La universalización de la educación fue un sueño materializado por el expresidente Evo Morales (2006-2019) en Bolivia y ahora, mediante un decreto supremo aprobado por el gobierno de facto, no beneficiará a toda la población.
Para Luis Alberto Callapino López, profesor en Políticas de Formación Docente, es evidente la falta de coordinación del Ministerio de Educación con sus diferentes instancias para producir textos y materiales audiovisuales con vistas a la distribución, teniendo en cuenta las limitaciones tecnológicas y de acceso a internet en algunos lugares.
Callapino López, citado por la versión digital del diario La Razón, comentó que según lo establecido en el artículo ocho de la cuestionada normativa, los estudiantes tendrán que seguir esperando por el resultado de la obra intelectual de maestros e incluso de sus mismos compañeros.
Lamentó que la plataforma educativa para la educación virtual entre sus exigencias mínimas requiera de un servidor, software de gestión académica, foro de educación, entre otras, que en la actual crisis económica que presenta el país es difícil de implementar.
Señaló el académico cómo la cartera de Estado deslinda toda responsabilidad de garantizar el acceso a la educación de calidad e igualdad de oportunidades, y deja esa decisión a las autoridades departamentales y distritales del sector, así como a las gobernaciones y alcaldías.
Asimismo, destacó la falta de un marco jurídico para respaldar las evaluaciones de los maestros en la modalidad a distancia y la rigidez en la superación profesional, donde sólo es válida la capacitación promovida y autorizada por el Ministerio de Educación.
Por otra parte, el descontento del magisterio en ciudades y zonas rurales fue evidente el pasado 16 de julio cuando el titular del sector del régimen de facto, Víctor Hugo Cárdenas, al presentar fragmentos en video de las reuniones, las intervenciones, sólo se enmarcó en pedir su renuncia.
Dos días antes, cientos de bolivianos en la ciudad de El Alto (La Paz) y en otros departamentos marcharon en contra del decreto supremo y de otras políticas gubernamentales que afectan a la salud y la estabilidad laboral durante la pandemia.
Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, rechazó la normativa porque requiere de inversiones como la instalación de una fibra óptica que familias de bajos recursos no podrán costear.
‘No estamos en condiciones. Hoy tenemos un problema económico, y ese problema económico dentro de la cadena productiva ya ha afectado a muchos sectores a nivel nacional desde obreros, los trabajadores informales. Merman los ingresos en varios sectores’, declaró Huarachi a medios de prensa locales.
Mientras tanto, la pobreza extrema aumenta y, según pronósticos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 16,8 por ciento de 11,6 millones de habitantes será afectado.
EDUCACIÓN GRATUITA Y DE CALIDAD, DERECHO VULNERADO
La universalización de la educación constituía uno de los 13 pilares de la Agenda del Bicentenario (2025), programa político presentado por el Movimiento Al Socialismo, liderado por Evo Morales, para las elecciones del 20 de octubre de 2019 y por la que votó la mayoría de los bolivianos.
El presupuesto del Estado pasó de unos 500 millones de dólares en 2005, a alrededor de tres mil millones de dólares en 2018, según datos del Ministerio de Educación durante el gobierno del líder aymara.
Especialistas aseguraron que ese incremento de la inversión le permitió a la nación sudamericana posicionarse entre los primeros países de la región que más invierte en el tema educativo.
De acuerdo con un informe de la gestión gubernamental de los últimos 12 años, en 2017 el gasto ejecutado en ese sector alcanzó el nueve por ciento del Producto Interno Bruto, el segundo más alto en América Latina y el Caribe después de Cuba (12,8 por ciento).
Asimismo, la tasa de analfabetismo se redujo luego de la aplicación de los programas de alfabetización y postalfabetización. De 2009 a 2017, ambos proyectos beneficiaron a 126 mil 709 personas.
Por otra parte, hasta octubre pasado, un total de 19 mil adultos mayores de 60 años fueron beneficiados con esos programas educativos donde cumplían una doble función al ser estudiantes y a la vez convertirse en maestros porque con sus saberes y conocimientos abordaban temas de salud, medio ambiente y producción.
Sobresalía también que 430 niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad grave y muy grave eran atendidos por el programa gubernamental ‘Educación Socio-Comunitaria en Casa para Personas con Discapacidad’, integrado por profesores con computadora y material escolar.
Datos oficiales revelaron que esa iniciativa fue creada mediante el Decreto Supremo 2980, del 21 de septiembre de 2016, y entre las materias impartidas estaba lenguaje, matemáticas, historia y ciencias naturales.
En 2002 la matrícula de estudiantes con discapacidad en Bolivia era de cuatro mil 252 y, al cierre de 2018 esa cifra se incrementó a 22 mil 251, entre ellos 500 personas que recibían clases en sus viviendas.
Cada día le resulta más difícil al régimen de facto mantener esas cifras y, en medio de una crisis sanitaria, educar con calidad al ciento por ciento de la población, lo cual volverá a ser un sueño en Bolivia.
*Periodista de la Redacción Suramérica de Prensa Latina
La Habana, 27 de julio 2020
Crónica Digital/PL
