Autoexiliado en Bruselas (Bélgica), Puigdemont renunció el pasado jueves a dirigir la Generalitat, en un intento de despejar el camino para formar gobierno en una autonomía controlada por Rajoy tras la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre.
Entonces presentó como candidato alternativo a Jordi Sánchez, segundo en la lista de su coalición electoral Junts per Catalunya (JxCat), para tratar de desbloquear la situación política en la rica región nororiental de 7,5 millones de habitantes.
Sin embargo, la eventual investidura de Sánchez -en prisión preventiva- se anuncia más que difícil, pues la justicia española negó en febrero su puesta en libertad, ante el temor de que vuelva a incurrir en el delito de sedición del cual se le acusa.
Tanto Puigdemont como su sustituto están imputados por su papel en el proceso que culminó con la proclamación de la República catalana, luego del referendo de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017, prohibido por el Tribunal Constitucional español.
La propuesta del depuesto mandatario fue avalada por su agrupación, el conservador Partido Demócrata Europeo Catalán, y por Esquerra Republica (ERC), pero el sábado recibió el rechazo de la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
En las elecciones del pasado 21 de diciembre, convocadas por Rajoy para intentar poner fin al desafío separatista, esas tres fuerzas renovaron la mayoría absoluta en la cámara autonómica, fijada en 68 de los 135 escaños.
Sin el apoyo de los anticapitalistas de la CUP, los independentistas pierden la hegemonía de 70 bancas que suman en el parlamento, lo cual imposibilita una investidura en primera vuelta.
En una segunda ronda, se puede investir a un candidato con mayoría simple, es decir, con más votos a favor que en contra, y, pese a que JxCat y ERC suman 66 diputados por los 65 del resto de grupos, cuatro de ellos no tienen asegurado el sufragio.
El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y Sánchez están en prisión y, previsiblemente, podrán delegar su voto, pero Puigdemont y Antoni Comín, también instalado en Bruselas, tendrán difícil que otro diputado vote en su nombre.
Tanto los letrados de la asamblea legislativa autonómica como el propio Tribunal Supremo español, ya advirtieron que delegar el voto en su circunstancia -desde Bélgica- iría contra el reglamento de la Cámara.
La abstención de los cuatro diputados de la CUP dejaría sin mayoría a las formaciones soberanistas, que sumarían 64 escaños de los 68 necesarios.
madrid, 5 de marzo 2018
Crónica Digital /PL
