Tras el otorgamiento del beneficio carcelario al autor del secuestro y homicidio de los tres militantes comunistas José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, un grupo de parlamentarios ingresó a la Corte Suprema el recurso “Amicus curiae” y evitar la libertad condicional del ex agente de la Dicomcar, Alejandro Sáez Mardones.
Hasta la Corte Suprema de Justicia llegaron los diputados Daniel Núñez (PC), Hugo Gutiérrez (PC), Leonardo Soto (PS), las diputadas Karol Cariola (PC) y Camila Vallejo (PC), junto a la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, para oficializar ante los tribunales de justicia el ingreso del recurso “Amicus Curiae”.
La acción judicial permite a una persona u organización que no siendo parte del juicio, poder intervenir al tener un interés en la resolución del litigio, ofreciendo así una opinión para la substanciación del proceso.
Para los parlamentarios, el recurso busca impedir que los crímenes de lesa humanidad cometidos por Alejandro Sáez, condenado a cadena perpetua por el denominado “Caso Degollados”, tengan algún tipo de beneficio carcelario.
El jefe de la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, diputado Daniel Núñez, señaló al respecto que la acción fue presentada ante la Corte Suprema “invocando las leyes internacionales que establecen lo que son las normas de los delitos de lesa humanidad, dado que este crimen horrendo bajo la dictadura, el degollamiento de los tres profesionales comunistas”.
“No corresponde que se haya entregado en la primera instancia esta libertad condicional o la posibilidad de libertad condicional a Alejandro Sáez Mardones, quien es uno de los condenados a cadena perpetua. Este es un hecho gravísimo, es un primer paso para que en Chile vuelva la práctica de la impunidad, porque violadores de derechos humanos, personas que han cometido los crímenes más atroces en cualquier país del mundo simplemente deben pagar la cárcel completa”, concluyó el diputado Núñez.
Por su parte, la subjefa de la bancada PC-IC, diputada Karol Cariola, manifestó que “nos parece impresentable que la justicia chilena esté relativizando las condenas que se han hecho de manera clara y definida a aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes tan terribles como los que vivieron nuestros compañeros que fueron víctimas, Nattino, Guerrero y Parada”.
En ese sentido, la diputada Cariola solidarizó con las familias y la apelación que han hecho para dejar sin efecto la libertad condicional. “Un delincuente como este no puede estar suelto en la calle, no puede caminar libremente, no puede tener este tipo de privilegios porque los crímenes de lesa humanidad deben ser condenados con toda la fuerza de la ley y más todavía cuando esto está suscrito al derecho internacional, así lo hemos planteado, en ese contexto es que respaldamos nuestra apelación”, concluyó.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, agregó estas acciones “son muy importantes para la causa de Derechos Humanos. Hace años se encuentra en el parlamento un proyecto de ley, particularmente en el Senado, que impediría aberraciones como esta. La falta de voluntad política de todos los poderes del Estado permite que hoy, violadores de DDHH puedan gozar de beneficios carcelarios”.
Para Lorena Pizarro, la libertad condicional otorgada a Sáez Mardones, es una “nueva ofensiva de impunidad, es el inicio de la posibilidad efectiva de que los genocidas empiecen a quedar en libertad, en cárcel especial. Hoy día nosotras estamos convencidas como organización que la tarea es clara y el Gobierno, el Parlamento y este poder judicial, tendrán que ver si están a tono de la justicia y la Democracia o van a seguir en complicidad con esta impunidad que finalmente los hace también cómplice de los crímenes”.
Finalmente, el abogado de Derechos Humanos, Boris Paredes, explicó que el recurso “Amicus curiae” permite que los diputados, como representantes de sus respectivos votantes, están afectados también por el incumplimiento que pretende el Estado frente al derecho internacional.
“El Estado tiene la obligación de juzgar y sancionar, y lo hizo pero ahora, mediante un recurso sacado bajo la manga, sin ninguna tramitación de juicio, se les pretende dar una libertad contraviniendo todas las normas de pena efectiva que exige el derecho internacional. No es bueno que Chile nuevamente aparezca incumpliendo, que nuevamente aparezca como una isla frente al derecho internacional, y por eso se está recurriendo y se le está pidiendo a la Corte Suprema que revoque este fallo”, concluyó el abogado.
Santiago de Chile, 21 de julio 2015
Crónica Digital
