El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina bajo el tenebroso Plan Cóndor, que se desarrolla en esta capital con 18 militares acusados, entró en su fase final.
El proceso comenzó en marzo de 2013 e involucra entre otros a los exgenerales Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros y el oficial uruguayo Manuel Cordero, quien operó como enlace con Argentina.
En sus audiencias hubo cerca de 200 testimonios y se analizaron documentos gubernamentales, recuerda el diario Página 12 en una entrevista al abogado Jaime Nuguer, quien representa las querellas que abrieron la causa en 1999.
Se espera que este miércoles la querella complete los pedidos de condenas.
La Operación Cóndor fue el nombre que recibió a partir de 1975 la coordinación de las fuerzas represivas del Cono Sur para la persecución y eliminación de militantes políticos que estaban fuera de sus países de origen.
El proceso ha tenido una enorme carga simbólica dado que las investigaciones trabajaron no sólo la reconstrucción de los hechos y del plan como tal, sino que buscó probar el conocimiento y apoyo que dio el gobierno de Estados Unidos, señala Página 12.
Este juicio se abrió con una primera denuncia en noviembre de 1999, y en paralelo a la causa por el plan sistemático de robo de niños, durante la vigencia de las leyes de impunidad y aprovechando las brechas jurídicas que esas leyes no habían podido bloquear.
Nuguer recuerda que tenían un solo documento desclasificado cuando se inició la causa. Este pertenecía al departamento norteamericano de Estado, el cual envió el agente especial Robert Scherrer al FBI desde la embajada norteamericana en Buenos Aires, en septiembre de 1978.
El informe es una síntesis completa sobre la Operación Cóndor y dice básicamente que estaba constituida por Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia para combatir a los opositores políticos y ubicar blancos, perseguirlos, torturarlos y matarlos inclusive en el exterior.
Sirvió para describir un plan en el que Estados Unidos aparece como ajeno y como quien simplemente conoce.
Eso cambió -señala el letrado- a partir de 1999 y 2000, cuando Estados Unidos desclasificó los documentos de Chile y Argentina, lo cual permitió conocer miles de documentos que muestran un rol distinto del gobierno norteamericano.
Para Nuguer, este juicio demostró la responsabilidad individual de los procesados sobre su participación en la asociación ilícita denominada Operación Cóndor, en el secuestro, muerte y desaparición de las víctimas.
Además, demostró que efectivamente hubo participación activa de Estados Unidos en la concreción del plan; participó, conoció, presionó, instigó para que se hiciera, y luego facilitó las comunicaciones y las controló, sostiene el abogado querellante.
Buenos Aires, 10 de junio 2015
Crónica Digital / PL
