Jefa de Comité PPD y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprovechó además de emplazar al Gobierno. “No pueden retirar un proyecto en beneficio de las víctimas de DD.HH entre gallos y medianoche mientras nos llama al diálogo.”
Como una falta de respeto calificó la Jefa del Comité PPD y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, senadora Adriana Muñoz, los dichos del diputado UDI Ignacio Urrutia en la mañana del 19 de abril durante el debate de la Cámara de Diputados sobre el retiro del proyecto de reparación a víctimas de tortura.
“Es inaceptable que, en plena democracia, un parlamentario siga tergiversando la historia tratando de terroristas a las víctimas de DD.HH. Además, el Gobierno no puede retirar un proyecto en beneficio de las víctimas de DD.HH entre gallos y media noche, mientras nos llama al diálogo”, señaló la parlamentaria.
El proyecto en cuestión había sido enviado el 31 de enero 2018, ingresado el 6 de marzo y ya había pasado por las comisiones de DD.HH. y Hacienda, viabilizando la posibilidad de otorgar un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile. Consideraba además que casi la mitad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen 70 años o más y es de suma relevancia que se proteja, en la medida de las posibilidades, el derecho a una indemnización justa y adecuada.
No es nefasto ni son regalitos ni aguinaldos
La senadora Muñoz recordó además que el pasado 18 de abril se presentó un proyecto de acuerdo, coordinado por el senador Felipe Harboe, el cual convocó a sus pares del Partido por la Democracia, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana e Independientes para solicitar al Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia, envíar al Congreso una modificación a la Ley Orgánica Constitucional del TC, para tener una norma que fije plazos breves y perentorios para la dictación de sentencias en materia de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, estableciendo que cuando se refiera a procesos penales por delitos de lesa humanidad, éstos sean vistos preferentemente por el Tribunal, y se disponga, durante la vista del recurso, la imposibilidad de paralizar la secuela del proceso penal en esta clase de delitos.
El fundamento de esta solicitud radica en que de las 30 causas de derechos humanos ingresados al TC, entre noviembre del año 2015 hasta el 1 de abril pasado, el tribunal ha aplicado suspensión de procedimiento a 21 casos, dejando pendientes a 12 de ellos.
Santiago de Chile, 20 de abril 2018
Crónica Digital
