Con 54 votos a favor y 7 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la petición encabezada por los diputados Lautaro Carmona (PC) y Yasna Provoste (DC), y que contó con la firma de 60 parlamentarios, quienes solicitaron crear una Comisión Especial Investigadora sobre Subvención Escolar Preferencial (SEP), para que investigue, a partir del Informe de la Contraloría General de la República, las irregularidades arrojadas por dicha auditoría; la fiscalización que el Ministerio de Educación debió ejecutar en esta materia y las querellas que debieron ser presentadas por el Consejo de Defensa del Estado.
La noticia, fue celebrada por el diputado Carmona, ya que son muchos los involucrados que se están viendo afectados actualmente por el tema de las subvenciones «es un hecho que espera la comunidad en general, y en particular la de Copiapó, el municipio de Copiapó no es el único que debe rendir cuentas respecto al uso de dineros SEP, así se ha pronunciado la Contraloría en distintos momentos, pero es el único que tiene un movimiento en huelga, en movilización, de parte de los profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados. Está de por medio ver si hay malversación, si hay omisiones, si hay mala contabilidad, y espero no lleguemos a otro tipo de situaciones que comprometan ya penalmente el ejercicio de quienes están a cargo de implementar los recursos SEP»
Según Carmona, el alcalde de Copiapó está desafiado públicamente por la comunidad educacional, pero no han obtenido respuestas, por tanto la Comisión Investigadora será la encargada de resolver el tema «lamentablemente no ha habido respuesta que sea comprensible, es más, se elude la respuesta frente a los medios, lo que agrava mucho más la angustia de no saber donde está la caja negra, por qué no hay respuestas claras ni hay pronunciamiento, menos hay solución a un tema tan serio que al día de hoy no se reciben los recursos en materiales que deberían haberlos recibido en marzo».
La instancia, que tendrá 180 días para elaborar el informe, deberá recabar información y determinar las responsabilidades involucradas, y remitir las conclusiones que se aprueben a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan, proponiendo medidas para corregir las presuntas irregularidades que se descubran.
Por Javier Cáceres
Santiago de Chile, 24 de julio 2014
Crónica Digital
