Señor Gabriel Boric Font
Presidente de la República
Presente
Nos dirigimos a usted como madres de presos políticos de la revuelta con el objetivo de exponer la grave situación que viven nuestros hijos Matías Elías Rojas Marambio, Benjamín Alexis Espinoza Gatica y Jesús Alejandro Yietro Zenteno Guiñez quienes han tenido que enfrentar un difícil proceso judicial en calidad de imputados, acusados y luego absueltos del llamado caso Hotel Principado. Estuvieron por más de 2 años en prisión preventiva en el CDP Santiago 1 y más de seis meses con arresto domiciliario. En este periodo sufrieron la vulneración constante de sus derechos fundamentales, incumpliendo el amparo garantizado en los tratados internacionales ratificados por Chile. Este complejo contexto carcelario, afectó su salud integral, al estar alejados de sus seres queridos y vivir a su corta edad los efectos de una injusta prisión, en condiciones inhumanas como usted pudo verificar personalmente cuando los visito mientras era diputado.
Como es de público conocimiento, nuestros hijos fueron detenidos y acusados por agentes encubiertos razón por la que el pasado 12 de noviembre de 2021 la Corte Suprema, anuló parcialmente el juicio y decretó que lo actuado por la policía el día 12 de noviembre de 2019 era ilegal, ordenándose la realización de un nuevo juicio, en el cual fueron absueltos el 14 de Junio. A pesar de esto, el 28 de junio el Octavo Juzgado de Garantía emitió una orden de detención en contra de nuestros hijos, basada en la anterior sentencia ya anulada. Es por esto que nuestros abogados presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones que lamentablemente fue rechazada. En estos días es altamente preocupante la presencia de personal de civil en nuestras casas amedrentándonos, especialmente considerando el hecho de que existe certeza de la participación de los llamados “intramarchas” en las detenciones y luego como testigos en las audiencias. Estos procedimientos fueron realizados sin contar con autorización de un juez de garantía y tampoco la orden de un fiscal. Informamos respecto a la actuación de los abogados del Estado que, en este caso, se sumaron a la petición absolutamente desproporcionada del Ministerio Publico que solicitaba entre 25 a 30 años de condena.
En esta ocasión además, es de nuestro interés informar, sobre las graves irregularidades que se han presentado en los casos de Francisco Hernández y Jordano Santander en las cuales ha incurrido tanto Tribunales como Gendarmería de Chile, que contraviniendo lo establecido por el ordenamiento jurídico y el debido proceso han incurrido en condena injusta en ambos casos e impidiendo beneficios carcelarios, lo cual se ha traducido en un ensañamiento, ratificando de esta manera la existencia de la prisión política en Chile.
En el caso de Francisco Hernández, hoy preso en Colina 1, el Tribunal en reiteradas ocasiones ha prorrogado su audiencia y ha desestimado la pena mixta, impidiendo a Francisco cumplir su pena en libertad y estar con su padre enfermo de cáncer. Tribunales se ha basado en informes que Gendarmería ha presentado con retraso, con información errónea y contradictoria de acuerdo con la hoja de vida y comportamiento de Francisco.
En cuanto a Jordano Santander, Gendarmería se ha arrojado la potestad de recalificar su delito, lo cual ha implicado que Jordano ya no pueda optar a su salida dominical. Le solicitamos a su excelencia Presidente de la República que instruya a Gendarmería a regularizar estos dos casos y también a firmar el indulto presidencial que ha solicitado Jordano Santander, Cristian Cayupán y todos aquellos indultos ya presentados a Gendarmería por las y los abogados de los presos políticos de la revuelta.
El año 2021 durante la huelga de hambre que realizamos las madres, usted estableció a través de las palabras del actual ministro Giorgio Jackson, la promesa como futuro gobierno de realizar los máximos esfuerzos por terminar con la injusta prisión de cientos de jóvenes. Apelamos a los compromisos adquiridos respecto a reconocer la existencia de prisión política en nuestro país, así como impulsar y concretar medidas orientadas en lograr el término de la persecución político penal y la
consiguiente libertad de nuestros hijos a través de mecanismos como los indultos presidenciales, el retiro de querellas u otros tales como impulsar proyectos de ley.
Como madres tememos por la vida e integridad de nuestros hijos, así como por la afectación que esta persecución ocasiona en la salud física y mental de nuestras familias. Hasta el día de hoy esperamos algún algún tipo de apoyo o acompañamiento desde la institucionalidad, considerando que han sufrido torturas, hostigamiento, denegación de derechos fundamentales como acceso a salud, alimentación, educación. Muchos de nuestros hijos han sido absueltos luego de pasar años en prisión preventiva, cumpliendo penas anticipadas vulnerando el derecho a presunción de inocencia.
Hemos señalado y demostrado reiteradamente que nuestros hijos son jóvenes sin antecedentes previos, estudiantes universitarios que como muchos jóvenes se expresaron para pedir mejores condiciones de vida para toda nuestra sociedad, esperanzados en que en Chile se garanticen los derechos sociales, el respeto a los derechos humanos y justicia, tal como ha quedado plasmado en la actual propuesta de Constitución
Luego de las elecciones recientes y del término del proceso constituyente nos parece ética y moralmente inaceptable que en nuestro país aún existan presos políticos, más aun cuando fueron protagonistas y gestores de la posibilidad histórica de generar las condiciones para escribir un nuevo futuro para millones de chilenas y chilenos.
Esperando una pronta solución a la situación de nuestros hijos y de todos los presos políticos de la revuelta, se despiden
Elsa Marambio, Jacqueline Gatica y Jovita Guiñez Madres de presos políticos caso Hotel Principado.
Santiago de Chile, 7 de julio 2022
Crónica Digital
