No hay plazo que no se cumpla, y como para comprobar esta regla inexorable llegó el día en el que los miembros electos de la Convención Constitucional han hecho el juramento para tomar posesión de sus cargos, instalando formalmente el nuevo órgano que deberá redactar la Carta Fundamental. Finalmente está ocurriendo aquello que anhelamos desde la restitución del sistema democrático, sino antes. Durante el domingo, la crisis sanitaria pasó a un tercer plano, las amarguras originadas por la crisis económica y social fueron momentáneamente olvidadas y toda la atención se volcó al puntapié inicial del trabajo de la Convención. Estamos en tierra derecha.
Algunas observaciones respecto de los aspectos materiales y simbólicos que deberíamos considerar de la organización del evento. En cuanto a las instalaciones que acogieron a los miembros de la convención, se notó una sobriedad franciscana, muy cercana a la pobreza si lo comparamos con los ostentosos despliegues de la actividad parlamentaria y presidencial. Esto seguramente responde a la intención del Ejecutivo de contener las expectativas sobre las definiciones financieras para el funcionamiento de la Convención, aún pendientes.
También fue notoria la persistencia del gobierno en el despliegue de los aparatos de seguridad pública, donde se priorizó la contención agresiva de manifestantes, pero se dejó expuesto el sitio del evento y a los participantes, con lo que aumentó el riesgo de incidentes graves que pudieran impedir el desarrollo exitoso del evento. Es malo desconfiar de entrada, dicen, pero había muchas otras formas de organización para asegurar la tranquilidad que se requería para cumplir el objetivo.
El silencio también comunica, sobre todo el de Sebastián Piñera, pues su pulsión de figurar al centro de los acontecimientos es bien conocida. Aunque era muy poco recomendable que emitiera un mensaje al pueblo chileno con motivo de la primera sesión del órgano constituyente, de haberlo hecho no hubiese sorprendido a nadie. Si alguien lo echó de menos, puede imaginarlo espiando tras un árbol en actitud furtiva, provisto de un bigote falso y anteojos.
Por último, llamó la atención el modelo elegido para realizar la votación, poco eficiente, pues cada miembro debía caminar por una pasarela y depositar su voto, generando un peculiar desfile de modas, clases y etnias, dando cuenta con ello de una distribución demográfica de las representaciones nunca antes vista en la política nacional. Aquellos que notaron eso y sintieron satisfacción o alegría, lo hicieron más que justificadamente.
De lo acontecido en la esfera de lo político, lo técnico y lo programático, podemos sacar algunas conclusiones, levantar pequeñas hipótesis y plantearnos varias dudas.
Vimos a una izquierda representada por nuevos rostros, muchos de los cuales pasaron directamente desde las protestas callejeras a la Convención Constituyente. Empoderada y consciente de su ventaja, como también de los desafíos e incertidumbres que le aguardan, especialmente para aquellos se estrenan en las artes de lo político. Con ese respaldo, se dió una caballerosa disputa por el control del órgano, donde hubo buen cuidado de romper cristales y privilegiar la cooperación.
Los representantes de la derecha, como era suponible, mantuvieron un bajo perfil durante la primera sesión, con la excepción, quizá, de los reclamos de Teresa Marinovic, profundamente irritada por los incidentes gatillados tras la tensión entre manifestantes y carabineros.
El impass mencionado fue una prueba superada, pues los miembros y los asesores del Tricel acordaron las condiciones para retomar la sesión, demostrando una capacidad de reacción conjunta y coordinación que no era obvia. Por ello vale destacar el ejercicio de inteligencia política dentro del nuevo órgano desde el primer día. Es buena señal.
Una vez constituida la Convención y elegidas presidencia y vicepresidencia, se pusieron las primeras cartas sobre la mesa, abrió un canal de presión hacia el Ejecutivo, marcado, esta vez, por la solicitud de amnistía para los presos de la revuelta, asunto central sobre todo en el ecosistema que habita la Lista del Pueblo y en los sectores progresistas. Con esto se coronó el capítulo de incidentes protagonizados por manifestantes, en que los líderes recién electos del órgano enviaron un contundente mensaje al gobierno y los sectores conservadores, dándole continuidad a la épica del estallido social y poniendo en valor el rol que han jugado las y los manifestantes.
De lo anterior podemos suponer que la Convención no se limitará a ejercer las funciones que enumera el acuerdo firmado por parte de los partidos políticos, acotada al mandato de redactar una Nueva Constitución. La Convención será un actor político y es probable que, en adelante, los espacios que se definan en disputa generen diferencias dentro de las alianzas que hasta ahora se han formado en torno al pacto FA–PC con 28 miembros y la Lista del Pueblo, que cuenta con enorme poder de influencia a través de sus 27 miembros elegidos. Este poder, de ser bien operacionalizado en las discusiones pendientes, podría significar una ventaja relevante, para lo cual se requiere, por supuesto, de altos niveles de cohesión interna y disciplina en lo programático y comunicacional.
Respecto de la diferencia de planes entre el PC y el FA, que optaron por alternativas distintas para la elección de la presidencia de la Convención, hay que constatar que, al contrario de lo que han opinado algunos analistas, esto no significa necesariamente un quiebre o conflicto en el pacto, que podría estar trabajando con algún grado de flexibilidad, lo cual es un factor que refuerza su línea de flotación y aumenta sus posibilidades de responder a la contingencia.
Por otro lado, hay varios asuntos que aún no pueden ser resueltos, y que cuya relevancia para el funcionamiento de la Convención y los alcances del trabajo que llevará adelante, genera ansiedad ambiental, lo que podría gatillar acciones o expresiones poco meditadas desde cualquiera de los asientos de la sala. Pero eso ya lo veremos.
Lo que ya nos va quedando claro es que el Ejecutivo no está haciendo muchos esfuerzos por cumplir el compromiso adquirido a través del Decreto Ley que dio vida oficial al proceso constituyente, originado en el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, el cual llaman sistemáticamente a respetar. Por cierto, la Convención no puede trabajar sin infraestructura. Al no operar con diligencia en la tarea de entregar las necesidades mínimas de infraestructura administrativa para el funcionamiento del órgano constituyente se está dificultando el desarrollo del proceso, retrasando el complejo tránsito de la instalación. Esto, intencional o no, está funcionando como una táctica de distracción, que obliga a la Convención a encargarse de problemas domésticos, perimetrales a su misión.
Está pendiente la creación del reglamento con que funcionará formalmente la Convención, para lo cual es necesario crear primero una Comisión de Reglamento cuyos miembros, puede suponerse, deben contar con algún grado de formación jurídico–administrativa, cuestión que excluye a una parte de los constituyentes y obliga a negociar en tiempo record quiénes serán los miembros de la comisión. Tal negociación podría (lo hará) sacar a flote las diferencias que pesan sobre las limitaciones impuestas a través del Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, que al definir al órgano como un “poder constituyente derivado”, debe adecuarse a las reglas existentes definidas en la actual Constitución, a la que se incorporaron los puntos del acuerdo. Esto es distinto de un “poder constituyente originario” o “soberano”, que puede partir de cero para crear su propio reglamento y atribuciones.
En este escenario, está, por un lado, el bloque constituyente de derecha + gobierno, cuya desventaja numérica y discursiva obliga a la cautela, cohesión y solidez en las acciones. El bloque entiende esto y ve en la definición del reglamento su primera gran batalla, que vienen peleando desde hace meses, en la voz de miembros bien capacitados como Constanza Hube, abogada constitucionalista y académica, cercana a Libertad y Desarrollo.
En la vereda opuesta están los 34 firmantes (incluida la Presidenta Elisa Loncón) de la declaración que llama a desconocer el “Acuerdo”, articulados en torno a la “Vocería de los Pueblos”, cuyo norte es destrabar el potencial operativo del órgano, a través de una agenda abierta que pretende hacer efectiva la soberanía popular.
El resto de los miembros con domicilio a la izquierda plantean visiones diversas sobre la polémica, que van desde un rechazo tajante a la propuesta de desconocer el acuerdo, como es el caso de Fuad Chaín (DC) y Yasna Provoste, pasando por la crítica moderada de Agustín Squella y Durresti, hasta la posición de apertura para discutir un reglamento no condicionado proveniente desde el RD y el Partido Comunista.
Entre los asuntos por definir, uno de los más relevantes es la definición del financiamiento de la Convención Constituyente. Hasta el momento, lo concreto son los montos globales aprobados en el presupuesto 2021 destinados al funcionamiento del órgano y el monto del sueldo de los miembros elegidos (2,5 millones). Mientras que el monto de las asignaciones individuales con lo que podrán contratar asesores y cubrir gastos operativos que corresponderán a cada miembro no se ha definido, pero se calcula en 1,5 millones. El monto de asignaciones definitivo será determinado en el reglamento que creará la Convención Constitucional.
Sin embargo, este ítem ha sido considerado insuficiente por miembros de la Lista del Pueblo. ¿Por qué? Si bien un sueldo de 2,5 millones es alto dentro del mercado laboral chileno, resulta bajo para el estándar parlamentario, cuyos sueldos brutos alcanzan los 9.349.851 millones de pesos. A esto se suma la asignación parlamentaria, que en el caso de los senadores es de 6.454.000 millones de pesos, a lo que se añade otra asignación para contratación de personal que asciende a 8.536.325 millones, más una asignación para contratar asesorías externas de 3.538.507 millones. Entonces el sueldo y asignación constituyentes (posiblemente alrededor de 4 millones) está lejos de permitir un despliegue técnico y operativo similar al parlamentario. Ahora bien, los constituyentes respaldados por partidos tradicionales y/o capitales privados podrán superar esta brecha financiera sin demasiados inconvenientes, lo cual constituirá una ventaja importante frente a aquellos que solo contarán con el sueldo y la asignación, que deberán distribuir entre arriendo de oficinas, asesorías, viáticos y difusión entre otros. Usted puede sacar la cuenta.
La partida de la Convención Constituyente puso de manifiesto que el empoderamiento ciudadano, la revitalización de nuestra empatía y el sentido de apropiación de nuestro destino compartido siguen gozando de robustez, pues son la fuente de energía del proceso constituyente.
Queda mucho camino desconocido por recorrer y aún no hemos abordado la agenda de cambios profundos que gatilló este proceso, inspirada en visiones compartidas, en la voluntad de concretar nuestros ideales y el convencimiento de que esta es la oportunidad para hacerlo, para ver materializados los principios en que creemos y que afirmamos. Cuidemos con esmero este proceso, vigilando cada paso, hasta que podamos ver en kioscos la nueva Carta. Entonces celebraremos.
Por Marcelo Cárdenas Álvarez. El autor es Secretario General del Partido Progresista de Chile. Publicista, Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Magister (c) en Ciencia Política y Pensamiento Contemporáneo.
Santiago, 7 de julio 2021.
Crónica Digital.
