Por Marcel Garcés Muñoz
Chile entra en un mes decisivo de su historia contemporánea y para su fututo democrático. Y cuando se cumple un año de una batalla social determinante, el 18 de octubre de 2019, que, precisamente, abrió las compuertas de la presión social acumulada desde la dictadura militar derechista de Augusto Pinochet,(1973-1990) y obligó a reconocer la justicia de las demandas ciudadanas ignoradas en su esencia, bajo las condiciones, compromisos- y hasta miedos- de la llamada transición.
La clase política cómplice de la tiranía y quienes administraron el periodo inmediatamente posterior, se vieron forzados a reconocer las razones profundas de las demandas de una democracia real, justicia, el respeto de los Derechos Humanos en toda su amplitud y profundidad, los derechos sociales, a la educación gratuita y de calidad, al trabajo y los derechos sindicales, a una salud, pensiones, y pensiones dignas, a una acceso a la cultura, el arte, la creación popular, a los derechos a la vivienda, al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, y el respeto y promoción de sus religiones, culturas, lengua y a su representación en la institucionalidad del Estado chileno.
Todo lo cual deberá ser el fundamento de una Nueva Constitución participativa, que sea el marco jurídico, político y social de una nueva institucionalidad, digna del siglo XXI, proceso que tiene un hito fundamental en el plebiscito del 25 del presente mes. Para luego entrar en la discusión fundamental del contenido y proyección de la Constitución para el nuevo Chile.
El bullado “Acuerdo Por la Paz y una Nueva Constitución”, del 15 de noviembre de 2019, con que la elite política del país- de Gobierno y Oposición, buscó apropiarse de una de las demandas principales del movimiento que se expresó en el despertar social del 18 de octubre, y de todo el proceso precedente por la profundización de la democracia por la cual luchó la ciudadanía desde el mismo día del fin de la dictadura, trató de ser mediatizado desde el primer día, desde La Moneda y la Derecha extremista, que logró apoderarse de los puestos clave del gobierno de Piñera.
Una campaña del miedo abrumadora, una satanización del rechazo ciudadano a sus políticas, maniobras demagógicas y divisionistas dirigidas hacia la oposición, las incitaciones , complicidad y la protección a la violencia policial y hasta la militarización de la represión, no lograron, sin embargo imponer sus fines deleznables y detener la lucha en desarrollo.
Así, este mes reúne todos los elementos épicos, políticos, históricos y emocionales, para ser considerado un nuevo punto de partida, al reunir en un escenario de pocos días, de un aniversario que tenemos todo el derecho de celebrar y del cual sentirnos orgullosos como pueblo, el 18 de octubre de 2019. y el inicio de un proceso claramente histórico- con el Plebiscito del 25 de octubre- que, en una solución de continuidad, debe abrir camino a las esperanzas ciudadanas.
La trascendencia del proceso constituyente en marcha tiene entonces un sentido patriótico y democrático de sin igual trascendencia y magnitud.
Nunca en la historia de Chile, la ciudadanía, el pueblo colectivo habían sido llamados a constituirse en el “poder constituyente”, en los redactores, soñadores, protagonistas de su propio destino democrático e histórico.
Eso es sin duda lo que duele a las oligarquías de hoy y sus voceros políticos, la fronda derechista de la UDI o de RN, el pinochetismo recalcitrante y las jaurías paramilitares, que amenazan con un baño de sangre a los manifestantes y partidarios del “Apruebo”, a vista y paciencia de Carabineros y los aparatos de “inteligencia” que dependen del UDI ministro del Interior, Víctor Pérez, los gremios empresariales), los poderes fácticos.
No solo les asusta, sino que les molesta que los ciudadanos asuman su poder de mayoría democrática, y la responsabilidad de elaborar con su esfuerzo y su sabiduría la Carta Magna de su país, que tenga en cuentas los intereses de las mayorías y las demandas populares.
Ellos, que durante toda la historia han pretendido ejercer el monopolio del quehacer político, de la imposición de leyes a su antojo, conveniencia y beneficio, siguen amenazando con el látigo de “gran señor y rajadiablos”, tanto como el ejercicio monopólico del poder y de las ganancias, proclamando que tendrían algo así como el “derecho divino”, a la propiedad y las riquezas, el poder o la represión, en algunos casos el genocidio de los pueblos originarios, los trabajadores y los jóvenes estudiantes, los que se rebelen, los descontentos.
Por ello es que la Derecha pretende negarle a la mayoría nacional ejercer su derecho político fundamental, decidir por lo que consideren lo mejor para Chile, y pretenden mantener para ellos el supuesto derecho a ser los únicos autorizados a redactar el nuevo texto e imponer sus intereses, por ejemplo en la Convención Mixta, con el instrumento espùreo de un quórum de los dos tercio (un 66 por ciento de los miembros del órgano constituyente), para la aprobación de artículos, capítulos o el texto general de la futura Carta Fundamental, o, lo que es lo mismo, se reservan para si, (y eso está en el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado) que para vetar, oponerse e impedir los cambios basta con un 33 más uno de los constituyentes, es decir una franca minoría.
Por ello también intentan, a través de su discurso, de sus provocaciones, de su prensa, desatar, como en los años 70, una nueva versión de una campaña del terror y el odio, de desfigurar las luchas populares, de manipular su carácter social y colectivas, de calumniar a los partidos y organizaciones populares y democráticas, y buscan sembrar o introducir factores de fraccionamiento, conflicto o contradicciones en su seno.
Caricaturizan la eclosión popular porque le tienen miedo a la fuerza y decisión de las mayorías nacionales, y lo que pretenden, en el fondo de sus estrategias y maniobras es, satanizar, ya que no han podido impedirla, la expresión nacional del malestar ciudadano, y poner trabas a su constante lucha por la libertad, la justicia social, los derechos humanos y el perfeccionamiento de la democracia.
Está en germen una versión de la “guerra civil”, desatada por los grupos paramilitares de la Derecha de hoy, tan parecida en objetivos, estrategias y tácticas a la derecha golpista, pinochetista de ayer.
La batalla por una Nueva Constitución entonces forma parte de un proceso histórico de lucha del pueblo chileno, en defensa de sus libertades y sus derechos sociales, políticos, democráticos.
Por ello el deber patriótico es participar en todo el proceso, asegurar su presencia en la votación del 25 de octubre, ejercer su derecho y deber ciudadano marcando la opción “APRUEBO”, y la opción “CONVENCIÓN CONSTITUYENTE”.
Solo así podemos avanzar en la construcción de un Chile libre, democrático, justo y solidario, una sociedad que respete a todos sus hijos, y garantice un futuro de igualdad, derechos, justicia, y progreso.
Por Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 30 de septiembre 2020
Crónica Digital
