A pesar de que aún resta más de un año para el término de la administración de la Presidenta Bachelet, el cientista político de la Universidad de Santiago, Rodrigo Osorio, explica que el recorte de un 95% de los fondos para una nueva carta magna en el Presupuesto 2017 es reflejo de que este Gobierno concluyó su espacio de influencia política.
“Los debates hoy están centrados en las propuestas de los nuevos candidatos y, efectivamente, la administración Bachelet está cerrando su agenda, por lo que no quiere abrir nuevos flancos”, afirma.
En términos globales, el Gobierno redujo en un 95% los recursos para realizar una nueva Constitución en el Presupuesto de 2017, en contraste con los fondos destinados en el Presupuesto anterior. Una de las tres principales promesas de campaña, junto con la Reforma Educacional y la Reforma Tributaria, eliminó completamente los gastos para los “Estudios para una nueva Constitución” y para la difusión del proceso constituyente. Además, anotó una significativa reducción en los recursos de la Secretaría General de la Presidencia para estos efectos, pasando de $1.284.406 millones en 2016 a los $139 millones actuales, solicitados bajo la categoría “Estudios finales del proceso constituyente”.
Consultado respecto de si el Gobierno cierra su agenda política, que define su espacio de influencia en el debate actual y futuro en este ámbito, al adoptar esta decisión, el cientista político de la Universidad de Santiago, Rodrigo Osorio, responde afirmativamente. “Este Gobierno ya terminó. Los debates hoy están centrados en las propuestas de los nuevos candidatos y, efectivamente, la administración Bachelet está cerrando su agenda, por lo que no quiere abrir nuevos flancos, acelerando el proceso sin tener los respaldos ciudadanos y legislativos que necesita”, explica.
“Lo que busca el Gobierno es no forzar el debate constitucional hoy, dado el clima político actual, y no quiere arriesgarse a no tener el apoyo ciudadano y legislativo suficiente en el nuevo proyecto de Constitución”, agrega.
Respecto a los motivos de esta determinación, el experto señala que esto se debe a dos factores. Primero, “la Presidenta hoy no cuenta con el apoyo que necesita para reformar la constitución. Tiene muy bajos niveles de popularidad debido a la falta de expectativas sobre sus reformas”, señala.
En segundo lugar, afirma que “dado los bajos niveles de popularidad, es muy difícil ´para la Mandataria ejercer su poder de disciplina partidaria en el Congreso. Hoy, no tiene todos los votos de la Nueva Mayoría asegurados para poder modificar la Constitución”.
El especialista reconoce que la decisión también responde a un cierto grado de realismo, considerando que “el país está pasando por problemas económicos importantes y no está generando tanto dinero para hacer todas las reformas prometidas. Todas las carteras han visto disminuidos su presupuesto y esto también responde a ello”.
Sin embargo, enfatiza que la decisión también es política, evidenciado en “un atraso importante en el proceso constituyente. Este mes deberían haberse publicado los resultados de los encuentros ciudadanos, cosa que no ha pasado y, probablemente, va a pasar recién hacia finales de noviembre o principios de diciembre. Además, tampoco se ha enviado el proyecto de ley que faculta al Congreso a dictar una nueva Constitución”.
Por eso, el académico descarta que se realice la reforma en el actual Gobierno. Ante la eventualidad de que candidaturas presidenciales oficialistas asuman este desafío, Osorio prevé que ello significará más una dificultad que un beneficio.
“Esto claramente va a perjudicar el apoyo al candidato oficialista. El electorado se preguntará ‘para qué le vamos a creer a un nuevo candidato que viene a prometer otra vez una nueva Constitución, o profundizar en la Reforma Educacional y Tributaria, si ya no se hizo, siendo que elegimos a Bachelet precisamente por eso’”, describe.
“Esto probablemente va a ser algo que recogerá la derecha para tratar de captar más votos”, concluye.
Santiago de Chile, 12 de octubre 2016
Crónica Digital / usach.cl
