La huelga de hambre es un recurso extremo al que recurre alguien al ver que el diálogo razonable no opera.
Esta es la situación en que se encuentran ahora los dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, quienes desde el día 14 de noviembre de 2012 se encuentran empeñados en conseguir una reconsideración de su situación legal después de una sentencia por homicidio frustrado.
La revisión de esta sentencia por parte de la Corte Suprema ha logrado que se reconocieran diversos factores, con resultado de reducción de penas, pero creemos que con esto no se toca la esencia del reclamo que los huelguistas están dirigiendo al Estado chileno y a la sociedad chilena, al costo de su salud y eventualmente de sus vidas.
Este reclamo se refiere a la necesidad perentoria de que Chile reconozca algo que está plenamente documentado y que muy claramente lo ha expresado el recién laureado con el Premio Nacional de Historia, Jorge Pinto Rodríguez en entrevista en El Mercurio del día 2 de septiembre de 2012, donde afirma, refiriéndose a la CAM: “considero que sus demandas son legítimas, porque se inspiran en esa larga historia de abusos, atropellos y expropiaciones de tierras que tanto empobrecieron al Mapuche”.
El “problema Mapuche” entonces no es un tema simplemente policial o jurídico; es un tema político que implica reconocer que los Mapuche están embarcados en una causa que brota de la ocupación abusiva que hizo Chile de su territorio al sur del Bío-Bío, ocupación de la cual Chile hasta ahora no ha estado dispuesto a dar razón ni reparación.
Esto implica que ni Llaitul ni Llanquileo puedan ser tratados como delincuentes y mucho menos como terroristas y al mantenerlos en esa condición se hace que cada día sea más difícil llevar adelante el diálogo que está pendiente entre la Nación chilena y el pueblo Mapuche. Por lo tanto ponemos a consideración del país un camino de paz y de justicia bajo los siguientes predicamentos:
1.- La libertad inmediata e incondicional de Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo como forma de terminar con la huelga de hambre.
2.- Creación de una instancia de diálogo entre el Estado chileno y los representantes legítimos del pueblo Mapuche.
3.- Definición de una agenda común que pueda desembocar en un acuerdo que considere la autodeterminación y formas de representación y autogobierno del pueblo Mapuche.
4.- Recuperar para las comunidades los territorios Mapuche que en su gran mayoría se encuentran en manos de las forestales y reconocimiento del Tratado de Tapihue de 1825, vigente y no respetado por el Estado Chileno, aplicándose el principio «pacta sunt servanda «; vale decir, los tratados se deben respetar tal como ha sido la línea de Chile para todo conflicto internacional.
5.- Promover con urgencia una ley de indulto general a los presos por este conflicto territorial y, en lo inmediato, la consagración del debido proceso en las causas judiciales, término de la actual prisión preventiva prolongada e ilegal y acceso real a la defensa y a la Justicia para todos los integrantes de los pueblos originarios detenidos y procesados por defender sus tierras.
6.- Pleno respeto al Convenio 169 de la OIT, firmado y ratificado por Chile a fin que los pueblos originarios sean efectivamente consultados sobre las políticas y programas sociales y de inversión que les conciernen.
7.- Resguardo de la integridad física y psíquica de la niñez mapuche y cumplimiento de todos los compromisos establecidos por el Estado chileno ante el concierto internacional en materia de Derechos Humanos.
Nos parece que todo intento de diálogo por parte de algún organismo del Estado u oficina del Gobierno, por bien intencionado que sea, no llegará a buen puerto sino considera estos puntos, porque no se hace cargo de la demanda principal del movimiento y de la reparación del daño causado con la criminalización de estas demandas.
Tarde o temprano el país y el gobierno de turno tendrán que tener el valor de caminar en esa dirección.
Santiago, 27 de diciembre de 2012 a 43 días del comienzo de la huelga de hambre.
Firman el presente llamado:
§ Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional de Historia 2012.
§ Luis Álvarez Figueroa, Pastor Presidente Iglesia Evangélica Luterana en Chile.
§ José Balmes Parrón, Premio Nacional de Arte 1998.
§ Juan Pablo Cárdenas Squella, Premio Nacional de Periodismo 2005.
§ Raúl De la Puente Peña, Profesor de Estado, Presidente Nacional de la ANEF.
§ Viviana Díaz Caro, Premio Nacional de Derechos Humanos 2011.
§ Andrés Fielbaum, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH.
§ Sergio Grez Toso, Historiador y Académico de la Universidad de Chile.
§ Juan Guzmán Tapia, Jurista, ex Juez de la República.
§ Enrique Paris Mancilla, Presidente del Colegio Médico de Chile
§ Armando Uribe Arce, Diplomático, Premio Nacional de Literatura 2004.
§ Diego Vela Grau, Directiva Federación de Estudiantes de la Universidad Católica – FEUC.
Pastoral Mapuche Comisión Ética Contra la Tortura Santiago de Chile, 28 de diciembre 2012
Crónica Digital
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