La mujer relata que el lunes 6 de octubre, en horas de la tarde, llevó a su hijo a la posta rural de Sobraya, puesto que presentaba desde la tarde del día anterior un cuadro de diarrea y vómitos. La mujer con su pequeño fueron derivados al hospital Juan Noé de la ciudad de Arica. Allí fueron recibidos por una funcionaria, quien, según el relato de la madre, habría condicionado la atención del bebé al pago de 30 mil pesos. Al no tener dinero, situación que la mujer habría verbalizado en el hospital, la madre regresó a la posta rural, sin conseguir atención médica, lo que habría provocado el desenlace fatal. El INDH oficiará a los organismos correspondientes para que se investigue esta denuncia.
La Directora del INDH, Lorena Fries, llamó a las autoridades locales a investigar para conocer con exactitud lo que ocurrió en este caso. «Claramente esta guagüita estaba con un cuadro de emergencia y al parecer se le habría pedido que pagara antes de recibir la atención, cuestión que nosotros ya hemos constatado en nuestros informes sobre la situación de los migrantes en el norte», dijo Fries, lamentando una situación que corrobora la precariedad en el acceso a los derechos sociales que sufren los migrantes en Chile.
La Constitución Política del Estado de Chile reconoce a todas las personas, sin distinción alguna, entre otros derechos, el igual acceso a la protección de la salud, incluyendo el acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud. Adicionalmente, el Ministerio de Salud ordena desde 2008 «proporcionar a todos los niñas y niñas menores de 18 años extranjeros, atención de salud en los establecimientos de la red pública de salud, en igualdad de condiciones de sus pares chilenos». Esto, además del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que asegura este derecho y no habría sido considerado en esta ocasión.
Lorena Fries enfatizó que «claramente hay un sesgo en este caso, que tiene que ver con la falta de una legislación que establezca que los migrantes, cualquiera sea su situación, tienen un mínimo de derechos asegurados y, entre esos, está la urgencia frente a situaciones de salud. A nivel nacional las autoridades tienen que avanzar rápidamente hacia una legislación integral que asegure ese mínimo de derechos económicos y sociales a las personas migrantes. Chile se va a tener que acostumbrar a que cada vez será más diverso y, en ese sentido, lo que no puede pasar es que haya ciudadanos bip y ciudadanos que puedan ser descartables».
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