CHILE NECESITA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARA CONTROLAR DECISIONES PÚBLICAS Y PROMOVER EL BIEN COMÚN

Esta institución reconocida internacionalmente es una instancia de carácter público, autónoma e independiente de toda autoridad o partido político que tiene por misión resguardar los derechos de las personas frente a las actuaciones u omisiones abusivas, discriminatorias, negligentes o la inacción de las autoridades y servicios de la Administración del Estado o de empresas que atienden necesidades públicas

.

Entre las actividades más próximas destaca el seminario  «La Defensoría del pueblo en Chile: El deber de protección de los Derechos Ciudadanos», organizado conjuntamente con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), actividad que se realizará en el Museo Violeta Parra, el jueves 3 de agosto, entre  las 9.00 a 14.00 horas.

Posteriormente, entre las 17.15  y 20:00 hrs. tendrá lugar el Conversatorio «Sociedad civil dialoga sobre Defensoría del Pueblo para Chile»,  en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, contando con el patrocinio de  Instituto Latinoamericano del Ombudsman, (ILO), Asociación de ONG’ s  ACCION A.G., Comisión Chilena de Derechos Humanos,  Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Cátedra de DD.HH de la Universidad de Playa Ancha, Movimiento Providencia Participa y la Federación de Asociaciones de Enfermería- Fenasenf.

Estas actividades contarán con la participación especial del Presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, el jurista ex Defensor de Argentina, Carlos Constenla, y  de Ana Agostino, actual Defensora de Vecinos y Vecinas de la ciudad de Montevideo, Uruguay.

Chile es el único país de América Latina que no cuenta con una Defensoría de las Personas. El proyecto destinado a consagrarla fue aprobado por la mayoría de todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, pero desde 2009 se encuentra paralizado en el Senado.

El Capitulo Chileno del Ombudsman es una organizaciónde la sociedad civil orientada a promover la importancia de la Defensoría de las Personas para la democracia y sus alcances en materias de protección de derechos.

Santiago de Chile, 30 de julio 2017
Crónica Digital

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   Mientras que para la instancia regional no bastan las disculpas públicas de la producción del programa de TV, para el tribunal nacional es necesario legislar sobre ley de colegios profesionales, que permita sancionar éticamente a quienes no forman parte del gremio. El Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas de Chile (TRINED), así como también el Tribunal Regional de Ética y Disciplina (TRED) Metropolitano, se pronunciaron acerca de lo ocurrido con la reciente transmisión de un testimonio falso en un programa de Chilevisión, a propósito de un debate con candidatos presidenciales, y el reciente reconocimiento por parte del diario La Tercera respecto de la publicación de una entrevista a un ex presidente español, hecho que nunca ocurrió. Para el TRINED, a propósito de la transmisión televisiva de un supuesto «justiciero» que habría asesinado a 12 delincuentes, es una «acción (que) compromete tanto al canal de televisión como a los periodistas involucrados, dadas las incuestionables consecuencias políticas de la acción comunicacional», agregando que «la publicación de entrevistas inventadas (…) evidencia falta de rigurosidad en la cadena de producción del trabajo periodístico y, por supuesto, una conducta ética reñida con la norma básica periodística de no falsear intencionadamente la realidad».  «La mercantilización de la noticia llevada a su extremo por las empresas periodísticas empuja a los periodistas a conductas reñidas con las más elementales exigencias éticas, como es no mentir. Los periodistas no somos esclavos de los medios que nos contratan por lo que nuestra conducta debe estar regida por principios profesionales inmodificables», dice la declaración del Tribunal. «El Colegio de Periodistas tiene como principal misión garantizarle a los chilenos la calidad del desempeño periodístico, claramente vulnerado en estos dos casos. Esa misión ha sido relativizada al quitársele a los Colegios Profesionales la tuición sobre el comportamiento ético de todos quienes poseen un título y reducirla sólo a aquellos que voluntariamente se afilian a una asociación gremial», agrega el documento. Por lo mismo, el TRINED plantea que «reiteramos a la Presidenta Michelle Bachelet la necesidad de dar suma urgencia al Proyecto de Ley sobre Colegios Profesionales que les repone el carácter de Corporaciones de Derecho  Público a estas entidades. Ello permitía que, en el pasado, se pudiera castigar incluso con la suspensión del ejercicio profesional a quienes transgredían el Código de Ética». NO BASTAN LAS EXPLICACIONES En tanto, en opinión del TRED, «las disculpas del canal de televisión y de la productora del programa no son suficientes pues no contribuyen a la dignificación del periodismo y ahondan en el público el clima de inseguridad sobre la base de falsedades. Más aún, el programa avaló la idea de aplicar la justicia por cuenta propia». En el documento, el tribunal metropolitano reiteró que el Código de Ética profesional afirma que “los periodistas están al servicio de la sociedad, los principios democráticos y los Derechos Humanos. En su quehacer profesional, el periodista se regirá por la veracidad como principio, entendida como la entrega de información responsable de los hechos”. «Por último, el TRED […]

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