El especialista en políticas públicas y profesor de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, afirma que dividir el Servicio Nacional de Menores en dos instituciones -una para niños vulnerados y otra, para quienes han cometido delitos- equivaldría a destinar un fondo mayor a los más de 800 mil millones que costó la creación del Ministerio Público y la implementación de toda la Reforma Procesal Penal. Esto, debido a la gran cantidad de centros que contempla el servicio.
De acuerdo a una minuta, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó que casi un 49% de los menores del Sename, entrevistados por el INDH, denunciaron una vulneración grave de sus derechos, como maltrato físico, mental o psicológico, y explotación sexual. Las cifras se suman a los múltiples cuestionamientos que ha enfrentado el Servicio Nacional de Menores, luego de que la Cámara de Diputados rechazara la semana pasada el informe de la comisión investigadora en el Parlamento. No obstante, la Presidenta Michelle Bachelet ha sostenido distintos encuentros con autoridades para abordar la problemática.
Para el experto en políticas públicas, prevención del delito y profesor de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, la crisis del Sename se sabe desde hace al menos quince años, e indica que existe consenso en que una de las principales soluciones radica en dividir el servicio, instaurando una institución para quienes son vulnerados en sus derechos y otro para quienes cometen delitos, tal como señala uno de los proyectos de ley enviados por el Gobierno al Congreso.
Sin embargo, asegura que una de las principales complicaciones en la tramitación de la iniciativa es la gran cantidad de recursos que consideraría una reforma de esta envergadura. “El mundo político y el Gobierno no confiesan con claridad que este proyecto requiere un insumo de recursos muy superior al existente para el Sename. Hay una causa no confesada que ha entrampado su avance”, sostiene.
Para el especialista, los recursos necesarios para dividir el servicio pueden alcanzar un costo superior a la creación del Ministerio Público y la implementación de toda la Reforma al Sistema Procesal Penal. Es decir, más de 800 mil millones de pesos, según detalla el profesor Araya.
Otros impedimentos
Sin embargo, el especialista reconoce que existen otros elementos que también han provocado que la solución para los niños del Sename se postergue. Uno de ellos, tiene que ver con los intereses gremiales de sus funcionarios, quienes ejercen presión para defender su trabajo e ingresos, lo que, a su juicio, “choca con la necesidad de profesionalizar el servicio y renovar el personal”.
Por otra parte, está la presión de movimientos sociales que ha hecho que la administración política termine priorizando otros temas, como educación y salud, que dan más réditos electorales, porque son problemáticas que afectan a una mayor proporción de la población. “Es duro decirlo, pero lo del Sename solo afecta a esos menores y a sus familias”, lamenta.
Finalmente, califica los intentos de acusación a la ex ministra Javiera Blanco por los problemas del Servicio Nacional de Menores como una “ridiculez” ya que, a su juicio, lo único que lograría esto es reducir la situación a una discusión político electoral.
“Todo el mundo sabe, desde hace 15 años, que el Sename necesitaba una gran reforma. ¿Por qué se postergó la solución? Porque se optó por avanzar en pequeñas mejoras, pequeños aumentos, y siempre había otros temas que presionaban más la agenda política”, concluye.
Santiago de Chile, 14 de julio 2017
Crónica Digital / usach.cl
