¿Ha escuchado decir una sola palabra sobre Murtaja Qureiris al Gobierno de Chile o a sus partidarios de la derecha? Se trata de un joven de Arabia Saudita, prisionero desde los 13 años por “delitos” cometidos cuando tenía diez, que arriesgaba que se le aplicara la pena de muerte por crucifixión, con desmembramiento después de la ejecución, o por decapitación.
Al parecer, según informó CNN en las últimas horas, habría obtenido una “benévola” sentencia de doce años de prisión.
Se trata de un caso brutal de violación a los derechos humanos, por lo que resulta muy extraño el silencio de un Gobierno que asegura estar tan profunda y dramáticamente preocupado de la situación de derechos humanos en otras latitudes del mundo.
Los cargos en su contra se relacionan con su participación en protestas en contra del régimen saudí e incluyen ser miembro de una organización terrorista. La oficina pública del fiscal saudita acusó a Murtaja en agosto de 2018 y recomendó que fuera ejecutado.
Había sido detenido en septiembre de 2014. CNN publicó videos de Murtaja liderando un grupo de unos 30 niños en una protesta en bicicleta en 2011. En ese momento tenía 10 años. Las imágenes muestran al niño con un megáfono con el que gritaba: “El pueblo exige derechos humanos”.
El contexto eran los levantamientos de la “primavera árabe” en Medio Oriente y el norte de África, y las protestas llegaron hasta las provincias orientales de Arabia Saudita.
Su hermano mayor, Ali Qureiris, fue asesinado mientras participaba en una protesta el 2012. Durante el funeral, según las autoridades, los asistentes recitaron “consignas antigubernamentales”. La presencia del menor es uno de los cuatro cargos a los que se debió enfrentar el joven.
Tres años después, en 2014, fue arrestado cuando viajaba con su familia al país vecino de Baréin. Estuvo encarcelado por tres años, sin cargos, primero en una celda bajo total aislamiento, antes de ser forzado a confesar. En 2017 fue conducido hasta un centro penitenciario de adultos. Las autoridades no le permitieron contactar con un abogado hasta la primera vista de su juicio, celebrada en agosto del año pasado ante una corte especializada en delitos de “terrorismo”.
En noviembre de 2016, el Grupo de Trabajo de la ONU declaró creer que el menor había sido torturado y que sus confesiones «habían sido extraídas». Además, este grupo mantuvo que el arresto de Murtaja fue «arbitrario» y viola las normas internacionales.
Al menos otros tres jóvenes, Ali al–Nimr, Dawood al–Marhoon y Abdulla al–Zaher, que también eran menores al momento de los delitos que se les imputa, fueron sentenciados a muerte y esperan su ejecución, de acuerdo con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La agencia de noticias estatal saudita informó en abril pasado la ejecución masiva de 37 hombres, por “adoptar el extremismo, ideologías terroristas y formar células terroristas para corromper y subvertir la seguridad, difundir el caos y provocar discordia sectaria”. Entre los seres humanos a los que se arrancó la vida, se encontraban tres personas que fueron detenidos cuando eran menores de edad.
Fue la masacre más grande desde enero de 2016, cuando Arabia Saudita ejecutó a 47 hombres por supuestos delitos de terrorismo, que incluyeron a un clérigo shiíta, Sheikh Nimr al–Nimr.
Arabia Saudita ejecutó a 139 personas en 2018, según el Informe Mundial de Human Rights Watch, que controla los abusos internacionalmente. En los primeros cinco meses de 2019, según Amnistía Internacional, las autoridades sauditas han ejecutado al menos a 110 personas.
Se trata de hechos que se suman al asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul, respecto del cual se ha informado que fue torturado y asesinado por degollamiento, y luego su cuerpo fue descuartizado con una motosierra.
“No debería caber duda de que las autoridades de Arabia Saudita están listas para llegar a cualquier extremo contra sus propios ciudadanos con el fin de quebrar el disenso, y esto incluye recurrir a la pena de muerte para personas que simplemente eran niños al momento de ser arrestados”, dijo Lynn Maalouf, directora de investigación sobre Medio Oriente de Amnistía Internacional.
¿Y el Gobierno de Piñera no ha dicho nada sobre Arabia Saudita?
A comienzos de febrero pasado en “La Tercera” se informó que el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, “se había reunido con su par de ese país (Arabia Saudita), Mohammed Al–Jadaan, durante el Foro Económico Mundial, realizado en Davos”, con el propósito de “aumentar el intercambio comercial entre Chile y Arabia Saudita”… Agregaba la nota: “En la instancia, ambos ministros coincidieron en que los actuales US$ 106 millones que exporta Chile a Arabia Saudita podrían incrementarse rápidamente”.
Ello ocurrió apenas un par de semanas antes de que Piñera partiera a Cúcuta, a colaborar con el intento de derrocar el Gobierno de Venezuela. Por cierto, todo ello en nombre de los derechos humanos.
Por Víctor Osorio. El autor es periodista.
Santiago, 18 de junio 2019.
Crónica Digital.
