El Colegio de Periodistas de Chile basa su actuar en la plena promoción y defensa de los derechos humanos. En consecuencia, como lo establece nuestro Código de Ética a la que suscriben todos y todas nuestros colegiados, rechazamos los actos fundados en lógicas racistas y/o colonialistas ocurridos en la región de La Araucanía este sábado primero de agosto, donde se registraron violentos desalojos por parte de civiles a las tomas de municipios encausadas por comunidades mapuche; así como la quema de sus símbolos ancestrales. Hechos como estos deben ser repudiados por la sociedad en su conjunto e investigados por los organismos correspondientes en procesos judiciales públicos y transparentes.
En este contexto, rechazamos tajantemente las graves amenazas que recibió la colega Paola Dragnic de Telesur por la cobertura que ha dado a las huelgas de hambre, así como a la revuelta social y popular del 18 de octubre de 2019. Le expresamos todo nuestro apoyo y solidaridad. La labor informativa es esencial en una democracia y no es tolerable su censura por la fuerza, aunque sea vía en redes sociales. Por lo mismo, realizaremos un catastro de periodistas amenazados y haremos la denuncia correspondiente.
En casos de connotación pública como los registrados contra las comunidades en La Araucanía, la libertad de prensa y el derecho a la información debe estar garantizado, así como todos los procesos que involucran el quehacer ciudadano en un marco democrático. Por lo anterior, llamamos a los medios de comunicación a abordar todo lo que ocurre en el territorio; las huelgas de hambre que se realizan en distintos centros penales del país, de una forma contextualizada, no sólo considerando las fuentes oficiales, sino también la mirada de las comunidades para no seguir criminalizando al pueblo nación mapuche. Nos preocupa que los discursos de odio, racismo y xenofobia se reproduzcan en los medios de comunicación.
Desde una lógica pluricultural entendemos que el territorio Wallmapu supera el espacio territorial de La Araucanía, corresponde entonces pronunciarnos como Orden Profesional contra la política de negación de los derechos fundamentales del pueblo mapuche a través de la violencia institucional del Estado de Chile. En esa línea, así como en otros momentos hemos exigido al Gobierno dar cuenta y explicaciones sobre casos de abusos y violaciones a los derechos humanos, esperamos que en esta instancia el Ministerio del Interior asuma la responsabilidad política por los lamentables sucesos que afectaron a niñas, niños, mujeres y hombres víctimas de una violencia institucionalizada.
COLEGIO DE PERIODISTAS DE CHILE
Santiago de Chile, 2 de agosto 2020
Crónica Digital
