Actualmente los pueblos indígenas de la Amazonia brasileña se sienten doblemente amenazados: por la pandemia de Covid-19 y las invasiones de sus territorios por garimpeiros (buscadores de metales preciosos), sin el freno del gobierno de Jair Bolsonaro.
Datos oficiales revelan que la zona amazónica solo tiene un 10 por ciento de estos servicios, en comparación con el resto del país. En Manaos, capital de la región, están ubicadas las únicas Unidades de Cuidados Intensivos del territorio.
Según un recuento de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, hasta el 30 de mayo, el virus se había propagado a 76 pueblos originarios, donde infectó a mil 747 personas y provocó la muerte a 167.
En toda la cuenca amazónica, que se extiende también por otros ocho países, los casos de Covid-19 ascienden a más de 20 mil, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud.
La irrupción ilegal de la minería trae consigo el contagio, que se suma a la falta de políticas públicas y de otras acciones de protección por parte de la administración de Bolsonaro, empecinado en entregar los territorios aborígenes y unidades de conservación del medio ambiente al capital económico internacional.
Para ello, el exmilitar expidió una medida provisional al Congreso Nacional para transformarla en un proyecto de ley que legalizaría la acumulación de tierras, la deforestación y las compañías económicas y, por ende, la invasión y ruina de las áreas indígenas.
Ante tal escenario y la calamidad sanitaria que corroe a Brasil, el papa Francisco admitió recientemente sentirse preocupado por los pueblos indígenas de la Amazonia, ‘particularmente vulnerables’ ante la Covid-19.
En una oración dominical celebrada por primera vez en tres meses en la plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice evocó al ‘Santo Espíritu para que dé luz y fuerza a la Iglesia y la sociedad en Amazonia, puesta a dura prueba por la pandemia’.
El Papa lamentó las personas contagiadas y fallecidas por el virus, también entre los pueblos nativos, y pidió que nadie en el mundo sea privado de asistencia sanitaria.
Brasilia, 7 junio 2020
Crónica Digital/PL
