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Alejandro Navarro manifestó que “no se logra entender por qué la administración de Sebastián Piñera decidió retirar los Planes de Descontaminación para Concepción y Los Ángeles, pese a estar en el último trámite en Contraloría”.
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“Ya que ambos proyectos beneficiarían a cerca de 1.300.000 personas”, prosiguió, “pero aunque se reingresen en abril, ya no será posible aplicarlos durante este año”.
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“Aquí claramente hay un lobby tremendo de Asipes, pues todo el resto del sector empresarial del Gran Concepción apoyó el Plan de Descontaminación”, acusó.
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Parlamentario solicitó una reunión con la Ministra del Medio Ambiente con carácter de urgente.
“Tenemos claro que la ciudadanía es la gran perjudicada con el retraso del Plan de Descontaminación. Lo que queremos saber, es quien se beneficia con esta polémica medida”, señaló el senador Alejandro Navarro ante el retiro de los Planes de Descontaminación para Los Ángeles y Concepción de Contraloría, pese a estar en el último trámite previo a su aprobación.
El parlamentario por la Región del Biobío recordó que, “en el caso de Los Ángeles, se obtuvo la Declaración de Zona Saturada por Material Particulado en el año 2013, es decir, durante el primer gobierno de Piñera”.
“Y luego de sociabilizarse con la comunidad, el Plan de Descontaminación fue anunciado el 2017, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, encontrándose en su última etapa en Contraloría, cuando fue retirado por el nuevo gobierno, solo hace unos días”, recordó.
De acuerdo a Navarro, “en el caso del Gran Concepción, la historia es similar: 12 años de esfuerzos para que en diciembre del 2017 se anunciase finalmente el Plan de Descontaminación Atmosférica por material particulado fino (MP2,5), para las 10 comunas de la zona, Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Coronel, Lota, Hualpén, Penco, Tomé y Hualqui”.
“Pero también fue retirado de Contraloría hace unos días, lo que sin duda levanta sospechas, pues aunque las autoridades de Gobierno han dicho que se reingresarán en las próximas semanas, no habrá tiempo suficiente para aplicarlos durante el presente año”, refutó.
El presidente de las Comisiones de Transportes y de Vivienda del Senado, arguyó que, “tengo ánimo de cooperar al éxito de este Gobierno en todo lo que beneficie a los chilenos y chilenas, pero aquí hay claramente una acción de retroexcavadora, de Arma de Destrucción Masiva de lo hecho durante el Gobierno de Bachelet, pues se toma una medida que va en desmedro de más de un millón de habitantes, quedando la pregunta abierta, “¿y quien se beneficia?”.
“Ya que en Los Ángeles”, continuó, “la comunidad completa, incluyendo a empresas como Iansa o Conservas Perelló, han invertido para adelantarse a los cambios del Plan de Descontaminación. Y en Concepción la mayoría del sector industrial dio su aprobación también, con industrias como Huachipato o Corma apoyando las medidas”.
“Pero existe un poderoso sector que desde el inicio se opuso al Plan de Descontaminación para el Gran Concepción: la Asociación de Industriales Pesqueros, Asipes, lo que hace levantar muchas sospechas, dada su relación con el financiamiento a la política”, manifestó.
Para Navarro, “en el Gran Concepción las empresas son responsables del 34% de la contaminación, pero el Plan les obligará a tener sistemas de compensación de emisiones, así como metas de emisión de material particulado y normas de emisión de material particulado y de gases precursores de MP2,5”.
“Por ello, la mayor sospecha respecto al retiro del Plan, que significará un año de retraso en su aplicación, cae primeramente sobre el Arma de Destrucción Masiva que este gobierno está llevando a cabo respecto a lo hecho durante la administración de Bachelet, y en segundo lugar, al lobby feroz de un sector empresarial íntimamente ligado al financiamiento irregular de la política”, aseguró.
Alejandro Navarro finalizó anunciando que, “es por ello que he solicitado una reunión con carácter de urgente a la Ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, a fin de que nos informe el por qué de la polémica medida, que claramente no beneficiará al más de millón de personas que cada invierno sufren con las enfermedades broncopulmonares producto de la contaminación”.
“Pues la pregunta que aquí aplica es: ¿quien se beneficia entonces con este retraso?”, sentenció el senador por la Región de Biobío.
Santiago de Chile, 10 de abril 2018
Crónica Digital
