Detrás del rechazo a la versión oficial sobre el destino final de normalistas desaparecidos está la presunción de que la tortura fue un método utilizado para «esclarecer» el caso, valora hoy el semanario Proceso.
La publicación sostiene que la sospecha no se basa sólo en los hematomas y ojos hinchados de los acusados en vídeos y fotografías presentados por la Procuraduría General de la República (PGR), sino en evidencias asentadas en el expediente de la dependencia.
Padres de familia de los 43 desaparecidos y sus abogados cuestionaron la «verdad histórica» dada a conocer el 27 de enero por el procurador general, Jesús Murillo, basada en declaraciones de delincuentes, recuerda Proceso.
Cita un documento titulado Diez razones para no cerrar Ayotzinapa, en el cual los padres y abogados advierten que «la información de la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante el Ministerio Público que fácilmente pudieron ser coaccionadas, pues (…) en México la tortura es recurrente».
Asegura que las averiguaciones previas abiertas por la dendencia sobre el caso Ayotzinapa revelan la sistemática violación de los derechos humanos cometidos por uniformados de la Policía Federal y elementos de la Marina.
Reporteros consultaron los dictámenes médicos de 10 policías municipales de Iguala, detenidos el 14 de octubre en el Centro de Adiestramiento Regional de la Sexta Región Militar, en Tlaxcala, y otros tantos de Cocula.
El semanario asevera que «en sus declaraciones ministeriales hay una constante: prácticamente todos sufrieron golpizas, algunos incluso se desmayaron por los toques eléctricos; también fueron torturados psicológicamente para que se autoincriminaran o denunciaran a compañeros. Al final, todos fueron liberados».
Igualmente la publicación alude a David Hernández, un empleado de 20 años a quien el procurador Murillo identificó como radio-operador de Iguala,que durante los interrogatorios de la Policía Federal «confesó» que, con la clave A5 Abarca, ordenó por radio el ataque el 26 de septiembre pasado.
Y aunque el declarante admitió ser miembro del grupo criminal Guerreros Unidos -al cual presuntamente elementos de la policía federal entregaron a los normalistas, ejecutados e incinerados por sicarios de esa banda delincuencial-, la PGR ordenó la liberación de Hernández el 14 de octubre pasado, afirma Proceso.
Plantea el semanario que, de hecho, marinos y policías tardaban hasta 11 horas en poner a disposición del Ministerio Público a algunos detenidos y, de acuerdo con testimonios de los marinos, «los capturados se golpeaban solos».
Familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos están en Ginebra para que el Comité contra las Desapariciones Forzosas de la Organización de las Naciones Unidas aborden por primera vez el caso a partir de hoy, con vistas a que no se cierre el proceso y se aclaren irregularidades.
Prensa Latina
Crónica Digital, 2 de Febrero 2015
