Nos encontramos a pocos días de cumplir los 50 años del golpe cívico – militar con Augusto Pinochet a la cabeza. A partir de ese momento nuestro país se transformó en un infierno para todos los militantes y simpatizantes de la Unidad Popular, sin dejar fuera de la ola represiva a los allendistas y chilenos que apoyaban al gobierno popular.
Miles de compatriotas, hombres, mujeres, niños, adolescentes y ancianos fueron detenidos, secuestrados, y llevados a centros ilegales de detención y tortura donde pudieron palpar lo que un ser humano guiado por el fanatismo, con el odio y el poder, es capaz de hacerle a otro ser humano.
Muchos no sobrevivieron y terminaron siendo ejecutados o hechos desaparecer, transformándose en mártires, no de todos los chilenos, sólo mártires de su familia y sus compañeros. Para un porcentaje bastante alto de sociedad fueron sólo los “lamentables costos que se debió pagar, para salvar al país del marxismo”.
Para los que lo sobrevivieron, lo hicieron cargando profundas huellas físicas y psíquicas que destruyeron sus proyectos de vida para siempre. Ningún ser humano que pasa por esas experiencias desgarradoras sale incólume de ellas. Considerando, además, que quedaban marcados para siempre, transformados en parias, sin posibilidades de seguir estudiando o de encontrar un trabajo estable, que les permitiera solventar las necesidades propias y las de su familia, hasta el día de hoy.
Muchos de sus amigos, vecinos y familiares movidos por el terror de pasar por lo mismo, tomaron distancia, negándoles muchas veces hasta el saludo, con lo que la orfandad, indefensión y marginación social fue lo que caracterizó sus vidas, durante todo el periodo dictatorial, lo que no cambió sustantivamente con el retorno de la “democracia”.
Un alto porcentaje de los sobrevivientes no alcanzó la libertad, pasando muchos meses y años en prisión, otros fueron relegados o expulsados del país condenados a vivir en el exilio. A esta altura muchos de los nuestros han encontrado sepultura en los países que los acogieron. Todo eso no fue por elección propia, sino que obligados por circunstancias que no les permitieron el retorno.
En estas condiciones nos encuentra el retorno a la democracia, con una promesa “la alegría ya viene”. No entraré ni profundizaré en esto, ya está claro que la promesa nunca fue cumplida, que la alegría nunca llegó, al menos no para el pueblo y menos aún para las víctimas sobrevivientes de la prisión política y tortura. Afirmo esto pues el primer gobierno postdictadura de Patricio Aylwin, sólo consideró a las víctimas de secuestro y tortura con resultado de muerte o desaparición forzosa.
La Concertación realizó su primer evidente acto de negacionismo al no considerar a los sobrevivientes de los centros de tortura cómo víctimas del terrorismo de estado. Sin considerar que la tortura es un grave crimen de lesa humanidad, es decir que no solo afecta al que la sufre, sino que afecta a la humanidad toda. Así lo establece el derecho internacional humanitario. Tuvieron que pasar quince largos años hasta que, producto de la presión ejercida por las organizaciones de las propias víctimas sobrevivientes y además por el interés de firmar tratados internacionales comerciales, que condicionaban la aceptación con no tener deudas en el ámbito de los derechos humanos.
Es así como el expresidente Ricardo Lagos elabora una ley de reparación “austera y simbólica” que no considera los tratados internacionales suscritos por Chile, los que con claridad establecen los lineamientos que deben contener estas medidas reparatorias, para cumplir a cabalidad con los compromisos del derecho internacional humanitario.
Pero no fue así, la aberración más grave está contenida en su artículo 15, que establece el secreto de 50 años sobre los antecedentes entregados por las víctimas a la Comisión. Dicho artículo, favoreció y potenció la impunidad, de la que ya habían gozado los criminales por décadas, revictimizando a los afectados, por la clara intención del Estado de renunciar a su obligación de garantizar la justicia penal, asegurando juicio y castigo para los criminales que cometieron estos graves y aberrantes delitos, renunciando con esto además a una de las más importantes medidas, cómo garantías de no repetición.
Las reparación se centra en mezquinas y débiles medidas de rehabilitación en el ámbito de la salud con un programa insuficiente e ineficiente de salud, PRAIS, de la educación (beca Valech, con la que hicieron un suculento negocio ciertas instituciones privadas de educación), y de la previsión (pensión Valech, que su valor no supera la línea de la pobreza), dejando de lado lo más importante que establece el artículo 14 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes: el derecho a una INDEMNIZACIÓN justa y adecuada, de acuerdo al daño causado.
Este artículo otorga a los afectados la categoría de sujetos de derecho, por lo tanto, Chile tiene la obligación de INDEMNIZAR, a las víctimas sobrevivientes (cómo también a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados), sin embargo, durante 33 largos años, nos han negado este derecho. Ningún gobierno post dictadura ha tenido la voluntad para resolver políticamente este tema. Una nueva ley de reparación que corrija las deficiencias de la anterior, y entregue una indemnización justa y adecuada que llegaría a todos los sobrevivientes.
Esta actitud de los gobernantes ha obligado a las víctimas, envejecidas, enfermas y empobrecidas a judicializar la búsqueda de justicia tanto en el ámbito penal cómo civil, con todas las limitaciones que esto representa. Lo que no sólo debería avergonzar a los diversos gobiernos que han administrado el país, sino que también la sociedad en su conjunto.
En esta judicialización, han debido enfrentar a jueces que, desconociendo el derecho internacional, aplicaban la prescripción extintiva, denegándole la justicia a miles de exprisioneros políticos, obligándolos a recurrir a instancias de la justicia internacional, en juicios que se alargan por décadas, lo que es sin duda alguna una nueva revictimización. La denegación de justicia fue un duro golpe, una clara nueva revictimización, imposible de entender. Los sobrevivientes se sintieron nuevamente en la más absoluta orfandad e indefensión con un sentimiento profundo de impotencia.
Con el tiempo los tribunales han ido cambiando su visión, por lo que hoy mayoritariamente reconocen la obligación que tiene Chile para con las víctimas sobrevivientes, lo que queda reflejado en los fallos dictados por los tribunales, en las demandas presentados por los afectados que ordenan al estado el pago de la indemnización. Pero parte importante de esa indemnización (a veces muy mezquina) va a dar al bolsillo de los intermediarios (abogados), en menoscabo de los intereses de los sobrevivientes que logran demandar.
Es importante establecer que al menos un tercio de las víctimas sobrevivientes ya fallecieron esperando esa justicia que nunca llegó para ellos, otro tercio tiene ochenta y más años, lo que indica una corta esperanza de vida y el restante tercio en su gran mayoría ya sobrepasan los setenta años.
Sin embargo, los Gobiernos post dictadura se han negado a corregir las falencias de la Ley Valech, habiendo tenido en gran parte de sus gobiernos mayoría parlamentaria. Peor aún, cada día se sufren nuevas exclusiones de otros beneficios o bonos asistenciales generales a causa de tener la pensión Valech, como también del acceso a la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la injusta incompatibilidad con la pensión de exonerado político.
Somos la MEMORIA VIVIENTE, sin embargo, seguimos siendo parias, viviendo mayoritariamente en situación de indigencia, abandono y orfandad, el Estado de Chile no ha perseguido la responsabilidad penal, de ni un solo torturador, tarea que hemos debido asumir los propios sobrevivientes, con todas las dificultades que esto implica, y además y cómo si esto fuera poco, los gobiernos se han negado a elaborar una ley de reparación, que establezca el derecho a la indemnización, como manda el derecho internacional.
No somos mendigos, no buscamos caridad, exigimos simplemente, que se respete nuestra condición de SUJETOS DE DERECHO, y el estado cumpla con la obligación que le impone el derecho internacional suscrito por Chile, de repararnos en forma justa y adecuada y que la reparación moral se refleje en un trato respetuoso a los sobrevivientes.
Por todo lo anteriormente expuesto, nos llama de sobremanera la atención, ver el auge que toma en diferentes sectores políticos la “conmemoración de los 50 años”, con sentidos y emotivos discursos, se organizan actividades para mantener viva la memoria, sin embargo, estos mismos sectores, sistemáticamente se comportaron como negacionistas y han apoyado por acción u omisión la impunidad y han sido indiferentes a las demandas de los/as sobrevivientes.
Personajes que nunca por décadas, ni en sus discursos ni en sus acciones, han tenido una actitud de apoyo real a las demandas de los miles de víctimas sobrevivientes que son justamente la MEMORIA VIVIENTE. Esa memoria viviente que fue invisible para ellos y que por tantas décadas han ignorado. Salen ahora con conmovedores discursos, con motivo de los 50 años del golpe cívico – militar. A esto le llamamos hipocresía pura y dura.
Mandatarios y militantes de los partidos de “izquierda” que nunca acogieron ni vieron la legitimidad y urgencia de nuestras demandas, que nunca presionaron por, o tomaron iniciativa efectiva alguna que permitiera cambiar nuestra situación, hoy vociferan sobre la importancia de mantener la memoria, mientras la memoria viviente seguía invisible o poco importante para ellos. Morbosamente sólo hemos sido importantes para relatar nuestras trágicas vivencias, ya sea para exponerlas en algún museo de la memoria con el cual justifican su sensibilidad y compromiso con el tema o para hacer ganable algún proyecto de alguna “fundación” u ONG ligada a sus intereses.
Es importante que sepan que hay un muy alto porcentaje de víctimas, de sobrevivientes de la prisión política y tortura, que no estamos entusiastas para acudir al llamado de conmemoración de los 50 años.
Seguiremos luchando al margen de los partidos políticos que otrora, fueron nuestra cuna política y en los cuales algunos aún militan, conscientes de nuestra soledad, hasta lograr una plena reparación, incluida restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, conscientes de que probablemente en esto se nos vaya la vida, así como a muchos ya se les fue sin recibir la justicia penal y civil a la cual tenían derecho y se les denegó. Este es y será el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros mártires, homenaje que hemos rendido con nuestra incansable lucha sin descanso cada día y por muchas décadas.
Lo nuestro han sido 50 años de constante lucha, cuyas huellas nos marcan cómo las que de verdad han permitido que esa memoria tenga continuidad hasta el día de hoy. No cómo aquellos que cuando de pronto se cumple una efeméride y recién se le viene a la memoria la necesidad de recordar. No basta recordar hay que actuar en consecuencia, quien sólo recuerda y NO actúa en consecuencia no deja ningún legado. Simplemente es una acción efectista de consumo para un momento de la historia sin lograr echar raíces en ella.
A 50 años, seguimos exigiendo verdad, justicia y reparación.
Nelly Cárcamo V., Presidenta Nacional de la UNExPP de Chile
Santiago de Chile, 3 de agosto 2023
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