La destitución de la Rectora de la Universidad Estatal de Aysén, Dra. Roxana Pey Tumanoff, ha desatado de forma instantánea, a lo largo del país y a través del tejido social y político, una ola de expresiones abiertas de repudio ciudadano. Una reacción como esta sucede en muy contadas ocasiones y sólo en circunstancias de aguda crisis política. Es una cobarde venganza de un grupo de autoridades que se han propuesto frenar las reformas demandadas por la ciudadanía, comprometidas por la Presidenta Bachelet e impulsadas en forma decidida y muy eficaz por la Rectora Pey. Además, han instalado en altas esferas del poder una promiscuidad inaceptable con correligionarios que ejercen influencia sobre las políticas públicas en representación de intereses privados afectados por las reformas. Hay que poner coto a esta malsana relación que en los actuales niveles de indignación ciudadana resultan no sólo impropios y probablemente ilegales, sino también extraordinariamente irresponsables. Arriesgan precipitar una crisis política general que parece insinuarse a raíz este incidente.
Procedieron además sin cuidar las normas administrativas correspondientes o al borde de las mismas, a riesgo que su maniobra sea objetada por los organismos encargados de velar por la corrección en los actos de Estado. Pueden crear un problema no menor a las más altas autoridades de la Nación a quienes arrastraron en su torpe intento.
Pretendían con ello sancionar ejemplarmente a quien desde su rol de asesora del Ministro de Educación primero y luego como Rectora de la recién creada Universidad de Aysén, ha sido una de las voces más claras, fuertes y efectivas en insistir en una reforma de fondo en la educación.
A lo largo de su destacada carrera universitaria y como jefa de una importante división del Ministerio de Educación durante el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet, la Dra. Pey ha venido abogando con persistencia por terminar con el esquema de mercado inducido desde el Estado mediante cuantiosos subsidios a la demanda, y su reemplazo por un nuevo trato a todos los actores de un reconstruido sistema nacional de educación pública basado en el esquema de gratuidad.
A inicios del presente gobierno, la Dra. Pey encabezó el equipo de asesores del Ministro de Educación encargado del aspecto de calidad en la nueva ley de educación superior. Este trabajo culminó en una propuesta que vincula la calidad, crecimiento de matrículas y financiamiento, bajo el esquema de gratuidad, la que fue recogida en el borrador inicial del referido proyecto de ley. Lamentablemente, fue desvirtuada en sus lineamientos esenciales en el proyecto de ley presentado finalmente al parlamento.
El siguiente desafío que asumió en el equipo ministerial fue la preparación de la creación de la nueva Universidad de Aysén, rol que desempeñó sobre el terreno y en estrecha relación con la comunidad de la Región, lo que motivó que desde la misma se propusiera su nombre a la Presidenta para que fuese nombrada como primera Rectora, cargo que asumió en propiedad, en planta y por cuatro años, mediante decreto supremo promulgado el 1 de septiembre del año 2015.
La excelencia humana, académica y directiva mostradas en el desempeño de la compleja misión encomendada, ha sido bien resaltada en las palabras del Rector Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores, CRUCH: “Hemos expresado nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento al esmero, al compromiso, a la diligencia que nosotros hemos apreciado en el desempeño de sus funciones, y hemos dicho que públicamente expresamos esa solidaridad y ese reconocimiento porque, desde luego, como sus colegas podemos dar testimonio de ese desempeño”.
A todo ello se suma que la Dra. Roxana Pey es la primera mujer en la historia del país en asumir el cargo de rectora de una universidad estatal y la única que lo ejerce actualmente en las universidades del CRUCH.
La Ministra de Educación pidió su renuncia haciendo caso omiso de tales méritos, con grave daño para la región puesto que pone en evidente riesgo el proyecto de la nueva universidad al menos en lo que respecta a la posibilidad de iniciar sus actividades el 2017. Mal utilizando la atribución transitoria de la Presidenta de removerla mediante decreto, que vence el 6 de agosto próximo al promulgarse los estatutos de la nueva universidad, pero exige “razones fundadas”, concepto jurídico preciso que excluye la “falta de alineamiento” esgrimida como motivo. Sin considerar las evidentes implicancias en relación a la autonomía de las Universidades. Por las mismas razones y con el apoyo unánime de los rectores del CRUCH, la Rectora Pey se negó a renunciar.
Resulta evidente que una decisión de tanta trascendencia y potenciales consecuencias negativas como las que ha ocasionado, no fue originada a petición de la región como se ha esgrimido. Asimismo, excede con mucho los bien estrechos límites en que desenvuelve el desempeño de la actual Ministra de Educación al interior del gobierno. Tampoco proviene de la Presidenta, quien en una visita a la región hace pocos días la había felicitado en forma pública y calurosa por su gestión y le había concedido una audiencia que debía celebrarse tres días después de la petición de renuncia, para conocer de primera mano y resolver algunos problemas pendientes, especialmente la entrega de los recursos consignados en la ley que creó la universidad y que Hacienda ha venido reteniendo hasta ahora.
La responsabilidad de esta medida recae principalmente en el Ministro Secretario General de la Presidencia, quien al asumir este cargo, además de los que son propios de su cartera, se arrogó en los hechos la función de supervisar los ministerios de Hacienda y Educación, que a propuesta suya se encomendaron a personas de su entera confianza, de su mismo partido y muy bajo perfil político y profesional. No bien asumido, dejó en claro cómo entendía su nueva misión en una larga entrevista: frenar el ímpetu reformista del gobierno en lo que entonces se denominó “realismo sin renuncia”. A eso se ha dedicado efectivamente, secundado por los ministros señalados y apoyado con entusiasmo desmedido y bastante torpeza por el Ministro del Interior que asumió en ese mismo momento, quien felizmente a poco andar tuvo que dejar el cargo.
El Ministro, secundado por sus subordinados de Hacienda y Educación, tendrá que responder ante la Presidenta por el enorme desatino de esta medida. Asimismo, será mal evaluado por la inexperta e irresponsable política que ha impulsado, de pretender frenar las reformas comprometidas en medio de una ola inmensa y en alza, de indignación y agitación ciudadana y crisis profunda del sistema político. Como se sabe, estas circunstancias exigen hacer exactamente lo contrario, puesto que aquellas se originan y agudizan precisamente por la incapacidad de éste de realizar reformas largamente postergadas, cuya necesidad es más que evidente y que la ciudadanía demanda cada vez con más fuerza, para lo cual es indispensable superar la resistencia de los intereses privados que se oponen a ellas.
Todo lo anterior son errores garrafales, pero corresponden a posiciones y responsabilidades políticas. El continuado ascenso de la agitación ciudadana, que a su vez se acelera notablemente por estas políticas equivocadas como se demuestra en el caso de la Rectora Pey, a poco andar dará cuenta de las mismas. Sin embargo, lo que resulta impresentable y probablemente ilegal, es la promiscuidad descarada que los ministros referidos han instalado en las más altas esferas de gobierno, con los intereses privados que se oponen a las reformas.
Recientemente, por ejemplo, el Ministro de Hacienda, acompañado de su par de Educación y el mentor de ambos, el Secretario General de la Presidencia, presentó una estimación de los recursos adicionales requeridos para otorgar gratuidad universal, en la cual omitió los desembolsos que hoy destina al mal llamado Crédito con Aval del Estado, CAE. Éste es en realidad un crédito con dinero y aval del Estado y representa de lejos la principal partida del presupuesto de educación: 635 mil millones de pesos el 2016, que equivalen a mil millones de dólares, que Hacienda registra como “inversión” pero la Contraloría General de la República consigna debidamente como gasto.
Debido a esta intencionada omisión, el Ministro sobreestimó precisamente en ese monto los recursos adicionales requeridos para la gratuidad total y los plazos respectivos se extendieron a un futuro lejano e indefinido. Aparte de ello, se ocultó a los parlamentarios y la opinión pública el hecho esencial que al redestinar el desembolso en CAE a gratuidad, los recursos actuales permiten extenderla hoy al 52 por ciento del estudiantado, beneficiando a más de 600 mil familias.
El deliberado ocultamiento de esta partida en las proyecciones del Ministro se aviene a sus propósitos de frenar la reforma so pretexto de la falta de recursos. En efecto, el proyecto mantiene el CAE “por muchos años más” como ha dicho la Ministra o “para toda la vida” como ha corregido su mentor. Se conserva así el principal instrumento de la política actual, al que se destina la mayor parte de los recursos del presupuesto respectivo, que consiste en entregar recursos públicos por el mecanismo de “subsidio a la demanda” a instituciones privadas que los reciben mediante una supuesta compraventa con sus estudiantes, de la cual no deben rendir cuentas a nadie. La conservación de este mecanismo es por cierto la principal demanda de las empresas privadas de educación, que reciben el 90 por ciento del mismo.
Esto lo saben perfectamente los ministros referidos, puesto que la principal institución receptora de estos recursos, que se embolsa alrededor de 200 de los mil millones de dólares que desembolsa anualmente el fisco en CAE y que Hacienda ocultó, está dirigida por una correligionaria de los ministros aludidos. La misma institución, que pertenece a una trasnacional privada con fines de lucro explícitos y cuya calidad deja mucho que desear, cuenta entre sus autoridades con otros connotados miembros del mismo partido político, recibiendo todos remuneraciones obscenas que se financian principalmente con dineros del CAE.
En otras palabras, los tres ministros aludidos se confabulan para ocultar al parlamento y la opinión pública nada menos que mil millones de dólares que están desembolsando anualmente en CAE, el que por otra parte proponen mantener “para toda a vida” en el proyecto de reforma, a sabiendas que buena parte del mismo se lo está embolsando una institución de dudosa reputación, dirigido por una correligionaria. Ésta a su vez ocupó altos cargos en el Ministerio de Educación en gobiernos pasados y se pasea hoy por sus dependencias como Pedro por su casa. Son amigos íntimos además en la vida privada.
Esta connivencia promiscua de autoridades gubernamentales con correligionarios y amigos íntimos que ocupan altos cargos ejecutivos en empresas privadas que se benefician de las políticas y dineros públicos controlados por los primeros, no es exclusiva del partido político al que pertenecen estos sujetos. El rector de otra de las instituciones que se embolsa alrededor de 60 de los mil millones de dólares del CAE, es asimismo un ex ministro y correligionario del senador que es el más estridente defensor del “subsidio a la demanda”, ambos pertenecen a otro de los partidos de gobierno, donde militan también varios connotados propietarios de empresas educacionales.
Tampoco es una práctica que se remita a la educación. De hecho, las expresiones más escandalosas de esta promiscuidad es la que se verifica con las grandes mineras y las AFP, una de las cuales es dirigida por el último de los rectores aludidos, que tienen como práctica habitual el contratar en altos cargos a exautoridades gubernamentales y correligionarios de las autoridades en ejercicio.
La práctica es probablemente ilegal en la mayoría de los casos, puesto que al ser contratados estos personajes como empleados de las empresas respectivas, no se atienen a la ley de lobby ni perciben sus remuneraciones abiertamente por este tipo de servicios, que son los que evidentemente prestan a sus empleadores, sino supuestamente por sus habilidades “ejecutivas”.
Este promiscuo grupo de correligionarios es el que al más alto nivel ministerial decidió la remoción de la Rectora Pey, quien desde ese cargo había adquirido demasiada influencia entre los rectores, académicos y el movimiento ciudadano en general, que impulsa el término de la educación de mercado que es la causante de la crisis.
Los gigantescos “subsidios a la demanda” educacional que se genera principalmente de ese modo deben terminar de inmediato. El Estado debe establecer ahora mismo un nuevo trato con todos los actores de la educación debidamente acreditados y que libremente decidan incorporarse al mismo como han hecho otros, pero bajo las nuevas condiciones: el dinero público se entregará en lo sucesivo sólo mediante el esquema de gratuidad, trato directo de la instituciones con el Estado bajo nuevas reglas de no lucro, calidad, no discriminación y participación, entre otras.
Antes que todo ello, resulta indispensable terminar de inmediato con esta impresentable promiscuidad entre los autoridades y sus correligionarios que trabajan en empresas privadas afectadas por sus decisiones. La indignación ciudadana se los hará ver con toda claridad.
Por Manuel Riesco
Santiago de Chile, 2 de agosto 2016
Crónica Digital
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