Solo 12 de 16 participantes en una reunión de cancilleres en la capital peruana firmaron una declaración hostil al gobierno de Venezuela, que incluye una sanción tácita y se abstiene de cuestionar a la oposición de ese país.
El pronunciamiento fue anunciado en una conferencia de prensa realizada con más de tres horas de retraso respecto a lo previsto en el programa y al parecer por dificultades para un pleno consenso.
Los cancilleres o sus representantes sesionaron a puerta cerrada y su declaración final condena lo que llama ruptura del orden democrático con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, con lo que anudó su identificación con la oposición venezolana.
El texto lo firmaron los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, 12 sobre un total de 16.
Sobre las abstenciones, el canciller anfitrión aseguró que países anglófonos comparten las preocupaciones de los firmantes pero no suscribieron la delegación porque sus jefes de Estado tienen una reunión simultánea y correspondería a ellos pronunciarse.
La declaración final establece que los firmantes no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente elegida en Venezuela el 30 de julio, lo que coincide con la posición de Estados Unidos, y brindan su apoyo a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
Añade que solo reconocerán aquellos contratos de endeudamiento, empréstitos, refinanciamiento de títulos, concesiones y contratos de obras públicas, que cuenten con la aprobación de la Asamblea Nacional si así lo exigiera la legislación venezolana.
El pronunciamiento omite referencias especificas a la violencia opositora y a las intentonas golpistas contra el gobierno bolivariano y plantea su «enérgico rechazo» a la violencia y al uso de la fuerza en Venezuela, así como su apoyo y solidaridad con la fiscal general de ese país, destituida recientemente.
Individualmente, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dijo que su país no acepta golpes ni autogolpes militares, ni levantamientos militares, sino restablecimiento del orden a través de una negociación «creíble y sincera con efectos reales».
El texto condena también la «violación sistemática» de los derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela; la represión y persecución política; la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente, de todo lo cual acusa al gobierno.
La Declaración indica también «la decisión de los cancilleres de continuar con la aplicación de la Carta Interamericana Democrática» que el grupo ha intentado, sin éxito, que apruebe la Organización de Estados Americanos contra Venezuela.
Aplaude igualmente la decisión del Mercado Común del Sur (Mercosur) y anuncia un virtual boicot a cualquier candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales, y llama a detener la transferencia de armas a Venezuela.
Los 12 cancilleres acordaron también, sin explicaciones, pedir la postergación de la Cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos- Unión Europea (Celac-UE), a realizarse en El Salvador en octubre de este año.
El grupo decidió hacer un seguimiento permanente de la situación venezolana, abrirse a adherentes y reunirse a más tardar en septiembre próximo.
En una introducción a la presentación del documento, el canciller Luna calificó como dictadura al gobierno de Venezuela y sostuvo que ese país está en una situación sin salida, aunque alentó una posible negociación con la intervención del secretario general de las Naciones Unidas.
Lima, 9 de agosto 2017
Crónica Digital /PL
…»los firmantes no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente» … la cancillería chilena esta desconociendo el derecho de los chilenos naturalizados venezolanos y los hijos de chilenos que comparten las ideas de una Democracia participativa y protagónica como la venezolana, y que además se han inscrito para ejercer el derecho al voto por una candidatura presidencial en Chile en las próximas elecciones de noviembre, derechos que podrán ejercer en un estado de derecho venezolano garantizado por la Asamblea Nacional Constituyente Originaria. ¿entonces?