Manuel Aguilante, dirigente PRAIS de Punta Arenas, envió carta a los diputados y senadores de Magallanes, Morano y Boric, y Bianchi y Goic, en relación al bono reparatorio recientemente acordado en Mesa de Trabajo del gobierno con algunas organizaciones de ex-presos políticos. El dirigente espera que su iniciativa sea emulada por todos los que puedan hacer llegar su voz a sus representantes en la Cámara y el Senado en todo el país.
El recién pasado 30 de enero, como parte del cierre de la Mesa de Trabajo mantenida por el gobierno y algunas organizaciones de ex presos políticos, el gobierno, encabezado por el Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy y la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, se comprometieron a “ingresar un proyecto de ley que tiene por objeto otorgar un aporte único destinado a reparar pecuniariamente el daño causado a las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares, ante las violaciones a sus derechos humanos durante el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Este aporte de carácter reparatorio será de $3.000.000 y se pagará en cuotas anuales, durante 2 o 3 años, según la edad de los titulares.”
Como la ha hecho anteriormente el gobierno, discrimina a las viudas de los ex presos políticos, asignándoles solamente el 60% del aporte. Más aun, no menciona y deja fuera, como también lo ha hecho en otras oportunidades a los viudos de compañeras ex presas políticas.
Este proyecto llegará, de acuerdo a lo comprometido por el gobierno, al parlamento seguramente después del receso. Es por eso, que con la mayor urgencia le pedimos que por favor introduzcan las siguientes enmiendas al proyecto:
1. Que el bono reparatorio sea pagado en su totalidad de una sola vez a todos los beneficiarios calificados.
2. Que el bono reparatorio no discrimine al 60% a las viudas de los titulares, sino que se page al 100%.
3. Que el bono incluya lenguaje específico para no dejar fuera por discriminación de género a los viudos de compañeras ex presas políticas.
4. Que el ejecutivo establezca el trámite con el carácter de discusión inmediata.
Hágase notar también, que este bono en ningún momento puede ser considerado como reparación final al daño causado a chilenos y chilenas y extranjeros que fueron reprimidos brutalmente por la dictadura cívico militar y que el estado de Chile no cumple con esto con los compromisos internacionales contraídos por una reparación justa y digna.
Santiago de Chile, 20 de febrero 2018
Crónica Digital
