Un total de mil 191 candidaturas fueron aceptadas por el Servicio Electoral de Chile para la elección el 11 de abril próximo de los 155 integrantes de la Convención Constitucional que redactara la nueva Constitución.
El listado fue hecho público este sábado por el Servicio Electoral (Servel), el cual informó que en total se presentaron por partidos, organizaciones e independientes,
mil 463 propuestas, pero 177 fueron rechazadas y 95 declaradas inadmisibles.
La entidad informó que las causas de los rechazos fueron entre otras, no suscribir los candidatos su declaración jurada ante notario o faltar la declaración de intereses y patrimonio.
En muchos casos se debió a que los interesados se presentaron como independientes, pero aparecían en los registros del Servel con afiliación a distintos partidos políticos, mientras que otros no alcanzaron el mínimo de apoyos y hubo algunos que aparecían en más de una lista.
Según alertó el Servel, al quedar fuera un integrante, algunas listas perdieron la paridad de género exigida por el procedimiento, por lo que todos sus compañeros podrían quedar inhabilitados si no se subsanan los errores oportunamente.
Ahora los postulantes que fueron rechazados tendrán cinco días para hacer cualquier reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones.
Entre las candidaturas aceptadas, medios de prensa dan cuenta de una amplia diversidad que incluye a políticos de todas las tendencias, intelectuales, periodistas, actores, dirigentes sociales, sindicales y estudiantiles, juristas y otros profesionales.
De entre los mil 191 candidatos deberán ser elegidos los 155 constituyentes que tendrán a lo sumo un año para redactar la nueva Constitución, tal como aprobó el 78 por ciento de los votantes que participaron en el histórico plebiscito del 25 de octubre de 2020.
La aprobación de una nueva carta magna y su redacción por una Asamblea Constituyente fue una de las grandes demandas de los millones de ciudadanos que participaron en la revuelta que estalló el 18 de octubre de 2019.
Si finalmente es aprobada una nueva ley fundamental, echaría abajo a la actual, que fue impuesta en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que mantiene su esencia aunque fue objeto de algunas modificaciones en los últimos 30 años.
Santiago de Chile,
