Cinco partidos de oposición chilenos presentaron un Acuerdo Soberano, encaminado a abordar las demandas de paz con justicia social e impulsar el proceso democrático a partir de los reclamos planteados por el movimiento popular.
Este plantea siete puntos que incluyen un compromiso por la verdad y justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos durante las semanas de protesta social y la reparación a todas las víctimas, así como establecer un salario mínimo líquido de 510 mil pesos chilenos (más de 637 dólares) para trabajadores públicos y privados.
También, reclama pensión mínima equivalente al salario mínimo, eliminación de las empresas aseguradoras de fondos de pensiones (AFP) y sustituirlas por un nuevo sistema de pensiones solidario, así como la de los creÌüditos que arrastran los estudiantes para la Educación Superior.
Otros puntos son la implantación de una Ley de rentas regionales que asegure los recursos para el desarrollo local y regional y una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente.
Sobre este último punto, el Acuerdo Soberano plantea que en el plebiscito anunciado para abril del 2020, se considere entre las opciones de mecanismo para redactar la nueva carta fundamental, la de Asamblea Constituyente Soberana.
Propone el voto obligatorio a partir de los 16 años en todo el proceso constituyente, inluyendo el plebiscito de entrada, la elección de miembros constituyentes y el plebiscito ratificatorio de la Nueva Constitución.
El texto firmado por los partidos Progresista, Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Humanista y Partido Igualdad reclama además el voto voluntario para jóvenes entre los 14 y 16 años, en todo el proceso constituyente.
Propone que la fase deliberativa previa tenga una amplia participacioÌün ciudadana en cabildos locales, que puede ser organizado por las Universidades Chilenas, y en el cuál se prepare un proyecto de Constitución.
Asimismo los firmantes se pronuncian por la conformación de una comisión política-social-académica, que proponga un sistema electoral propio para la elección de los delegados constituyentes, que asegure representatividad, proporcionalidad e igualdad en la competencia, y que asegure paridad entre hombres y mujeres en la Asamblea Constituyente.
Asimismo esa comisión deberá asegurar cupos para pueblos originarios electos con padrón propio y también garantizar cupos por grupos etarios.
Según el Acuerdo, la Asamblea Constituyente, como ente soberano, tendrá la posibilidad de definir sus propios quórums para adoptar sus acuerdos, aunque sin bajar de los tres quintos para la adopción de acuerdos, y en los asuntos en que no se logre tal respaldo pero hayan alcanzado mayoría absoluta calificada, sean decididos por la ciudadanía en el plebiscito de salida.
También plantea que se debe garantizar el derecho a voto de los chilenos en el exterior, que puedan ser candidatos a constituyentes dirigentes sociales y sindicales, que se establezca al menos tres años de la inhabilidad para postular a cargos de representación popular, a quienes participen como delegados de la Asamblea Constituyente.
Los partidos firmantes invitaron asimismo a organizaciones sociales y fuerzas políticas a rubricar este acuerdo en el cual consideran que la movilización social sin precedentes ha hecho posible que grandes reivindicaciones ocupen hoy el centro de la agenda nacional con el respaldo de la mayoría de los chilenos.
Consideran como un gran hecho histórico que abre las posibilidades de cambios profundos en el país, las movilizaciones y luchas de millones de personas que «han abierto un cauce inédito en décadas».
Asimismo advierten que «nadie puede arrogarse la propiedad de estas movilizaciones democráticas», y señalan que «toda respuesta a la crisis política que vivimos no puede replicar las mismas prácticas que han sostenido el modelo en crisis, ni obviar las principales demandas de cambio que la sociedad clama».
Santiago de Chile, 25 de noviembre 2019
Crónica Digital /PL
