Existía un mito en la ciudadanía: que los políticos eran unos “vendidos” a los grandes empresarios y que, por lo tanto, defendían los intereses de quienes los financiaban y no de quienes los elegían.
Con los acontecimientos político-judiciales que hemos conocido durante este año, esta idea mitológica ha adquirido en entidad real lo que ha profundizado la crisis de credibilidad de los políticos, del gobierno y de las instituciones en general (políticas, económicas, judiciales, etcétera), ambiente que se ha reflejado en las encuestas que muestran una cada vez más baja adhesión al gobierno y también a la posición.
La agenda de transparencia y probidad, con la pomposa comisión respectiva de por medio, no ayuda a resolver el problema de falta de confianza en la política, aunque sí colabora a modernizar el Estado, pero deja el problema moral y ético intacto. Con esto quiero decir que la crisis moral y ética que nos afecta no se soluciona con aspirinas legales y procedimentales que no contienen reconocimientos ni menos arrepentimientos. Buscan perdón y olvido, sin confesión de causa, puesto en otros términos.
La legislación anticorrupción puede ser un valioso intento por modificar la conducta moral y ética de los políticos, sin embargo la ciudadanía lo que parece buscar son medidas reparatorias de las confianzas rotas para, recién, recuperar la esperanza en la política y en las instituciones. Y que no se equivoque la derecha al pretender acatar al gobierno y sus figuras envueltas en los casos investigados mientras groseramente trata de ocultar y proteger a los suyos mediante operaciones de infame empate, incluso victimizándose debido a la acción de los tribunales. En temas morales y éticos no hay empates, por lo que me niego a renunciar al lenguaje moral que es indispensable usar para darle mayor significado a nuestra política. En este sentido, lo del Senador Orpis es extremadamente grave porque es la prueba viviente de este mito hecho realidad: los políticos obedecen a los grandes empresarios que los financian, y no al ciudadano común y corriente que los elige, como ocurrió con la ley de pesca, que a nuestro juicio debe derogarse.
No buscamos empates; buscamos que Chile se democratice y desarrolle. Una oposición responsable no puede sólo ver la paja en el ojo ajeno (esperando que algún escándalo salga de La Moneda), mientras no es capaz de ver la viga en el propio. El país necesita discusiones de altura. Nosotros tenemos la tarea de mejorar la política y esto pasa por no seguir defendiendo y administrando el sistema corrupto e injusto que instaló a sangre y fuego la derecha pinochetista y que algunos políticos de “izquierda caviar” han incluso profundizado. Los más jóvenes no podemos cargar con la responsabilidad de acciones y decisiones en las que jamás participamos.
Alguna vez escuche decir a un senador “no se ve bien, pero es legal”. Creo que algo que no se ve bien no puede ser legal. Por ejemplo, hay parlamentarios que ejercen esta labor desde que yo tenía 9 años; hoy tengo 34 y siguen en lo mismo: es legal pero no se ve bien. Entonces qué duda cabe que la legalidad no nos resuelve el problema moral. Lo que ciertamente es inmoral aunque no se viole ninguna ley es seguir postergando indefinidamente el tratamiento de algunos problemas sociales que afligen a miles de ciudadanos comunes y corrientes. Es inmoral no diferenciar entre problemas urgentes (vivienda popular, educación gratuita) y de calidad y los problemas importantes (debate constitucional y modernización del Estado). Quienes sufren en carne propia los primeros creen que lo que pasa en la política palaciega (en La Moneda y el Congreso) no tiene nada que ver con ellos, que es un reality más que ven en los noticiarios. Recuperar el sentido de la política desde la óptica de los ciudadanos es la verdadera labor de quienes participamos en la actividad política, por vocación y compromiso social. Es urgente impulsar una iniciativa legislativa que apunte a recuperar la sintonía de la política con las necesidades reales de Chile y su gente.
Hoy hay una mayoría que se siente postergada frente a una minoría política y económica privilegiada. Debemos reconocer y hacer algo concreto, por ejemplo, para enfrentar las dificultades de una salud pública que no está hecha para atender adecuada y oportunamente a la mayoría de los ciudadanos. Debemos reconocer de una vez por todas la diferencia que hay entre la política que tenemos y la política que necesitamos y la distancia que existe entre los grandes desafíos para salir a delante y la pequeñez de las acciones de la mayoría de nuestros políticos.
Desde el mundo de dónde vengo, les reitero que necesitamos una nueva forma de hacer política, que sea capaz de construir sobre lo que nos une y no sobre lo que nos divide. Chile, sin duda, se merece algo mejor.
Por Diego Ancalao
Vice Presidente del Partido Izquierda Ciudadana
Santiago de Chile, 9 de septiembre 2015
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