Mas de 40 organizaciones de derechos humanos entregaron una carta en la Moneda, donde piden a la presidenta Michelle Bachelet, un pronunciamiento explícito sobre los beneficios carcelarios y la liberación de perpetradores de crímenes de lesa humanidad, actualmente confinados en el penal de Punta Peuco.
En la misiva las organizaciones solicitan también el cierre del recinto y el traslado de los reos a cárceles comunes, terminando con sus privilegios. Respecto al otorgamiento del beneficio de la libertad provisional, los firmantes exigen que el Estado de Chile solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además se presente un proyecto de ley que explícitamente impida el otorgamiento de beneficios a los violadores de derechos humanos.
La presentación de la carta fue acompaña por representantes de las organizaciones firmantes, quienes portaban una pancarta con la frase: “En derechos humanos… no se cumple el programa”, aludiendo al programa de la Nueva Mayoría, donde se comprometió a impulsar “medidas legislativas y administrativas que impidan la impunidad en materia de DDHH, tales como impedir toda aplicación en los juicios sobre Crímenes de Lesa Humanidad del D.L. N°2.191, de Amnistía de 1978, y de las normas que regulan la prescripción en materia de delitos comunes o de la prescripción en materia de responsabilidades civiles”.
Alicia Lira, presidenta de AFEP, manifestó: “Para nosotros es impresentable el silencio del gobierno frente a esta campaña articulada por la derecha, sectores de la Nueva Mayoría y algunos personeros de la iglesia católica. Hoy día estamos resistiendo la campaña mediática. Tenemos la convicción de que estamos en lo justo y lo correcto. No pueden haber beneficios para victimarios a quienes se intenta ahora convertir en víctimas, a pesar que no muestren arrepentimiento y se han negado a colaborar en las causas judiciales”.
Lira mencionó además, que la presidenta Bachelet tiene el poder de cerrar Punta Peuco, tal como lo habría hecho Sebastián Piñera, quien en uso de sus facultades terminó con el penal resort Cordillera.
En tanto, la Corporación Villa Grimaldi, por intermedio de su presidente, Higinio Espergue, manifestó preocupación por lo que estima señales graves de retroceso en materia de derechos humanos. “Pareciera que en vez de avanzar en materia de verdad y justicia, estamos avanzando en impunidad, lo cual afectará gravemente la convivencia nacional y la profundización de la democracia. Como sitio de memoria estamos comprometidos en fomentar una educación y una cultura de respeto a los derechos humanos, lo que implica luchar decididamente contra la impunidad. Esta es una tarea de todas las organizaciones de familiares, sitios de memoria y colectivos de derechos humanos”.
Por su parte Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, ratificó que ha habido un silencio y una indolencia inaceptable del poder ejecutivo respecto a la lucha contra la impunidad. “No es que no hayan incumplido el programa, es que no han hecho nada, lo que es peor”, aseguró Pizarro. “Se ha mantenido un silencio al respecto y se ha permitido que algunos sectores avancen a nuevas formas de impunidad. Tenemos claro que las libertades las entrega el Poder Judicial, pero el silencio de la presidenta ha permitido que se levante una maniobra que encabeza el diario El Mercurio, con el fin de victimizar a los responsables de delitos de lesa humanidad. Esta lógica es muy perversa para cualquier sociedad, porque se victimiza a los criminales y a quienes demandamos justicia se busca transformarnos en enemigos de los derechos humanos” culminó la presidenta de la AFDD.
CARTA CONTRA LA IMPUNIDAD
Señora
Michelle Bachelet Jeria
Presidenta de la República
Presente
De nuestra consideración:
Las organizaciones abajo firmantes, nos dirigimos a usted con el propósito de expresar nuestro rotundo rechazo a las medidas que pretenden poner en libertad a los genocidas y violadores de derechos humanos recluidos en la cárcel de Punta Peuco y demandamos a usted, el uso de las atribuciones y facultades que le son privativas, para obtener un pronunciamiento explícito en función de su autoridad, que a los criminales de lesa humanidad no les asiste la prescripción, la amnistía, ni el indulto así como ninguna otra medida administrativa, legal o política que favorezca su libertad e impunidad.
A pesar de los más de 26 años desde la instauración de gobiernos civiles, estimamos que la sociedad chilena aún está marcada por la gravedad de los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar.
No obstante, como organizaciones defensoras de los derechos humanos vemos como hoy se reactiva institucionalmente una operación de impunidad de larga data, que aparenta beneficiar a un inexistente universo de reos comunes de avanzada edad, encubriendo el propósito de liberar a criminales de lesa humanidad que gozan de privilegios carcelarios. Hemos visto como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial así como las fuerzas armadas y algunos personeros eclesiásticos no han cesado en su propósito de consagrar la impunidad a la que hemos resistido ética y moralmente como pueblo.
Señora Presidenta, queremos recordarle que ninguno de los requisitos exigidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para optar a los beneficios carcelarios por parte de los condenados han sido cumplidos, es más ha habido una acción política concertada de obstrucción a la Justicia; se han contratado defensas costosas a expensas del erario nacional para ellos; se les ha permitido conservar su rango militar y sus pensiones, inmensamente superiores a las de cualquier ciudadano; se ha promovido a lo más alto de los escalafones a oficiales que luego aparecen procesados en causas de derechos humanos como recientemente hemos visto con el caso del ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre quién además fue nombrado por el ejecutivo a la cabeza del Servicio Electoral (SERVEL), quien ha debido comparecer por los crímenes de la Caravana de la Muerte en el norte del país.
Los violadores de derechos humanos, luego de ser condenados, jamás han demostrado arrepentimiento alguno ni han entregado datos que permitan esclarecer los crímenes cometidos, la ubicación de los cuerpos de las víctimas; al contrario, la operación retiro de televisores muestra la política de encubrimiento que han diseñado, la que ha llegado incluso al asesinato más allá de nuestras fronteras como, por ejemplo, el acontecido con Eugenio Berríos, crimen realizado para encubrir otros crímenes.
A ello se agrega que las condiciones en las que cumplen sus irrisorias condenas abundan en privilegios que no se condicen la gravedad de sus crímenes.
Todo ello, nos confirma que no ha existido voluntad política, compromiso efectivo con los derechos humanos y políticas de no repetición que sustenten el llamado NUNCA MAS tan voceado.
Ante esta encrucijada señora Presidenta, exigimos de usted el rechazo rotundo a la impunidad que hoy se viste de acción humanitaria y pretende dejar en libertad a torturadores y asesinos que fueron verdugos de nuestro pueblo por más de 17 años. Como parte de este rechazo le demandamos el cierre del penal de Punta Peuco y el traslado de los allí recluidos a cárceles comunes, que el Estado de Chile solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al otorgamiento de libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos y coherentemente presente un proyecto de ley que explícitamente impida el otorgamiento de beneficios a los violadores de los derechos humanos.
Sin otro particular, se despiden
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Santiago
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Agrupación de Ex Prisioneros Políticos “Enrique Pérez Rubilar” de Temuco
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Serena
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Linares
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Puerto Montt
Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Copiapó
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Valparaíso
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Paine
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Agrupación de Mujeres por la Memoria y la Vida
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy
Centro Helmut Frenz
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS)
Colectivo 119, Familiares y Compañeros
Colectivo Reconociendo Chile, una mirada de frente
Colegio de Asistentes Sociales de Chile A.G.
Comisión de Derechos Humanos del Consejo Regional Metropolitano
del Colegio de Contadores de Chile
Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas
Comisión Ética Contra la Tortura – Chile
Comisión Ética Contra la Tortura – Temuco
Comisión Ética Contra la Tortura – Valparaíso
Comisión Ética Contra la Tortura – Secretariado Exterior
Comisión Funa
Comité de Recuperación del Cuartel Borgoño
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas
Comunidad Ecuménica Martin Luther King
Confederación de Trabajadores del Cobre
Corporación 3 y 4 Álamos
Corporación Memoria Lonquén
Corporación Memorial Paine
Londres 38, Espacio de Memorias
Memorial Nido 20
Santiago de Chile, 7 de julio 2016
Crónica Digital / VILLAGRIMALDI.CL
