La semana pasada el Congreso rechazó un proyecto para conmutar penas de cárcel por prisión domiciliaria, a presos de la tercera edad y mujeres con hijos pequeños o embarazadas, entre otros, para reducir el hacinamiento en las cárceles y frenar la expansión de la Covid-19 en esos recintos, al brindar ese beneficio a más de mil 300 reclusos.
La propuesta fracasó porque legisladores de derecha pretendían que fueran beneficiados también los reclusos de la cárcel de Punta Peuco, que cumplen penas por crímenes durante la dictadura (1973-1990) y al no conseguirlo votaron en contra por considerarla ‘discriminatoria’.
Ante esa situación, el presidente Sebastián Piñera anunció que enviará esta semana al Congreso un ‘veto aditivo’ para poder sacar adelante la iniciativa, pero también pondrá máxima urgencia a un proyecto de ‘ley humanitaria’, presentado en 2018, para que mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena, estén en riesgo inminente de muerte o sufran de invalidez total, puedan solicitar el beneficio conmutativo.
Consultado sobre si esta ley incluiría a presos por violaciones a los Derechos Humanos, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que en ésta ‘no se excluyen a las personas por haber cometido un delito determinado’, lo que para muchos es un espaldarazo a los presos por crímenes de la dictadura.
Este domingo el mandatario se pronunció claramente por brindar ese beneficio ‘no solamente de Punta Peuco sino de todas las cárceles de Chile’, y apeló al argumento humanitario de que todas las personas ‘deben morir con dignidad’.
Pero sus palabras de inmediato fueron respondidas y la senadora demócrata cristiana Yasna Provoste señaló que ‘junto a la memoria de tantos que han quedado en el camino, con firmeza rechacemos cualquier intento de que exista indulto para los violadores de derechos humanos en nuestro país’.
En tanto, desde la Secretaría Nacional de Derechos Humanos del Partido por la Democracia calificaron de graves las palabras de Piñera, por insistir en la impunidad de ‘quienes no tuvieron clemencia con miles de chilenos y chilenas durante la dictadura’.
Incluso, el Partido Progresista (PRO) por su parte, denunció en un comunicado que ‘se está en presencia de una maniobra del Gobierno y parlamentarios de Chile Vamos destinada a beneficiar con impunidad a violadores de los derechos humanos’.
Víctor Osorio, vicepresidente del PRO, recordó que los pactos y tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile en materia de derechos humanos son categóricos al plantear que esos delitos son imprescriptibles, no amnistiables y no indultables.
Asimismo advirtió que si es necesario, ese partido recurrirá a organismos internacionales de derechos humanos para declarar de nulidad absoluta la ley humanitaria si se aprueba.
Santiago de Chile, 6 de abril 2020
Crónica Digital/PL
