos a asumirla plenamente, manifestando que quienes han incurrido en prácticas ilegales deben ser sancionados y que todas las faltas a la ética política y empresarial merecen ser repudiadas. Sugiere que el país aborde sin demora el difícil proceso de alcanzar consensos mayoritarios respecto de una nueva Constitución, sin lo cual otras medidas específicas pueden perder legitimidad. Propone democratizar el sistema de financiamiento electoral y partidos políticos y hacer más competitivo el funcionamiento de los mercados, para evitar los abusos derivados de la influencia desmedida que los grandes poderes económicos ejercen hoy sobre ambos. Para imponer estas normas, recomienda reforzar las capacidades del Estado y hacer más profesional e independiente el servicio público. Las propuestas específicas del informe pueden servir como una base importante para que el Ejecutivo prepare los proyectos de ley que deberán abordar estas materias, aunque por cierto no tienen ni pueden tener la pretensión de constituirse en el articulado de los mismos. La Presidenta de la República ha recibido el informe del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, más conocido por el nombre del distinguido ingeniero Eduardo Engel, quien lo ha presidido con corrección y eficiencia. Las solemnes ceremonias republicanas de constitución del Consejo y presentación de sus resultados, así como el discurso de su presidente en esta ocasión, los pronunciados por la Presidenta de la República en ambas ceremonias y muy especialmente, su alocución al país el día 28 de abril, poseen la altura requerida para iniciar la superación de la crisis política en curso. El informe se inicia con un diagnóstico que, en lenguaje reflexivo y sereno, reconoce la gravedad de la situación y llama a que ésta sea asumida plenamente por todos, expresando que quienes hayan incurrido en prácticas ilegales, tanto en el ámbito público como en el privado, deben ser investigados y sancionados de modo adecuado, y que todas las prácticas reñidas con la ética deben ser repudiadas. Esa es la condición previa e indispensable para la recuperación de la confianza en las instituciones. El Consejo manifiesta seguidamente y de modo unánime, que el país debe iniciar sin demora el tránsito que le permita alcanzar un consenso mayoritario respecto de los contenidos de una nueva Constitución y, previamente, acerca las vías para lograrlo. Advierte que los desacuerdos que hoy prevalecen al respecto no pueden ser óbice para iniciar este proceso, puesto que el debate sobre el cambio constitucional es de un rango más elevado que los demás y si no se aborda debidamente, el resto de las medidas propuestas corren el riesgo de perder legitimidad. A continuación, el informe propone democratizar significativamente el sistema de financiamiento de la actividad política, prohibiendo los aportes de empresas y limitando el monto de las donaciones […]

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