egisladores deberán resolver si se permite a la minería seguir usando los recursos hídricos, solo informando y sin solicitar autorización, como sí es la obligación de otros sectores productivos.
Dos figuras fundamentales para avanzar hacia un estatus de bienes públicos en el acceso y la gestión de las aguas se votarán este martes 13 de junio en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, que integran Adriana Muñoz (PPD, quien la preside), Francisco Charran (RN), Víctor Pérez (UDI), Isabel Allende (PS) y Jorge Pizarro (DC).
Esto, luego que durante la última sesión se confirmara la extinción de los derechos de agua en caso de que sus tenedores no los utilicen por un tiempo determinado. Una variación a lo aprobado por la Cámara de Diputados lo introdujo vía indicación el Ejecutivo, que en respuesta al lobby empresarial amplió el período para aplicar la causal de cuatro a cinco años para los consuntivos y de ocho a diez para los no consuntivos.
En la votación de mañana se abordará el artículo 6º, que instaura la temporalidad de los nuevos derechos de agua y pone fin al otorgamiento a perpetuidad instituido por el Código de Aguas de 1981. De avanzarse en este articulado las autorizaciones que otorgue la autoridad serán, en la práctica, concesiones de 30 años con posibilidad de prórroga.
El carácter indefinido sí se mantendría para los derechos ya otorgados, por poseer estos protección constitucional bajo el artículo 19 Nº 24. Si el Estado quisiera recuperarlos tendría que proceder a su expropiación (con el consiguiente pago), aunque estos fueron otorgados a los particulares gratuitamente. La temporalidad debía resolverse en la sesión del 6 de junio, pero fue postergada a solicitud de los senadores Chahuan e Iván Moreira (en reemplazo de Víctor Pérez), quienes anunciaron reserva de constitucionalidad por afectarse, según ellos, el sentido de propiedad de las aguas.
Otro de los temas a abordar será el de las “aguas del minero”, uno de los más críticos de la reforma. El término del principal privilegio de este sector sobre los recursos hídricos, conocido también como “aguas halladas”, ha sido defendido por el Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Minería. Este les permite usar las aguas sin la obligación de informar ni solicitar autorización a la Dirección General de Aguas (DGA), en el área de sus exploraciones y faenas, lo que sí se exige a todos los otros sectores productivos.
Se trata del artículo 56 del Código de Aguas, que durante su discusión en la Cámara de Diputados fue motivo de controversia producto del apoyo que entregara el diputado Jorge Insunza (PPD), junto a la derecha, a la mantención de dicha prerrogativa de las mineras.
Aunque el tema fue posteriormente revertido por los propios diputados, en términos de establecer la obligación de informar sobre las “aguas halladas” y de solicitar autorización en caso de utilizarlas (pudiendo la DGA negar el permiso cuando se pusiera en peligro la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros), el comportamiento del ex legislador fue cuestionado por apoyar iniciativas legales pro minería durante su participación en la respectiva comisión, mientras en paralelo vendía informes a Antofagasta Minerals, de Andrónico Luksic.
Hoy el Ejecutivo, mediante una indicación, busca eliminar la obligación de las mineras de solicitar la autorización para el uso de estos recursos hídricos.
La sesión será transmitida en vivo desde las 10:30 horas por www.tv.senado.cl
Santiago de Chile, 12 de junio 2017
Crónica Digital
