PRESENTAN DOS PROYECTOS DE LEY PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las propuestas legales apuntan a facilitar el acceso a la información pública de las personas con discapacidad, y por otro lado el que a las Universidades cuenten con materiales, infraestructura y tecnologías accesibles.

La Bancada transversal por la Inclusión de las Personas con Discapacidad presentó dos proyectos de ley que buscan apoyar la accesibilidad. “El primero establece la obligación de los establecimientos de educación superior para que sus bibliotecas posean materiales, infraestructura y tecnologías accesibles, de modo de hacerlas inclusivas para personas con discapacidad”, explicó la senadora Isabel Allende.

En la misma línea, agregó que “el otro proyecto, plantea modificar la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, para establecer la entrega de información a través de formatos accesibles, para permitir el acceso a dicha información”.

Cabe recordar que la semana pasada los senadores Isabel Allende (PS), Juan Pablo Letelier (PS), Hernán Larraín (UDI) y Antonio Horvart (IND)  conformaron esta bancada, y dieron una conferencia de prensa junto a Boris Araos, de la  “Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de las Personas en Situación de Discapacidad” y a José Perich, vocero de “Autismo Chile.

En la oportunidad, la parlamentaria socialista sostuvo que “el país, la sociedad chilena está en deuda con el mundo de la discapacidad porque ni siquiera cumplimos la normativa que el convenio internacional nos señala y en ese sentido podemos dar testimonio cuando uno ve la falta de accesos universales, de oportunidades laborales y de cultura en la sociedad chilena”.

Santiago de Chile, 22 de junio 2016
Crónica Digital 

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LA IMPUNIDAD NO PASARÁ

Mié Jun 22 , 2016
Primero fue la Corte Suprema, que concedió la libertad condicional a dos ex represores vinculados directamente al degollamiento de tres militantes comunistas; ahora es el Senado, que alista un proyecto de ley que otorga beneficios de excarcelación a todos los presos mayores de 75 años de edad y/o que estén enfermos, y aunque no lo digan todos entienden que se trata de una ley que beneficiaría sobre todo a los criminales que están recluidos en Punta Peuco. Las decisiones del alto tribunal de revisar estas condenas, pese a que jamás acogió un recurso de protección a las víctimas, así como la iniciativa legal que cuenta con el respaldo de 19 senadores de la derecha y la Nueva Mayoría, son pasos concretos hacia la instalación de la impunidad. Ya no les importa que no se conozca más verdad sobre el destino final de los detenidos desaparecidos o sobre cómo los prisioneros fueron ejecutados, tampoco les importa que la justicia haya sido tan esquiva, al punto que hay menos de un centenar de represores encarcelados. Ahora a estos últimos los quieren dejar en libertad. Aunque sean criminales múltiples, que nunca dijeron la verdad, que jamás cooperaran con la justicia, que hasta ahora ni siquiera estén arrepentidos, que la mayor parte del tiempo han estado en cárceles especiales, y con pleno respeto a sus derechos humanos. Los crímenes cometidos por estos represores son imprescriptibles, inanmistiables y no pueden ser indultados, según los convenios internacionales que Chile ha suscrito y que está obligado a respetar. Lo que se busca y se demanda es el cumplimiento de estas condenas, que ya son tardías y breves, para dar una señal política del rechazo del conjunto de la sociedad a los crímenes de lesa humanidad, no sólo del pasado, sino también a los crímenes del presente, para hacer así efectiva la exigencia de no repetición. A las organizaciones de derechos humanos no nos extraña que entre los impulsores del proyecto de la nueva ley de impunidad estén connotados senadores de derecha; ellos son los cómplices civiles de la dictadura, como es el caso del senador UDI Hernán Larraín, aliado público de la Colonia Dignidad y de quienes mandaban en ese lugar, todos criminales que hoy en su mayoría cumplen sentencias. Nos llama la atención, sin embargo, que la iniciativa sea suscrita también por senadores de la Nueva Mayoría, como el independiente PR Alejandro Guillier, los DC Manuel Antonio Matta y Andrés Zaldívar, y el PPD Eugenio Tuma, entre otros, ya que todos ellos forman parte de la coalición oficialista que presentó un programa de gobierno que, en su capítulo de Derechos Humanos, no incluyó iniciativas que apuraran la impunidad. Al contrario, selló un compromiso de avanzar en más verdad y justicia, que hasta ahora no ha cumplido. Londres 38, espacio de memorias, en un esfuerzo por poner freno a la impunidad y buscar nuevos caminos que conduzcan a más verdad y más justicia, interpuso en diciembre pasado una nueva querella para determinar la suerte de 85 personas […]

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